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VALENCIA. Como casi todo el mundo sabe, se va a celebrar la XIV Edición de la Eurocopa 2012, desde el 8 de junio al 1 de julio. Constituye un acontecimiento deportivo de gran importancia y que va a ser seguido por millones de personas, lo cual ha sido el motivo para que se concedan las licencias pertinentes para la explotación de Apuestas de acuerdo con la Ley 13/2011 de 27 de mayo, después de más de un año de injustificable retraso.

Sin embargo, no se han concedido de conformidad con lo preceptuado en la mencionada Ley, sobre todo, después de las declaraciones del Director General de Ordenación del Juego, Eduardo Antoja, de que a lo largo del mes de junio quiere disponer de un protocolo de buenas prácticas en materia de publicidad de juego remoto pactado con las empresas que han conseguido licencias para operar en juego online.

Esta decisión vulnera lo previsto en el Art. 7 de la Ley que regula la publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego, y en concreto su apartado 2º que dice "que reglamentariamente se establecerán las condiciones que se incluirán en los respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria y sus límites....", de lo que se deduce que necesariamente hay que reglamentar y no dejarlo a un acuerdo de buenas intenciones.

Una regulación adecuada de la publicidad es imprescindible para prevenir un consumo excesivo, o hasta irresponsable, que puede llegar a ser perjudicial para el jugador. En esencia, la publicidad pretende incrementar el consumo que publicita, cosa que en actividades como el juego, es uno de los principales factores implicados en la adicción. A nadie se le ocurriría, en su sano juicio pretender regular el consumo del tabaco apelando a las buenas intenciones de la industria tabaquera, sino que la Administración debe regular qué se publicita, cómo y cuándo y pone límites a la publicidad cuando el beneficio empresarial juega en contra de la salud de los ciudadanos.

Jugar no es malo, pero jugar en exceso es uno de los principales factores que provocan la ludopatía. Es por ello imperativo que la Administración establezca unas normas claras y de obligado cumplimiento para prevenir los problemas sociales, económicos e individuales que pueda ocasionar la práctica del juego no responsable.

También hay que incluir razones económicas para que las empresas puedan realizar la publicidad de conformidad con las normas establecidas ya que, en caso contario, podría ocurrir como está sucediendo en la actualidad, una lucha sin cuartel por conseguir cuotas de mercado con una publicidad agresiva y sin límites.
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(*) Miguel Mazón es doctor en Economía por la Universitat de Valencia y especialista en legislación sobre el juego en España

Mariano Chóliz es profesor titular de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Valencia