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VALENCIA. El comunicado hecho público ayer por Cierval, principal organización empresarial de la Comunidad Valenciana, constituye un nuevo jarro de agua fría para quienes hubieran pensando que, tras el desastre de lo que se ha venido en denominar el sistema financiero valenciano y la situación de suspensión de pagos de facto de un Consell que no hace frente a sus deudas excepto con los inversores financieros, los empresarios valencianos iban a adoptar un papel más activo a la hora de plantear opiniones y alternativas a la grave situación económica que vivimos.

Grave error. Los escasos párrafos de la nota hecha pública parecen escritos desde la obligación de dar la bienvenida al nuevo gobierno, pero son decepcionantes. Obvian qué reformas estructurales promueven y se limita a repetir el lugar común de que se restaure el crédito como si éste dependiera del Gobierno y no de unas entidades financieras asfixiadas por la cuantía de los activos de valor dudoso y el ingente endeudamiento de las empresas.

Una mirada a las cifras de endeudamiento que publica el Banco de España les hubiera llevado a constatar, por ejemplo, que el endeudamiento de las empresas es muy superior al de las Administraciones sin que la generación de recursos por parte de éstas para hacer frente al mismo no parece que esté en su mejor momento. Ese es un motivo fundamental por el cual no hay crédito y ante el que Cierval no dice nada.

Y es hora de señalarlo una vez más con rotundidad. El drama español de la deuda no es, como tanto se repite, la deuda pública. La suma del endeudamiento de la Administración central, las autonomías y los ayuntamientos españoles representa algo más del 60% del PIB, veinte puntos menos que la media europea (80%) y a la del resto de los grandes países europeos.

Pero mientras las administraciones españolas deben 639.767 millones, sólo las familias españolas tienen contraídos débitos financieros por 886.460 millones, el 38,6% más que el conjunto de todos los niveles de la Administración del Estado. Y a ello se suman las empresas privadas españolas, con un endeudamiento adicional de 1,2 billones de euros más. Esto significa que la deuda privada nacional representa del orden del 189% del PIB.

Lo mismo cabe señalar, incluso con mayor contundencia crítica, del brindis al sol que son las frases sobre el desmantelamiento de CAM, Bancaja y el Banco de Valencia. Pretender exigirle ahora al Banco Sabadell que mantenga "la marca y el arraigo territorial de la entidad así como la Obra Social" de la CAM, cuando ellos han sido incapaces de conseguirlo, y han callado ante los desmanes cometido por los órganos de gobierno de las dos principales cajas (en donde había importantes empresarios que todavía no sabemos qué opinan) y por el Consell es, como poco, puro sarcasmo.

Como lo es pedir para el intervenido Banco de Valencia "una solución rápida que permita mantener su identidad territorial y el servicio que reciben los empresarios y la sociedad valenciana". Para estos brindis al sol, mejor guardar silencio. El mismo que han mantenido frente a la inacción de la Generalitat en todos los asuntos que ahora tanto parecen preocuparles y que nos ha llevado donde estamos.