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VALENCIA. "Tenemos más imputados que décimos de lotería", sentenció un amigo mío el otro día cuando se supo que al alcalde de Manises, Enrique Crespo, investigado por el saqueo de Emarsa, le habían tocado en el sorteo de Navidad un puñado de millones (diez, según dicen que dijo inicialmente a unos y otros en la euforia del momento). O quizá fueron unos miles de euros. O tal vez nada. El increíble premio menguante del dirigente provincial del PP fue reduciéndose a medida que aumentaba el interés del juez que instruye el robo (¿cabe calificarlo de otra manera?) de millones de euros de dinero público en la depuradora de Pinedo.

No puedo quitarme de la cabeza la imagen de un Crespo con los ojos muy abiertos al recibir el requerimiento del juez para que le dijese la cuantía del premio. "¿No pretenderá quedarse con mi dinero para pagar el desfalco?", me imagino que diría entre sorprendido e indignado. Quizá llamó a su abogado para que le aconsejase qué hacer. Quizá a su asesor fiscal. Tal vez a Carlos Fabra, experto en ser agraciado por la lotería. Y, siempre quizá, tras sus consejos decidió decirle al juez que, mire por donde, pese a que él era el encargado de la lotería de la agrupación local de su partido, al final no se quedó con ninguna participación.

Alfonso Rus, que no tiene a un juez tras los talones, también resultó agraciado por el sorteo y, ya conocen su carácter, no tuvo ningún problema en decir públicamente cuánto le tocó: unos 650.000 euros. Mucho más que un buen pellizco que el presidente de la Diputación de Valencia dijo que destinará "a pagar deudas". ¿Deudas? ¿Qué deudas? Si hacemos caso a su declaración de bienes, Rus tiene un patrimonio de casi un millón de euros pero no deudas. ¿En qué nos miente el presidente de la Diputación?

Unos días antes, en Madrid, se celebraba el debate de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Joan Baldoví, único diputado de Coalició Compromís, subió al estrado y aprovechó el escaso tiempo que le corresponde para describir el dantesco panorama judicial que afecta a buena parte de las instituciones de la Comunitat Valenciana: Carlos Fabra, el caso Gürtel en sus dos vertientes, la trama Brugal en Alicante, el saqueo de Emarsa, los contratos con la Fundación Nóos... Al acabar, y tras una sorprendentemente airada respuesta de Rajoy , la alcadesa de Valencia, Rita Barberá, se dirigió al diputado de Sueca y le recriminó la imagen que había dado de Valencia sobre la tribuna.

Barberá, que últimamente parece permanentemente enfadada con la humanidad por no se sabe bien qué motivos (o sí), optó por mirar el dedo de Baldoví en lugar de lo que señalaba. Y ella, que a valenciana no le gana nadie, creyó que era su obligación regañar a un diputado por decir cosas terribles de la Comunitat Valenciana.

"Qué vergüenza que un valenciano dé esa imagen de su tierra", debió decirse Barberá cuando regresaba a Valencia para acudir acto seguido -o dos días después, tanto da- al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para estar un rato con Francisco Camps, ese expresidente valenciano que está siendo juzgado por aceptar regalos de una trama de saqueadores de dinero público, acompañada por Sonia Castedo, su colega de Alicante, imputada por pasar información urbanística confidencial a un constructor que le regalaba Minis. Bueno, uno que se sepa.

En esa sala, donde ya va para la tercera semana de juicio, estuvo solo diez minutos. Quizá mejor, no fuera que le hubiera dado otro ataque justiciero al escuchar a algunos testigos asegurar que Camps no pagó sus trajes. Como el de aquella cajera de una de las tiendas que contó como al entregarle uno de los vestidos a Camps, éste, en lugar de pagarle, le dio la mano, como quien saluda a uno de sus fans, y se marchó ante la, cabe suponer, atónita mirada de la cajera con su mano aún extendida

Uno se pregunta si esa manera de actuar descrita por la testigo en el juicio era la norma. Si Camps, envuelto en su burbuja de presidente más votado del mundo mundial, encantado de conocerse, daba la mano en lugar de pensar en que debía pagar la cuenta, tanto si se trataba de su dinero particular como del de las arcas públicas.

Porque quien dice unos trajes, dice un Gran Premio de Fórmula 1, un armatoste de Santiago Calatrava o lo que fuera que hiciera Iñaki Urdangarín. Camps daba la mano pero en realidad -quien sabe si consciente o inconscientemente- lo que estaba ofreciendo era el brazo, la conexión directa con el dinero de todos los valencianos, despilfarrado durante años ya fuera en grandes proyectos como en fundaciones opacas de fines desconocidos y facturas misteriosas, como demuestra una vez más el informe de la Sindicatura de Comptes.

Por todo esto, y por tantas otras cosas, cuando el sábado por la noche escuché el mensaje de Navidad del Rey y pese a que todo el mundo leía entre líneas el nombre de Iñaki Urdangarín, a mi me resultó difícil abstraerme a la sensación de que el Rey estaba hablando de nosotros, los valencianos.

"Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar", dijo el jefe del Estado, pera añadir: "Vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la Ley. La justicia es igual para todos".

No sé si Rita Barberá se habrá dado por aludida. No creo, en todo caso, que se atreva a reñir al Rey. Pero si en algún territorio andamos necesitados de conductas ejemplares -y de personas que afeen y condenen a los que realizan "actuaciones censurables", en palabras del Rey- es en la Comunitat Valenciana. Y seria exigible que el máximo responsable de los valencianos, Alberto Fabra, más allá de ruborizarse como hizo al escuchar las vergonzantes conversaciones del amiguito del alma al que Camps quería un huevo, emprenda un nuevo camino. El que se aleje de aquellos años de impunidad, de los que tomaron las instituciones como su negocio particular, de los que siguen justificando actuaciones indefendibles.

Porque aquellos son, y esto debería saberlo el presidente Fabra, los que nos han traído a la penosa situación económica que atraviesa la Comunitat Valenciana y, en especial, la propia Generalitat Valenciana. Aquellos que, lejos de preocuparse por gobernar por el bien de todos, arrasaron por allí por donde pasaron. Sin ningún remordimiento. Creyendo, quizá, que la Ley no era igual para todos.