Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA. Las demostraciones de fuerza ante la oposición, las exhibiciones de poderío frente al Consell liderado por su propio partido, las declaraciones explosivas ante cualquier asunto que incomodara su reinado. Todo ello había ido desinflándose en los últimos meses pero este viernes tocó definitivamente a su fin: Carlos Fabra se despedía de la vida pública dimitiendo de la presidencia de Aerocas tras la apertura del juicio oral contra él por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

La cualidad de hipnotizar -o ganarse a través de favores- a gran parte de la población le llevó a mantener la vara de mando durante 16 años en la Diputación de Castellón. Pese a que ya no ostentaba los cargos que le dieron fuerza, este viernes perdió el puesto posiblemente menos importante de los que ha ostentado pero el más simbólico: la presidencia del Aeropuerto de Castellón. Deja así sin cumplir su sueño de ocupar la sociedad promotora cuando la infraestructura se encontrara en pleno funcionamiento.

Pero el día fue muy largo para el PP. Minutos después de conocerse la noticia de la apertura del juicio, el vicepresidente del Consell, José Císcar, era preguntado por la situación de Carlos Fabra al frente del Aeropuerto de Castellón. "Podría revisarse", se limitó a afirmar el portavoz del Gobierno valenciano aunque, prudentemente, trató de ganar tiempo emplazando la respuesta a la próxima semana señalando que habría que estudiar el auto. Evidentemente, en la cúpula de Presidencia conocían de sobra el caso y lo que implicaba la apertura de un juicio oral que no tenía posibilidad de recurso. 

A medidodía, poco tiempo después, Carlos Fabra hacía honor a su personalidad política y no se mordía la lengua tras conocer la decisión del juez: "Ya era hora tras nueve años y medio de indefensión pública y teniendo que soportar insultos y mofas de gentuza". Además, también opinó sobre que la resolución incluyera la imputación del delito de cohecho y no se privó de aludir al juez instructor. "Era de esperar. Es una persona de ideas muy fijas desde el primer día", comentó.

También envió un recado al Gobierno valenciano tras ser preguntado por las palabras de Císcar sobre la revisión de su presencia en Aerocas tras la apertura del juicio oral. "Que hagan lo que crean conveniente. Es una cuestión que no depende de mí, sino de ellos", sentenció, dejando entrever que no tenía ninguna intención de dimitir.

Este desafío al Gobierno valenciano dejó a Alberto Fabra a las puertas de su primera destitución 'de verdad' o, al menos, la más difícil a la que había tenido que enfrentarse. Los teléfonos móviles del equipo de Alberto Fabra echaron humo a lo largo de la tarde. Si el jefe del Consell no convencía al histórico dirigente de que abandonara el cargo debería enfrentarse a la opción de tener que destituirlo.

Una decisión difícil -no solo en lo personal, dada la prolongada relación entre ambos protagonistas- sino también por el peso que siempre ha tenido Carlos Fabra en la provincia de Castellón, donde aún cuenta con la fidelidad de algunos alcaldes de la vieja guardia del PP. De hecho, desde el entorno del presidente de la Generalitat se ha buscado en los últimos tiempos ir heredando los apoyos que mantiene el expresidente de la Diputación para engordar la tropa de Alberto Fabra en la provincia.

La llamada del presidente surtió efecto y, pese a las incendiarias declaraciones que había realizado pocas horas antes, Carlos Fabra terminó por asumir el fin de su periplo al frente de Aerocas. Pasadas las siete y media de la tarde se hacía pública la dimisión "irrevocable" como presidente de Aerocas de Carlos Fabra. Su sustituto en el puesto será José Císcar, quien precisamente supervisa la comisión interdepartamental responsable de la venta de la infraestructura.

LOS PUNTOS NEGROS DE LA DOCTRINA FABRA EN LA LUCHA POR LA TRANSPARENCIA

La tolerancia cero contra la corrupción ha sido una de las banderas que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha tratado de ondear desde su llegada al poder a mediados de 2011. El jefe del Consell ha destituido durante la legislatura a diversos altos cargos del Gobierno valenciano que han sido imputados y, también en el PPCV, confeccionó una Ejecutiva sin dirigentes en esta situación.

Sin embargo, como ha informado este diario, el discurso unitario en materia de corrupción diseñado por Fabra se ha visto corrompido por diversos puntos negros: cargos que se encuentran imputados pero continúan en sus puestos, como por ejemplo la decena de diputados en esta condición, incluyendo a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

El Consell se ha enrocado en la defensa de que estos puestos están sujetos a un acta personal sobre la que el Gobierno valenciano carece de poder. Una estrategia discutible, sostenida por hilos demasiado finos, dado que no se ha adoptado ninguna decisión respecto a su militancia en el partido.

No obstante, la línea de actuación de Alberto Fabra en este punto se había visto agrietada por otros casos. El nombramiento a instancias de la propia Generalitat de José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, como presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante y, sobre todo, la presidencia de Carlos Fabra en Aerocas, imputado en diversos delitos y ahora con un juicio oral a la vista.

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial durante más de tres lustros, agotó su mandato en el partido pese a estar imputado. Ahora, nueve años, nueve jueces y cuatro fiscales después de que estallara el caso, el histórico barón del PP se sentará en el banquillo.