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VALENCIA. Con motivo de las primarias del PSPV-PSOE, en las últimas semanas hemos asistido a un cierto debate sobre si un partido político debe denunciar activamente los casos de corrupción política que se producen en la Comunidad Valenciana, si ese debe de ser el centro de su discurso y actuación política, y, finalmente, si produce beneficios electorales para el partido denunciante. Lo planteado es de enorme interés, aunque la discusión haya quedado circunscrita a las filas socialistas y haya sido de corto recorrido.
En mi opinión, hay una respuesta distinta para cada una de las cuestiones apuntadas. A la pregunta de si un partido político debe denunciar activamente los casos de corrupción política, la respuesta, si creemos en los valores democráticos, no puede ser más que un rotundo e inequívoco sí. No se puede especular con el hecho de que hay corrupción de primer, de segundo o de tercer grado. Existe corrupción o no, y cuando existe eso es grave para el funcionamiento de una sociedad y de la democracia.
Y en el caso valenciano, aunque pueda ser legítimo tener la convicción de la ausencia de enriquecimiento personal o incluso de la honradez privada de personas implicadas en los escándalos de corrupción y financiación irregular que afectan al PP valenciano, lo cierto es que política y públicamente la mayor parte de los implicados deberían haber dimitido hace mucho de sus responsabilidades públicas. De hecho, teniendo en cuenta sólo alguna de las conversaciones publicadas, en cualquier país con una cultura democrática seria, la dimisión habría sido la salida digna y honesta a una situación como la actual que degrada las instituciones autonómicas y la imagen de la Comunidad Valenciana en el resto de España y en Europa.
Sin embargo, denunciar la corrupción, por muy grave que ésta sea y por mucho que afecte directamente a la cúpula dirigente del partido que gobierna actualmente la Generalitat, no debería ser el eje y casi la causa única de las fuerzas políticas que son oposición en la Comunidad Valenciana por dos motivos íntimamente relacionados entre sí: por razones de estrategia política y por la percepción que amplios sectores de la sociedad tienen de la política y, sobre todo, de los políticos.
"FATALISTA, SECTARIA Y CÍNICA"
Que un partido concentre su apuesta estratégica en un solo tema suele ser arriesgado y, casi siempre, en contra de la opinión de los interesados directores de marketing, un error político. Hacerlo en la corrupción política representa un riesgo doble y, por ende, una equivocación mayor. La corrupción política es un hecho éticamente deleznable y un cáncer para la salud democrática y cívica de cualquier país; pero en las sociedades mediterráneas de tradición católica (y se podría extender la consideración a las sociedades de las orillas ortodoxa y musulmana del Mediterráneo) buena parte de sus ciudadanos, sino una notable mayoría, tienen ante la corrupción política una actitud entre fatalista, sectaria y cínica.
Fatalista porque se ve el fenómeno como algo intrínseco al ejercicio de la política. Sectaria porque tienden a valorar de manera distinta la que se produce entre quienes son más próximos políticamente, que se suele ignorar o justificar, y aquella que se da en los otros partidos, que mueve a la irritación y a la crítica inclemente. Cínica porque se atribuye a los políticos, de manera genérica y sin la más mínima prueba, la idea de que son gente corrupta o más fácilmente maleable y después se mira hacia otro lado cuando se conocen corruptelas en los respectivos ámbitos de relación o trabajo, sobre todo cuando se creen o se sienten beneficiados por la situación. Todo ello agravado, en la sociedad española, por el hecho de que quien se considera de derechas castiga menos la corrupción de sus filas, y quien se autodefine de izquierdas tiende a castigar a los suyos tanto por la corrupción propia como por la ajena.
Este hecho entra en relación con la tercera de las cuestiones planteadas en el debate: si la denuncia de los casos de corrupción puede o no producir beneficios electorales al partido denunciante y si, en consecuencia, los electores castigan a los políticos corruptos. La respuesta es que no necesariamente. En primer lugar, la denuncia en el ámbito jurídico, o en términos morales y basándose en los valores democráticos, tiene un recorrido político generalmente muy corto.
Además de que jurídicamente tardan demasiado tiempo en sustanciarse, para la mayor parte de la población estas denuncias son interpretadas como peleas entre políticos. Y los políticos en nuestro país, vale la pena recordarlo, son vistos por los ciudadanos cada vez con mayor desafección y como una élite cerrada y con intereses propios independientemente de los partidos en liza.
Para que la corrupción política sea vista como un problema que afecta directamente a los ciudadanos, un partido político deberá saber explicar de que manera este comportamiento está en la base de las deficiencias y carencias que tienen los servicios educativos, la gestión de la dependencia, la sanidad, las infraestructuras o la economía en la Comunidad Valenciana, por no hablar del elevado déficit público que padecemos los valencianos y que nos lastra como sociedad. Algo que, me temo, no ha ocurrido suficientemente hasta el momento.
COMPORTAMIENTOS BÁSICOS
Los estudios más exhaustivos sobre corrupción política y comportamiento electoral en España, aunque no son concluyentes y se refieren sobre todo al ámbito local, apuntan tres comportamientos básicos: incremento del voto favorable al político acusado de corrupción, apoyo tibio al denunciado y malos resultados de la oposición, y, por último, victoria de la fuerza política denunciante y castigo electoral a los acusados o denunciados por corrupción política.
