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VALENCIA. La pregunta que anda flotando en el ambiente es si la Generalitat Valenciana ha llegado a un estado de colapso financiero. Leyendo la prensa, parece que la Administración autonómica no tiene la suficiente liquidez para atender puntualmente su compromiso de gasto. Pero la información de que disponemos, aun siendo cierta es dispersa por silencio administrativo y no ofrece un panorama completo. En estos momentos nadie sabe a ciencia cierta cuál es el estado global de las cuentas de la Generalitat.

Primero oímos que los proveedores externos reclaman el cobro de lo que la Generalitat les adeuda. Luego nos enteramos de que no se consigue colocar deuda en los mercados ni atender al pago de intereses de los créditos. Más tarde leemos que los organismos propios como escuelas y hospitales no reciben las transferencias para sus gastos corrientes. Por último se ejecutan recortes drásticos sin anunciar detalladamente los medios de los que se dispone (ingresos y patrimonio) para hacer frente a deudas y pagos.

Tal avalancha de noticias alimenta la idea de que las arcas están vacías. Mientras no dispongamos de una visión integral y detallada, se está lanzando una señal clara a los mercados: "Algo gordo debe de estar pasando en Valencia". Las agencias han recogido el mensaje y nos acaban de decir que en España somos malos y en Valencia, peores. Por detrás del "Bad" valenciano, sólo quedan cuatro escalones para llegar a la suspensión de pagos, según Moody's.

No se despeja la incógnita cuando desde Madrid nos advierten tranquilizadoramente de que no nos dejarán "caer". Como parte del Estado, que es uno (central) y trino (autonómico, provincial y local), la Generalitat, a diferencia de empresas y familias, no puede suspender pagos ni provisionar pérdidas, ni convocar un concurso de acreedores, ni nombrar a un Molt Honorable administrador judicial. Pero quien sufre las consecuencias de los impagos, los recortes y la falta de crédito son quienes sí pueden declararse legalmente en quiebra: empresas y familias.

Aunque un diagnóstico certero no implica dar con una solución adecuada, conocer la realidad es indispensable para poder afrontarla. Si estamos ante un default no es lógico ocultarlo, ya que más pronto o más tarde serán evidentes las consecuencias, con ley o sin ella. Perdemos además un tiempo precioso para establecer un plan de viabilidad autonómico.

Por el contrario si no hay riesgo de bancarrota, aunque sea a coste de desprenderse de patrimonio (o como lo expresa el portavoz del Consell "Aunque haya deuda también hay patrimonio" , no tiene ningún sentido que la maltrecha economía local se deteriore más por una incertidumbre que se solventaría presentando un balance actuarial de las arcas valencianas.

Ante esta encrucijada, mientras sigamos leyendo noticias de impagos y las medidas de ajuste no vayan acompañadas de un arqueo realista de la caja, no dejaremos de preguntarnos si la situación es peor de lo que imaginamos, o simplemente, que nadie lo sabe.
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Jorrdi Paniagua Soriano es ingeniero de telecomunicaciones y economista, profesor de la Universidad Católica de Valencia