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VALENCIA. Por un lado, puede ser considerada como un intento de enderezar su asombrosa pasividad mientras a lo largo de 2011 las dos principales cajas de ahorro, terceras y cuarta de España, desaparecían del mapa financiero español.

Pasividad que se prolongó cuando el Banco de Valencia fue intervenido como antes lo había sido la CAM. Pero por otra parte, permite visualizar en un solo golpe todos los errores que nos han llevado donde estamos. Desde la miopía de la clase política a la hora de seleccionar los comparecientes, a su tozudez en presentar a todas las autoridades económicas como responsables de lo ocurrido.

Si desde la primera perspectiva, la actuación en la búsqueda de la transparencia merece el reconocimiento de todos, desde la segunda lo ocurrido no hace sino aumentar el ya elevado grado de escepticismo sobre su competencia. Y no por una razón ni dos sino por muchas más. Pero baste mencionar sólo dos que les debieran de haber resultado obvias a sus señorías. En primer lugar, es dudoso que un parlamento autonómico tenga capacidad para obligar a comparecer a buena parte de los que se mencionan en las propuestas de los diferentes grupos. Una lista que va desde los responsables del Banco de España durante muchos años, a la CNMV, pero olvidando a Manuel Conthe, su presidente mientras se fraguó buena parte del desastre.

Y en segundo lugar, en tan larga enumeración no aparece ni uno solo de sus ejecutivos, que son los primeros responsables del desastre al tener funciones delegadas muy amplias en las tres entidades. Ni tampoco aparecen ninguno de los administradores, algunos de los cuales han permanecido en sus puestos durante decenios, por lo que a buen seguro podrían explicar mucho de lo ocurrido. 

Este olvido es fruto de que nuestros parlamentarios opinan que los políticos son clave en estos temas financieros. Lo cual es parte del problema y no de la solución. Y mientras nuestros representantes públicos, de hoy y de mañana, no bajen unos peldaños su inmodestia, será más que difícil que contribuyan a poner fin a la profunda crisis económica que padecemos y que está agotando la vida a miles de empresas.

Frente a la opción de articular una comisión que efectivamente desvelara la realidad de lo ocurrido y delimitara responsabilidades claras y contundentes, los diferentes grupos políticos parecen haber preferido mantener la tradición de estas comisiones: no sólo que sean inútiles para el motivo de su creación sino que, además, contribuyan a desacreditarlos todavía más. No deja de ser irónico que ello se haya producido el mismo día en que se ha publicado el informe de Funcas, en donde la satisfacción con las instituciones autonómicas baja a sus mínimos históricos.

Los ciudadanos que hoy piensan que el sistema autonómico actual funciona bien o muy bien ha caído a la mitad respecto a 2005, hasta representar sólo el 26%. Quizá nuestros representantes públicos debieran reflexionar si actuaciones como las de ayer contribuyen a cambiar esa tendencia que parece inexorable. Todo lo cual, al margen de haber dejado a los valencianos sin instituciones  financieras propias, podría dejarlos a ellos sin empleo.