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MADRID. Casi dos millones de personas con pocos recursos reciben cada año la asistencia gratuita de un abogado. Es el 112 de la Justicia, un servicio financiado con los impuestos y que cuesta menos que en Europa. Las autonomías, sobre todo Madrid y Valencia, lo han recortado y deben casi un año a los abogados. Y quieren recortar aún más la Justicia gratuita, un derecho constitucional, dentro de otros recortes que ya está sufriendo la Justicia en muchas autonomías, sobre todo en personal, medios y nuevos juzgados. Varias autonomías del PP, con Madrid a la cabeza, quieren devolver las competencias de Justicia. Y Cataluña ha abierto la puerta del copago, subiendo las tasas judiciales para 2012.

Defender gratis a los que no tienen posibles se hace desde el siglo XIII, pero en España es un derecho reconocido en tres artículos de la Constitución (17.3, 24.2 y 119) y desarrollado en una Ley de enero de 1996. Con la crisis, han aumentado los beneficiarios (han de ganar menos de 14.910 euros anuales), 1,7 millones de personas en 2010. La mayoría son del turno de oficio (66%), seguido de la asistencia letrada al detenido (22%) y asistencia por violencia de género (4%), destacando los temas penales (64%) y civiles (20%).

En España, la Justicia gratuita, en la que colaboran 36.000 abogados de 83 Colegios, es muy valorada por los usuarios (nota de 6,9, según encuesta de Metroscopia) y resulta más barata que en Europa: costó 256,6 millones en 2010, 5,40 euros por habitante frente a 7 € de media europea (y 50 € en Reino Unido, donde tienen derecho a ella todos los ciudadanos). Y su coste bajó por primera vez en 2010, un 4%, a pesar del aumento de expedientes, sobre todo por impagos, ejecuciones hipotecarias, litigios en pagos por divorcios y juicios por delitos de tráfico.

En las 5 autonomías donde la Justicia no está transferida (Castilla y León, Murcia, Castilla la Mancha, Baleares y Extremadura), el Ministerio paga a los abogados sin problemas. Pero en el resto, las autonomías aplican recortes e impagos al turno de oficio. Madrid debe los 10 meses de este año (8,14 millones), lo que ha provocado la primera huelga de abogados de la historia. Y Valencia debe otros 10 millones. En ambos casos, y en otros (Cataluña debe cuatro meses), los Colegios tienen créditos para pagar a sus colegiados (como los farmacéuticos).

Junto a estos impagos, casi todas las autonomías han aplicado recortes a la Justicia gratuita en 2011, reduciendo derechos: exigencia de más requisitos a los emigrantes (Valencia, Castilla y León, Madrid, Sevilla, Granada, Melilla), recortes a la asistencia a presos y desvío de la asistencia a mujeres maltratadas a asociaciones al margen de los colegios de abogados. Y hay varias autonomías, con Madrid a la cabeza, que se han reunido para estudiar "reformas", por tres vías: asumir ellos el servicio ("funcionarizarlo"), privatizarlo (Madrid ya ha adjudicado a Legalitas el Servicio de asistencia jurídica a mayores) y restringir el servicio ("a los pobres de solemnidad", como dijo el exconsejero madrileño, Granados).

Los recortes e impagos en la Justicia gratuita (el chocolate del loro: supone el 6,3% del gasto en Justicia), son sólo una muestra de los recortes en la Justicia, tras los de sanidad, educación y gastos sociales, aplicados por el Gobierno (el Presupuesto 2011 cayó un 7%) y todas las autonomías, que financian el 60% del gasto judicial. Y eso, a pesar de que España gasta menos en Justicia (0,38% PIB, frente al 0,50 % de media en Europa). Y, lo más llamativo: hay varias autonomías del PP, empezando por Madrid y Aragón, que ya han dicho que quieren devolver esta competencia al Estado. Y tanto Murcia como Castilla la Mancha no han querido este verano asumir las competencias de Justicia, como les tocaba.

En paralelo, Dolores de Cospedal advirtió que el PP "estudiará cómo gestionar mejor los recursos en Justicia", lo que augura nuevos recortes. Y Cabré, el consejero de Justicia valenciano defendió que" los que usan la Justicia paguen una tasa extra". Precisamente, varias asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria) han lanzado el debate del copago judicial: aumentar las tasas judiciales que liquidó Felipe González en 1986 y que recuperó Aznar en 2002.

Actualmente las pagan sólo las empresas, en temas civiles y contenciosos, aportando 173 millones al año. Algunos expertos plantean extenderlas también a los temas penales y de lo social y que paguen también los particulares (que ya pagamos la Justicia con los impuestos). Otros sin embargo defienden aumentar el Presupuesto de Justicia, para modernizarla y hacerla más ágil, lo que pasa por aumentar jueces, plantillas, tecnología y juzgados.

De momento, Cataluña introducirá en 2012 el copago en la Justicia, con siete nuevas tasas. En paralelo a este debate sobre la financiación de la Justicia, está en el aire el futuro del turno de oficio y la Justicia gratuita, más aún con el futuro Gobierno. Y eso cuando la Unión Europea se está planteando crear un turno de oficio europeo. El Consejo de Colegios de Abogados denuncia que "con la excusa de la crisis, algunas autonomías aprovechan para reducir derechos de los que por no tener posibles no tendrían ni derecho a una defensa justa".

Estamos hablando del 112 de la Justicia, un servicio público esencial (como la salud) que nos cubre por si nos pasa algo y no podemos pagar un abogado. Un servicio modelo en Europa y que cuesta 45 millones al año en Madrid (lo que 4 meses Tele Madrid) o 24 millones en la Comunidad Valenciana (poco más que las tres torres fantasmas de Calatrava). Es un derecho fundamental, para los más débiles, y hay que salvarlo.
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Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro
Ilustración: Enrique Ortega