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VALENCIA. Las elecciones que tendrán lugar el próximo día 20 presentan, sin duda, unos rasgos específicos que las convierten en una cita con las urnas de una importancia singular. La crisis de la economía española ha alcanzado una gravedad indiscutible y al nuevo gobierno le va a corresponder la ingente tarea de impulsar la recuperación de una economía que ha pasado de ser la envidia en muchos países del mundo a constituir un peligro para la estabilidad del euro.

Los cinco millones de parados son, desgraciadamente, tan sólo la punta de un gigantesco iceberg creado por la irresponsabilidad colectiva de vivir muy por encima de nuestras posibilidades. De esta forma, junto al desempleo, el endeudamiento ingente de las empresas, de las familias y de las administraciones, (estatal, autonómica y municipal) constituye otro frente sobre el que el nuevo ejecutivo deberá concentrar su atención.

Los dos objetivos, la reducción del paro y del déficit, no son fáciles de compatibilizar. Y mucho menos si, como parece obvio en este día inicial de campaña, la subida de los impuestos con capacidad de generar recursos significativos no entra en las propuestas de ninguno de los principales candidatos. A los candidatos les toca explicar, pues, cómo van a afrontar el doble reto de forma que la recuperación se pueda iniciar cuanto antes. Y explicar sin tapujos cómo van a conseguir lo que hoy parece la cuadratura del círculo.

Siendo los más relevantes, el paro y el déficit no agotan los aspectos cruciales sobre los que se hace imprescindible actuar. La crisis financiera, y el peso de los activos dudosos en los balances de las entidades, han frenado la financiación a los agentes privados. Sin superar definitivamente la situación actual no es posible pensar que el crédito vuelva a fluir. Y sin éste, a su vez, no cabe pensar que se pueda producir la ansiada recuperación.

Es éste, sin duda, uno de los temas más delicados a los que deberá hacer frente el nuevo gobierno. La gestión de la crisis de las cajas de ahorro por parte de los actuales responsables de economía ha causado una justa indignación tanto en las entidades sin dificultades como en el conjunto de la ciudadanía que ha visto mantenerse en sus puestos a la práctica totalidad de los responsables del desastre.

Y junto a estos tres elementos, se podrían mencionar un buen número de retos no menores que van desde la racionalización del Estado autonómico a la recuperación de la posición internacional de España tanto en la UE como en los organismos intercontinentales, pasando por la recuperación, siquiera modesta, del prestigio de la política como gran espacio común de la resolución de los problemas colectivos.

En suma, al nuevo gobierno le va a tocar en suerte el desafío de recuperar la perdida de competitividad de la economía española que está en la base de esa destrucción acelerada de empleo, y de recuperar, también, la credibilidad de los gobernantes tanto ante los ciudadanos como ante los inversores internacionales.

Porque aun siendo evidente que son los empresarios los que crean los puestos de trabajo, a la Administración le corresponde fijar el conjunto de normas legales que incentiven ese comportamiento empresarial y la doten a ella misma de la mínima reputación que permite generar confianza. Y todo ello debiera lograrse sin deteriorar todavía más la cohesión social debilitada por la propia gravedad de la crisis.

No es poco, pues, lo que está en juego el día 20. Pero nada de lo esbozado hasta aquí será posible si los candidatos se empecinan en no explicar la situación tal y como es y las duras medidas que van a tener que tomar en caso de llegar al gobierno. Porque nada hay más peligroso para la fortaleza de la democracia y para afrontar con éxito los desafíos que tenemos ante nosotros que soslayar ante los ciudadanos la gravedad de la situación y la magnitud de los sacrificios necesarios para superarla.