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MADRID. Los resultados de la primera ronda de elecciones en Francia, la ruptura de la coalición de Gobierno en Holanda -que probablemente desembocará en nuevos comicios-, los comentarios de los políticos griegos previos a la próxima cita con las urnas en ese país -el ministro de Economía habla de la posibilidad de volver al dracma- y, en nuestro país, la derrota del partido del Gobierno en las elecciones andaluzas a tan solo dos meses de haber alcanzado mayoría absoluta en las generales, no pueden pasar desapercibidos por el resto de los políticos europeos.

Los votantes y partidos situados en todos los puntos del espectro político y pertenecientes a un gran número de países se resisten a aceptar un régimen de austeridad, que lleva al empobrecimiento y a la pérdida de logros sociales alcanzados con esfuerzo a lo largo de todo el siglo pasado porque esa es la receta impuesta por los países más ricos de la Unión Europea, que por cierto cada vez van quedando menos.

Estamos a las puertas de una rebelión contra las normas impuestas por el Gobierno alemán y apoyadas por el Bundesbank en el BCE.

MÁS POBRES

Si se confirma definitivamente el triunfo del Hollande en Francia, si en los Países Bajos se decide no cumplir los objetivos de déficit presupuestario, y si Grecia no tiene más remedio que salirse del euro, las voces se alzarán en contra de las políticas de austeridad que, de momento, no han conseguido más que empobrecernos más.

Si se tiene voluntad política de continuar con la UE y con el euro, se tendrán que modificar las normas para que el sistema funcione.

¿Tendría sentido un cambio de rumbo en las políticas económicas europeas tan radical? En mi opinión, sí. Asumiendo que hemos partido con un presupuesto que puede ser calificado de erróneo o insuficiente como es el de crear una zona monetaria común con países de muy diferentes características económicas y careciendo de lo esencial, un poder fiscal unificado que ha impedido realizar las transferencias de riqueza necesarias para llevar a cabo los ajustes requeridos en épocas de crisis como la actual, se deberían empezar reconociendo la carencia e implementar diferentes medidas fiscales en cada una de las zonas o países europeos con el objetivo de lograr el equilibrio económico que requiere el hecho de compartir la misma moneda. Justo lo contrario que se pretende actualmente.

NO ES EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 

Lo que no tiene sentido y se la aleja peligrosamente de la racionalidad es aplicar el mismo tratamiento al paciente que sufre de una indigestión que al que tiene anemia. Uno de los dos lo va a pasar mal. En el caso de España, cada vez es más evidente que nuestros males no provienen de un exceso de endeudamiento público. Estamos en las portadas de todos los periódicos económicos del mundo y no hay un solo artículo de la crisis europea en que no se hable de nuestro país.

Casi todos ellos hacen referencia al interés del mercado por conocer la capacidad del Gobierno para controlar el gasto público, sobre todo el de las comunidades autónomas que se han convertido en desafortunadas protagonistas de actualidad. Sin embargo, esta apreciación puede no ser exacta en su totalidad. A los inversores no les preocupa tanto que el Gobierno cumpla con sus recortes que sea capaz de acabar con la recesión.

En los últimos días se han escrito interesantes notas de prestigiosos economistas, ilustradas con cifras que nos indican que la carga de deuda que frena el crecimiento en España proviene del sector privado, de las familias y de las empresas.

EMPRESAS Y FAMILIAS ENDEUDADOS 

La Administración pública debe 751.000 millones de euros, que es algo así como un 70% del PIB español, porcentaje muy por debajo de la media europea y cercana al 60%, el nivel de los criterios de convergencia.

Sin embargo la deuda acumulada por empresas y familias asciende a 2.122 billones de euros, por encima del 200% del PIB. En este ratio nos situamos en los puestos de cabeza del endeudamiento de los países europeos.

Teniendo en cuenta ese altísimo endeudamiento privado que en su mayoría proviene de prestamos hipotecarios sobre activos devaluados -no hay que desestimar la propuesta del FMI de realizar una quita hipotecaria en algunos países como el nuestro-, y que el sector financiero se encuentra paralizado por la acumulación de activos tóxicos inmobiliarios, la primera media que se debería tomar es la de llevar a cabo una rebaja real y última del precio del suelo y de la vivienda en los balances de los bancos.

ACABAR CON EL BLOQUEO DEL CRÉDITO 

Para después aplicar las medidas, necesarias sin duda, de rescate, nacionalización, ventas, fusiones o lo que sea pertinente y acabar de una vez por todas con el bloqueo del circuito de crédito que imposibilita la reanudación de la actividad económica y que impide a las familias puedan generar los ingresos necesarios para hacer frente a sus deudas.

Este es nuestro verdadero lastre, el de la falta de demanda doméstica por carencia de empleo, por no poder acceder al crédito o por desconfianza en el futuro. Si fuera necesario acudir al fondo de rescate para ello, habría que hacerlo. Esta es la medida de austeridad que deberíamos plantearnos en España, la de reconocer que nos hemos dedicado durante los últimos 20 años a hinchar el globo de la construcción sin querer darnos cuentas de su insostenibilidad y que por esa razón nuestros patrimonios valen mucho menos de lo que pensábamos.

Es difícil despertar de la agradable ilusión de poseer la gallina de los huevos de oros, pero cuanto más tardemos más trabajo nos costará ponernos manos a la obra para volver a generar los ingresos necesarios para pagar lo que debemos.

Pero al mismo tiempo o mejor, una vez realizado este ajuste, el Gobierno debería tener la voluntad y la posibilidad -sin el obstáculo de los requisitos actuales de la UE- de destinar fondos a inversiones estructurales que generasen empleo, al estilo de las que Obama llevó a cabo en los Estados Unidos.

RECORTE DE BENEFICIOS SOCIALES 

Los inversores de los mercados financieros se encuentran más confiados al invertir en un país con crecimiento y que crea empleo, que en un país en recesión que recorta beneficios sociales y que es incapaz de dar trabajo una gran parte de su población.

Si además de eso, el euro reflejara los fundamentales y se depreciara contra el dólar entre un 15 y un 20%, el camino de la recuperación quedaría expedito. Para esto último sería necesaria la actuación del BCE, con intervenciones directas o con políticas monetarias no convencionales: compras de bonos soberanos, pero como sabemos esto último tampoco está bien visto por la ortodoxia centro europea. Esperemos que lo que los votantes demandan en las urnas sea escuchado por los políticos que deciden sobre la economía europea.

Miguel Ángel Rodríguez es analista de XTB