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VALENCIA. El pasado mes de diciembre el Tribunal Supremo revocaba la decisión de la Audiencia Nacional de Castellón de considerar prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaban al presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra.
Era el principio del fin. El barón provincial ha permanecido durante casi una década manteniéndose en el poder pese a los procesos judiciales abiertos contra él. Con su relevo en la Diputación de Castellón a través de Javier Moliner, se había apuntado al fin de ciclo de Carlos Fabra, quien había atravesado graves problemas de salud en 2010. 
A su regreso, no obstante, el todavía líder provincial del partido sacó arrestos para mostrar intención de continuar al frente del PP o, al menos, de generar dudas sobre una cuestión que él mismo había anunciado: su retirada de la primera línea.
La dimisión de Francisco Camps y la llegada al poder del hasta entonces alcalde de Castellón, Alberto Fabra, dejó más debilitado aún al barón, quien se vio arrinconado por el incremento de poder de Javier Moliner y el apoyo del actual presidente de la Generalitat al señalado como relevo de Carlos Fabra.
Moliner, según informan fuentes del partido, está avanzando posiciones y abordando reuniones en las comarcas para aprovecharse de la debilidad del actual presidente provincial, a raíz de la citada reapertura del Supremo.
PRESIDENTE DE LINAJE
Sin embargo, no siempre las cosas fueron así. Carlos Fabra, quien militó en UCD desde 1977 hasta el año 83, cuando pasó a Alianza Popular, ascendió rápidamente hasta lograr el acta de concejal del Ayuntamiento de Castellón en 1987. Ocho años después, en 1995, se convirtió en presidente de la Diputación, como ya lo había sido su padre, su abuelo y su bisabuelo.
A partir de entonces, el poder de Fabra sigue incrementándose hasta lograr un respaldo absoluto y sin fisuras en Castellón. Incluso el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, se codea con el barón provincial en sus veranos en Oropesa. Es la época dorada de Carlos Fabra, que hace y deshace a su antojo en su territorio, construyendo una red clientelar que condena a la oposición al más absoluto ostracismo: las victorias electorales del PP resultan aplastantes.
En 2003, el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, emigra al ministerio de Trabajo, dejando como sucesor a Francisco Camps. En la guerra entre ambos dirigentes, Carlos Fabra alcanza un pacto para apoyar al nuevo líder, que unido al respaldo de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y del sector democristiano encabezado por Juan Cotino, permite a Francisco Camps inclinar la balanza a su favor en detrimento del sector zaplanista.
A finales de ese mismo año, la Cadena Ser desvela que un empresario, Vicente Vilar, ha interpuesto dos querellas contra Carlos Fabra, acusándole de cobrar por la intermediación ante los ministerios de Aznar para sacar adelante los productos fitosanitarios que ambos fabricaban.
Poco después, el juzgado número 1 de Nules ordena la investigación por supuestos delitos contra la Administración Pública: cohecho, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias entre otros. No tardó en llegar la apertura de otra investigación penal por supuesto delito fiscal, coincidiendo con el fuerte incremento del patrimonio de Carlos Fabra.
Comienzan los años difíciles para el barón provincial quien, pese a las investigaciones abiertas, vuelve a salir victorioso en las elecciones de 2007 y es elegido para continuar como presidente de la Diputación y líder del Partido Popular. Mientras, se suceden los jueces para hacerse cargo del caso. Hasta nueve magistrados pasan por el juzgado de Nules, lo que propició una tremenda ralentización del caso.
En esos momentos, la Comunitat Valenciana vive un momento de efervescencia económica y Carlos Fabra, pese a los problemas con la justicia, sigue haciéndose valer ante Francisco Camps. Los grandes dirigentes nacionales, incluso el propio jefe del Consell, empiezan a ser reticentes a fotografiarse junto al barón castellonense, pero Fabra sigue ostentando el suficiente poder como para resultar un aliado necesario para Camps.
Muestra de ello son sus declaraciones públicas críticas con la Generalitat cuando no recibe el presupuesto deseado para algunas de sus obras y proyectos. También refleja su influencia logrando impulsar iniciativas como Mundo Ilusión o el Aeropuerto de Castellón -aunque con fallidos resultados- o, en el aspecto meramente político, deja su sello situando a piezas tan cercanas como su hija Andrea Fabra en el Senado y, después, en el Congreso de los Diputados.
En 2009, con el estallido del caso Gürtel, comienzan los problemas para Francisco Camps. El presidente provincial, de esta manera, recibe un balón de oxígeno al quedar salpicado el propio jefe del Consell por presunta corrupción. El caso Fabra pasa a segundo plano hasta que, en 2010, sus problemas de salud le obligan a pasar por el quirófano para someterse a un transplante de hígado.
A finales de ese año, una vez recuperado, Carlos Fabra recibe la grata noticia de que la Audiencia Provincial ha sobreseído cuatro de los delitos que se le imputaban por haber prescrito.
En 2011 Carlos Fabra cede el mando de la Diputación a Javier Moliner tras la nueva victoria electoral del PP. Sin embargo, no le gusta verse en segundo plano y coquetea con su continuidad al frente del partido pese haber anunciado su retirada de la primera línea política. 
Cuando llega la dimisión de Francisco Camps y la entrada de Alberto Fabra queda situado en una posición más debilitada de cara a una posible intención real de continuidad, aunque en la provincia consideran que se trata, simplemente, de una postura "de fuerza" para intentar dar una "buena salida" a los suyos. Su última pequeña victoria, consiste en elevar a Esther Pallardó, su compañera sentimental, a una vicepresidencia en la Diputación que lidera Javier Moliner.
En diciembre de 2011, la reapertura anunciada por el Tribunal Supremo precipita que el titular (el noveno magistrado del caso) del juzgado número 1 de Nules concluya la instrucción y, pocos días después, decrete la apertura del juicio oral. La fianza establecida por el juez es de 4,2 millones de euros para Carlos Fabra y de 1,7 millones para su mujer, también implicada en el proceso. Los peritos establecieron que los gastos sin justificar ascendían a 3,3 millones de euros y el fraude a Hacienda rondaría 1,5 millones.
Así, el otrora todopoderoso Carlos Fabra debe enfrentarse, ocho años después del inicio del caso, al banquillo de los acusados. Con una puntilla: la reforma del código ético del PP que se hará efectiva en el próximo congreso nacional del partido. Una ponencia en la que precisamente Alberto Fabra ha participado junto a otros dos ‘pesos pesados' de la formación ‘popular' y que señala el endurecimiento de las medidas contra la corrupción. Una de ellas, el cese de cargos públicos y orgánicos de los dirigentes del PP a los que se les abra un proceso judicial. Una amarga despedida para Carlos Fabra, el calificado como "ciudadano ejemplar" por Mariano Rajoy años atrás.
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