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VALENCIA. En un claro intento de mejorar la confianza en el sistema financiero mundial, epicentro de la crisis financiera más grave desde los años treinta del siglo XX, la decisión de los bancos centrales y autoridades económicas de 27 países de endurecer las normas de solvencia bancaria con el fin de mejorar la solidez del sistema financiero, ha recibido una gran atención por parte de analistas y medios de comunicación. Un despliegue reservado para los grandes acontecimientos y autoalimentado por las felicitaciones al acuerdo por parte de las mismas autoridades que lo han impulsado.

El hecho no deja de sorprender por cuanto el conjunto de normas conocidas como Basilea III, que alcanza tanto a los ratios de solvencia como a la forma de computar el consumo de capital de la actividad crediticia, se lleva discutiendo desde hace años. De hecho, desde antes de que se iniciara la crisis en el verano de 2007 cuando el mercado interbancario se colapsó ante la desconfianza generalizada sobre la solidez de los activos en poder de las entidades. Y sorprende más todavía tanta atención mediática cuando las normas no comenzarán a introducirse hasta enero de 2013 y Basilea III no estará plenamente en vigor hasta 2019 y es posible que en la práctica después de esa fecha.

Quizá la explicación a tan espectacular despliegue haya que buscarla en el deseo de impulsar el todavía insuficiente ritmo de mejora del acceso a los mercados de buena parte de las entidades financieras. No es seguro, sin embargo, que la iniciativa tenga éxito. Los excesos cometidos en el pasado y que en países como España no han sido todavía purgados, son la causa principal de la restricción de la oferta de crédito. El hecho de que a diferencia del período mayo-julio ahora ya no se hable de los zombies, y de su enorme peso dentro de la inversión crediticia total, no implica que el problema de la valoración de activos, en España menos que en otros países, haya recibido solución.

Pero mientras no se reconozcan las pérdidas de decisiones seguramente temerarias, parece difícil que pueda restablecerse la confianza en un sector que es fundamental para superar la crisis. Porque la alternativa a reconocer los bad loans, la opción japonesa, ya se sabe a dónde lleva en términos de crecimiento. Basta contemplar el virtual estancamiento en los últimos dos decenios del que fuera Imperio Oriental para comprobarlo.

Como señalan una y otra vez los expertos que no dependen, directa o indirectamente, de los supervisores y reguladores, superar la anómala situación en la que se encuentra gran parte del sistema bancario de los países desarrollados es una condición necesaria aunque no sea suficiente para dejar atrás los problemas de financiación de empresas, familias y administraciones que existen hoy. Y que, dada la parsimonia de las autoridades para afrontar las dificultades, todo indica que van a seguir existiendo mañana.

Que un sector como la banca cuya función es la financiación de la actividad económica esté recibiendo una ingente financiación privilegiada por parte del sector público (privilegiada porque esa financiación no existe en los mercados privados), sin exigencia de responsabilidades a los causantes de la situación no es fácil de justificar. A pesar de lo cual, en gran medida, los que siguen gestionando las entidades financieras son los mismos que generaron las dificultades. Es lo que sucede en España, con las cajas de ahorro, entre cuyos gestores y altos cargos la única baja conocida, dada la extrema pasividad que demuestra en este punto el Banco de España, es la del ex ministro Narcís Serra.

Sin necesidad de defender una alternativa como la adoptada en Islandia, en donde el Parlamento discute estos días si llevar a juicio al primer ministro Haarde y a sus ministros económicos como responsables del hundimiento del sistema bancario del país, parece obvio que no es la mejor opción dejar la solución de los problemas a los mismos que los han generado.

La crisis financiera es, en gran medida, el resultado de una gestión del riesgo desastrosa e irresponsable. Por eso mismo, parece dudoso que sólo impulsando ratios más sólidos de solvencia los mismos que la provocaron serán capaces de superarla, primero, y de evitar nuevos desastres, después. A pesar de lo cual, ésta parece ser la línea de ataque al problema que han elegido los supervisores. Quizá porque, en gran medida, son también los mismos que, con su pasividad, permitieron que se generasen las condiciones para que sufriéramos la mayor crisis financiera del último medio siglo.