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VALENCIA. Desde que es presidente, Alberto Fabra ha realizado tres movimientos en la estructura del Consell que heredó de Francisco Camps de los que solo uno se puede considerar como relevante, el ascenso a la vicepresidencia de José Císcar, nuevo hombre fuerte del ejecutivo con un talante marcadamente distinto al de su predecesora tanto en ese puesto como en el de portavoz del gobierno valenciano. Los otros dos cambios, la entrada de María José Catalá como consellera de Educación y de Máximo Buch como responsable de Economía, son sobrevenidos por las salidas respectivas de Paula Sánchez de León (aunque en este caso hay que tener en cuenta la estrecha relación de la nueva delegada del Gobierno con Camps) y de Enrique Verdeguer.

Esos comedidos cambios en la primera línea del Consell incluso se han visto superados, desde el punto de vista político, por una algo más profunda reestructuración del segundo escalón, en un movimiento que tiene lecturas políticas un tanto más profundas. Sin embargo, cunde la sensación de que Fabra aún tiene pendiente una crisis de gobierno aplazada tanto por su propia posición en la presidencia de la Generalitat, a la que llega de forma abrupta, como de los juegos internos del partido, elemento este último que, por mucho que deseáramos que no influyese, es absurdo no tener en cuenta.

Desde la reciente celebración del congreso nacional del Partido Popular al juicio a Francisco Camps, de las elecciones Generales a las andaluzas o el incierto congreso regional del partido en la Comunitat Valenciana influyen de manera notable en las decisiones del Consell y también en los contrapesos de poder que Fabra y su entorno debe ir tejiendo para consolidarse tanto como presidente de la Generalitat como del PPCV. A todos nos gustaría que las cosas no fueran así pero el país de la gominola -Homer Simpson dixit- no existe.

Convendría, por tanto, que todos esos condicionantes fueran aclarándose para saber hasta qué punto un Fabra con libertad de actuación tiene voluntad de crear un equipo propio y sin lastres, capaz de dar la vuelta a la crítica situación económica que vive la Comunitat Valenciana. Si bien la llegada de Císcar ha supuesto un giro en el discurso y una mayor coherencia en el mensaje político del Consell, a nadie se le escapa que en el actual ejecutivo valenciano conviven malamente esas señales de cambio de etapa con atrincheradas visiones campistas de un mundo feliz.

¿CONSELLERS TÉCNICOS O POLÍTICOS?

La crisis económica ha generalizado la opinión -aplicada a la práctica- de que este es un escenario para tecnócratas capaces de gestionar los Gobiernos como si de empresas se tratase. Reducir costes para ajustarse a los ingresos y cumplir, cuanto menos, con los objetivos de déficit, parece un ejercicio contable pensado para asépticos ejecutivos. Ese mensaje es tendencia. Miren si no lo ocurrido en Italia o incluso en España, donde puestos estratégicos de los Gobiernos los han ocupado técnicos

Permítanme que discrepe de esa idea. Y lo hago por dos motivos fundamentales. El primero es una enmienda a la totalidad: un Gobierno no se puede, ni se debe, gestionar como una empresa. No creo que me deba extender demasiado en esa idea, pero vaya por delante que mientras que en las empresas el objetivo es ganar dinero, un gobierno tiene que atender ‘areas de negocio' que jamás serán rentables. Aplicar criterios mercantiles a la gestión de la cosa pública podría tener graves consecuencias sociales.

Pero hay una segunda razón que, a mi entender, es tan relevante como la anterior: pese al descrédito ganado a pulso por demasiados casos de corrupción, la política bien entendida es clave en una democracia. El concepto de sociedad (o de economía) que queremos no es, o al menos no debería ser, fruto de improvisación o de conformismo. Plantear objetivos y trabajar políticamente en ellos es la obligación de cualquier gobierno.

POR UNAS CONSELLERÍAS INDEPENDIENTES DE TRABAJO Y DE INDUSTRIA

Es en ese terreno de la planificación del modelo futuro en el debería estar ya trabajando el Consell en dos áreas en las que se echa de menos una actividad política decidida: Trabajo e Industria (o empresas, como ustedes prefieran). Alberto Fabra ha heredado una estructura del Gobierno autonómico susceptible de mejorar.

Por una parte, la inclusión de las competencias de Trabajo en la Consellería de Educación parece poco funcional. Con más de 600.000 parados parece urgente que la Generalitat ejerza en toda su extensión sus las competencias en políticas activas de empleo. No se trata de poner en duda la capacidad de trabajo de la consellera de Educación (individualmente, el mayor departamento de la Generalitat, junto con Sanidad, por personal, presupuesto y cantidad de ciudadanos a los que afecta), pero si de reconocer que una tasa de paro que se acerca peligrosamente al 30% requiere toda la atención de su responsable.

La idea de que con la unión de las dos consellerías, Eduación y Trabajo, permitirá adecuar la formación a la demanda, al margen de que puede ejecutarse igualmente, se antoja tan a largo plazo que no justifica esa fusión. Trabajo debe dedicarse ahora estudiar de forma exhaustiva el mercado laboral, el perfil de nuestros desempleados y junto con agentes sociales y expertos, elaborar un plan de futuro a corto y medio plazo que permita invertir la tendencia creciente del desempleo. Una tarea que va mucho más allá de cuatro cursos de formación, todo sea dicho de paso.

De igual manera, la concentración en una consellería de las competencias de Economía y de Industria está demostrando ser ineficiente en estos momentos. La extraña separación, y a veces complicada de definir, de Economía y Hacienda -seguida también por el Gobierno central- creó la macroconsellería que se encargó a Enrique Verdeguer, un técnico con prestigio en el mundo empresarial.

Pero el fugaz paso de Verdeguer por Colón, 32, pese a su evidente voluntad de hacer bien su trabajo, ha puesto sobre el tapete dos cosas muy clarificadoras: una, que ni el mejor técnico puede con una situación tan compleja como la de la Generalitat, y dos que si hay que dedicar las 24 horas del día a buscar cada céntimo con el que pagar los vencimientos de la deuda, la política industrial queda relegada al último cajón. Posiblemente esa obligación fue la que creó más fustración en el ya exconseller.

El problema del empleo no se puede abordar sin una estrategia para recomponer el tejido productivo de la Comunitat Valenciana. El golpe de tantos años con monocultivo del ladrillo ha dejado a los polígonos industriales vacíos y a la economía valenciana sin rumbo. Ese debería ser el trabajo en exclusiva de un conseller de Industria (o de empresa, o de competitividad, o de tecnología... o de todo junto). Elaborar una política industrial, fijarse objetivos claros y destinar cada esfuerzo tanto económico como institucional a crear un caldo de cultivo para empresas que den trabajo y generen riqueza.

Evidentemente no son objetivos fáciles. Pero nadie dijo que la política sea fácil. Bueno sí. Francisco Camps lo dijo en el debate de investidura de junio de 2007. Y ya ven con la 'política fácil' dónde hemos llegado.