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VALENCIA. El próximo 3 de julio se cumplirán siete años de la mayor tragedia de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. Para hacerse una idea de lo que supone que 43 personas perdieran la vida en el accidente del metro de Valencia permítanme echar la vista atrás, a otra gran tragedia que conmocionó a la sociedad española, la pantanada de Tous. En aquella riada que anegó la comarca de La Ribera, destruyendo pueblos enteros, fallecieron diez personas. Sirva este dato, salvando las distancias entre ambos sucesos, sus causas y sus consecuencias materiales, para no perder la perspectiva de la gravedad de lo ocurrido aquella mañana de julio en los oscuros túneles de la línea 1 de Metrovalencia. 

Sin embargo, lejos de afrontar aquel trágico suceso con la responsabilidad que corresponde a un Gobierno, la Generalitat de Francisco Camps optó por una estrategia miserable tendente a tratar de tapar el agujero negro de una Valencia envuelta en fastos. La vida real, la que circulaba por el subsuelo de la ciudad, era un incordio, una molestia, una incomodidad.

Fue así como Camps y su entorno, en un ejercicio de indigencia moral, tejieron una estrategia para cercenar cualquier intento de investigar las causas del accidente más allá de echarle la culpa al conductor. El proceso judicial se cerró a una velocidad de vértigo, la comisión de investigación de Les Corts fue una parodia y, hoy se sabe, un teatro orquestado de mentiras y medias verdades, y el trato a las víctimas y a sus familiares, una ignominia.

Hace algo más de un año, en un blog colectivo en el que participaba ocasionalmente, La Paella Rusa, escribí una columna de opinión (bajo un viejo pseudónimo, como era y es norma en ese proyecto) en la que defendía que aquel fatídico 3 de julio de 2006, Camps abdicó de su obligación como presidente y menospreció a los ciudadanos a los que se debía. Perdonen la autocita pero creo que no sería capaz de volver escribir mejor lo que entonces dije:  

"Aquel 3 de julio de 2006 se citaron todos elementos que, aumentados, han desembocado en la dimisión de Camps: grandes eventos ligados al despilfarro, acuerdos opacos y sospechosos, ausencia de transparencia, dinero público sin control, corruptores y corruptos viviendo en harmonía, mentiras, silencios escandalosos, desprecios y criminalización de los que van contra su pensamiento único, alejamiento de los ciudadanos, connivencia con una farándula que busca de dinero fácil, dejación de funciones, negación a asumir responsabilidades trasladando las culpas a otros y un permanente intento por ocultar sus cada día mayores miserias". 

La reflexión venía a colación del anuncio que había hecho en esas fechas el nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que recibiría a las víctimas del metro. El vacío institucional al que les sometió Camps y los burdos intentos por criminalizar a la asociación que les representa -cuando alguien trata de restarle importancia a sus demandas de explicaciones asegurando que han cobrado indemnizaciones, "¡qué más quieren!", siento náuseas- merecía una reparación urgente por parte de cualquier gobierno.

Si el accidente había supuesto un punto de inflexión en el alejamiento de Camps de la realidad y su aislamiento de los problemas de los valencianos a los que debía administrar, para Fabra recibir a las víctimas, acabando con esa indecencia, debía ser el arranque de una nueva era, el punto de partida para visualizar una ruptura con la etapa anterior. 

Pero toda la esperanza que despertó en mi, y en muchos, la convocatoria de aquella reunión, se fue por un desagüe. Porque todo quedó en eso: en un gesto vacío de contenido. Fabra tenia ante sí la oportunidad de reparar una injusticia. Pudo prometer la reapertura de una investigación interna sobre el funcionamiento de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la que su predecesor tapó con mentiras y silencios. Y prometer que se asumirían responsabilidades políticas aunque fuera tarde.

Pero nada de eso ocurrió. Fabra optó por seguir aquel discurso ensayado por el que parece que el accidente fue inevitable. Como si el hecho de que 43 personas se maten yendo en un tren sea una desgracia, sí, pero es un riesgo que deben correr. Y no es que no haya nuevos elementos de juicio: informaciones periodísticas han revelado en los últimos meses como se montó aquellas farsa de la comisión de investigación de Les Corts. 

Los gobiernos se deben a sus ciudadanos. Y cuando ocurre una tragedia de estas características lo menos que se le puede decir a los afectados es que se investigará hasta el último detalle de las causas por las que un ser querido perdió su vida. Todo lo demás son excusas. Patéticas huidas como la que protagonizó en Salvados el actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, el hombre que ofrecía puestos de trabajo a cambio del silencio.

No sé si algún día algún Gobierno valenciano reparará esta ignominia. Pedirá perdón por el daño que han causado a las víctimas, tanto por no evitar las causas del accidente como por la manipulación posterior. Mientras tanto, los ciudadanos debemos estar al lado de los nuestros. ¿Y aún se preguntan porque cada vez son más los que gritan 'No nos representan?