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MADRID. El Ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció en el Congreso un plan contra los desahucios. Tras una segunda lectura, enseguida se veía que éste se plasmaría en un código de buenas prácticas elaborado junto al Ministerio de Justicia que tendría carácter voluntario.

La medida estrella de este código consistía en la dación en pago de la vivienda como forma de evitar el embargo y posterior subasta judicial de la casa. Sin embargo, este conjunto de medidas se ha tomado como voluntaria para las entidades financieras y, desde mi punto de vista, choca con varios inconvenientes.

En primer lugar, estas medidas pasan por la definición del colectivo incluido en el umbral de exclusión social que, según el comunicado emitido por el Ministerio, incluiría a las unidades familiares con todos los miembros en paro y cuya vivienda objetivo de ejecución sea primera y única residencia. Sólo estas personas se beneficiarán de estas disposiciones y se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude.

En segundo lugar, la implementación de esta medida choca con un obstáculo jurídico, a mi juicio muy difícil de salvar: la retroactividad. Parece difícil encajar jurídicamente esta nueva medida en contratos previamente pactados ante notario.

Por último, y no menos importante, considero que la implementación de esta medida incrementaría la tasa de morosidad bancaria.

Una circunstancia que teniendo en cuenta la situación actual de los balances de las entidades financieras se antoja una medida cuanto menos peligrosa.

Más efectivo sería desde mi punto de vista el crear medidas para favorecer la contratación de nuevos productos con estas características, es decir, que favorezcan la amortización de la deuda tras la entrega de la vivienda.

No obstante, considero que también tendríamos un problema y sería el de los costes, puesto que se trataría de productos más caros y con menos plazo.

En definitiva, creo que es una medida cargada de buenas intenciones, que responde a la inquietud social que hay al respecto, pero choca con obstáculos en el ámbito legal y económico que dificultan su aplicación. Además, resulta difícil que en este momento económico nuestras entidades financieras acepten asumir unas recomendaciones, que mas allá de estar cargadas de buenas intenciones no están totalmente definidas.

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* Juan Pedro Zamora es analista de XTB