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MADRID. El último informe de la agencia estadounidense de calificación crediticia, Standard & Poor's (S&P), en la que afirmaba que existe un 40% de probabilidades de que la zona euro entre en recesión en 2012, a la vez que degradaba la calificación de la deuda de nueve países de la eurozona, volvía a exacerbar la retórica descalificadora de los políticos de la eurozona. Ninguno de ellos, sin embargo, utilizaba un solo argumento contra los resultados de los análisis cualitativos y cuantitativos que utilizan estas calificadoras de riesgo para asignar nota o calificación a países, instituciones financieras, bonos o títulos valores.

S&P decidía quitar la máxima calificación crediticia a Francia -a 100 días de las elecciones- y a Austria; degradar la calificación de Italia al nivel de Kazajistán, y de España, Portugal, Malta, Eslovaquia, Eslovenia y Chipre. En paralelo, a juicio de la calificadora, el decrecimiento del PIB de los países de la zona euro podría alcanzar el 1,5% de media, si bien concedía que la actividad económica podría reactivarse en el segundo semestre del año.

De "bomba de racimo", por el efecto que tendrá en otras administraciones públicas y empresas españolas; de "golpe arrollador"; de "incoherente" o de una simple "opinión más", las reacciones en Europa y en España se multiplicaban, aunque nadie ha puesto en solfa las razones técnicas argüidas por la agencia y que van a dificultar la salida de la crisis como consecuencia del encarecimiento del coste de la deuda o del estrechamiento de los márgenes de crecimiento.

Una vez más, se clamaba por la creación de una agencia europea de calificación, como panacea para conseguir una entidad independiente y rigurosa y en esa propuesta se implicaban personalmente Chacón y Rubalcaba en su peculiar campaña en el seno del PSOE.

La realidad, sin embargo, indica que desde hace más de tres años el Parlamento Europeo y la Comisión proponen periódicamente regular a las agencias de calificación de crédito y controlar el poder de las agencias estadounidenses, intento que al día de hoy no ha tenido efecto alguno. Ya entonces, la Comisión planteaba que "las agencias de calificación de crédito deben cumplir normas rigurosas, a fin de garantizar que no caigan en conflictos de interés".

Asimismo, la propuesta presentada en 2008 contemplaba que dichas agencias "deberán presentar de modo transparente los modelos y metodologías en las cuales basan sus resultados", y que "les estará prohibido calificar instrumentos financieros si no tienen información suficientemente sólida en la cual sustentar sus conclusiones". Hasta hoy.

El hecho cierto es que las calificadoras atraviesan por una crisis de credibilidad que tiene su origen en los principios de la actual crisis y que hoy lo que están haciendo con Europa, calificando a todos a la baja, es "golpear innecesariamente al sistema" como diría un relevante experto.

Los expertos sostienen que la legislación estadounidense hacia las agencias de calificación de riesgo, hecha por la Securities and Exchange Commission (SEC) y por la Reserva Federal (FED), ha eliminado la competencia y prácticamente ha obligado a los actores del mercado a utilizar los servicios de las tres grandes, Standard and Poor's, Moody's y Fitch, solo esta última de propiedad francesa, hasta el extremo de que aunque hay más de 74 agencias de rating en el mundo, el mercado está controlado por tres grandes compañías que dominan 90%, por lo que su funcionamiento es casi como un oligopolio.

En la actualidad, las tres grandes agencias en el mundo basan su modelo de negocio en los clientes y los ingresos provienen de los pagos que les hacen los emisores de créditos o de determinados productos financieros o activos, ya sean de empresas, estados o gobiernos regionales, lo que comporta peligros, riesgos, abusos y "equivocaciones" clamorosas por parte de las agencias de calificación de riesgo.

Inscritas como empresas periodísticas, estas agencias cuando se han defendido de acciones legales, sostienen que sus calificaciones son sólo opiniones, protegidas en casi todo el mundo por el derecho de la libertad de expresión.
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Carlos Díaz Güell es periodista y autor del blog Tendencias del Dinero