El incremento, a veces masivo, del voto a los políticos denunciados por corrupción, se da en aquellas situaciones en que prácticamente no existe oposición política y la mayor parte de la población considera correctas o beneficiosas para los habitantes de la localidad afectada las políticas del denunciado, que suelen ser personas con un fuerte carisma, con discursos populistas y que gobiernan pequeñas localidades cohesionadas contra lo que consideran ataques desde el exterior.
El apoyo tibio al denunciado, con altos niveles de abstención y malos resultados de la oposición, se da en aquellos casos en que una parte considerable de los ciudadanos pueden desaprobar los comportamientos de los gobernantes, pero los consideran los menos malos y, sobretodo, no ven una alternativa política clara en la oposición. Finalmente, los políticos denunciados por corrupción son castigados electoralmente en aquellas ocasiones en las que la oposición es percibida como alternativa política y un porcentaje notable de la población considera que la corrupción denunciada o el mal gobierno le afectan negativamente y de manera directa.
O dicho de otro modo, la corrupción política difícilmente es castigada en las urnas si no hay alternativa política con un discurso claro, global y coherente. Cuando eso ocurre, lo peor es que la política pierde sentido colectivo y democrático y la corrupción se extiende, degrada a la sociedad y la hace más pobre y envilecida. En la Comunidad Valenciana, deberíamos tomar nota.
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Anselm Bodoque es analista político
Me parece un buen planteamiento Anselmo, un magnífico análisis y resumen refiriéndose a unos aspectos concretos importantes del tema de actualidad que es la corrupción. No obstante, no comparto sus argumentos. No me defino en ninguna ideología, así que ésta no determina mi opinión. La corrupción es algo serio, sin embargo, quizás por mi formación en Derecho, sí le veo gravedad a los hechos que ha expuesto Deme, el anterior lector, al que sí me acerco en sus apreciaciones y añado otras acepciones que creo completan lo que aquí se denuncia. Dice usted que políticamente y públicamente en el caso valenciano (para mí en cualquier otro también) aunque puedan ser legítimos y tengan la convicción de ausencia de enriquecimiento los políticos deberían dimitir y dejar sus responsabilidades públicas. Aquí olvida usted que esas responsabilidades se las hemos dado los ciudadanos mediante unas elecciones democráticas. Unos ciudadanos que merecemos un respeto. Por lo tanto, ese derecho del que estamos revestidos los electores también debe valer para que los elegidos tengan cierta seguridad en sus cargos. Si se dimite por el mero hecho del deber moral se está menospreciando el derecho mencionado y las urnas no servirán de gran cosa. Para eso están los Jueces. Lo que ocurre es que hemos llegado a un punto en el que bajo la bandera de la corrupción las páginas digitales y las que no lo son han sacado 400 nombres de políticos por el mero hecho de sospechas, indicios, presunciones y todo ello parece que justifique su condena. Nos olvidamos de que se han cargado el derecho de privacidad entre el abogado y el preso con las escuchas, sí que han violado el secreto de sumario, sí que se está anulando la presunción de inocencia y también es verdad que el actual Ministro de Justicia intenta acabar con el ejercicio de la acción ciudadana ante la justicia, tal como ha denunciado el anterior lector. Y a mi estos acontecimientos me parecen de una suma gravedad. Espero que las personas se paren a pensar lo serio que es esto.
Disculpe pero estoy en desacuerdo con usted, de hecho este artículo carece de sentido en la situación actual. Si tuviesen que dimitir como usted dice la oposición quedaría totalmente anulada, y no porque sea más o menos corrupta porque corruptos están saliendo en todos los partidos sino por lo siguiente: tenemos un Fiscal nombrado por el Gobierno que sólo mira en una dirección. Una Brigada policial montada al efecto cuyos mandos están politizados, esto es de sentido común ya que sólo estudian unos determinados casos. Un SITEL de escuchas que el Gobierno se niega a regular mediante Ley Orgánica. Ya se ha violado por el afamado Juez el derecho constitucional y fundamental de privacidad entre abogado e imputado con las escuchas, se ha violado el secreto de sumario filtrándose a la prensa afín al Gobierno convenientemente, y ahora de lo que usted redacta parece ser que tampoco se tiene en consideración la presunción de inocencia por aquello de tener un deber moral de dimitir. Sólo con esto, y tal como usted compara, en otros países los que estarían fuera sería el Gobierno y otros altos cargos. Ahora el Gobierno quiere trasladar la instrucción de los expedientes desde los juzgados a los fiscales cargándose la iniciativa popular. Mientras estemos en esta situación y demos crédito a lo que usted aconseja sería tan fácil como señalar a alguien de la oposición para ser un cadáver político, hecho que hemos visto en el pasado de cómo inocentes ya no cuentan. No tenemos garantías ni estamos en un Estado de Derecho. Ahora el caso que usted menciona en Valencia vemos que su presidente Camps demostró con sus documentos fiscales y patrimoniales su honradez, es decir, que no se ha llevado un duro en política, y que las dos fiscales de turno ocultaron por despiste sólo la parte del sumario que le exculpaba donde el 2 de la trama, Crespo, dijo que no le regalaron nada. Por otra parte usted menciona si se consigue rédito electoral significando la corrupción del contrario, pues es la táctica que lleva el PSOE, ya que le fue bien en el pasado creando tensión, Prestige, 11M, y porque el Gurtel que es un caso inflado lo utilizan para olvidar su nefasto pasado. Sin embargo y contestando a sus dudas parece ser que en Valencia no funciona esa táctica ya que han subido la intención de voto hacia el PP. ¿Por qué será?.
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