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VALENCIA. La Administración autonómica debe a sus proveedores cantidades muy importantes que, incluso, pueden poner en cuestión la supervivencia de las empresas que se encuentran en esa situación. Se ha anunciado la elaboración de un plan de pagos, pero mientras éste llega, otros compromisos de pago -algunos vinculados a eventos deportivos de rentabilidad no demostrada-, se satisfacen puntualmente, o se realizan otras inversiones.

La asimetría de este comportamiento suscita la perplejidad de muchos ciudadanos y empresarios valencianos. La pregunta que queremos plantear para el foro de esta semana de Valencia Plaza es si existe justificación económica para no pagar a los proveedores o en realidad el impago generalizado es el resultado de una decisión política a la hora de establecer las prioridades de pago. En otras palabras, dentro de las dificultades conocidas de tesorería, ¿la Generalitat no paga porque no puede o porque ha decidido abonar antes otro tipo de compromisos?

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JORDI PALAFOX, catedrático de Historia de las Instituciones Económicas

"La deuda con proveedores de la Generalitat es sólo resultado de una decisión política: no hacer frente a sus obligaciones con los sectores con menor capacidad de protesta. Si no pagara un préstamo bancario no volvería a recibir financiación porque al menos desde el siglo XIV la banca no perdona. Pero si no paga a proveedores varios no les pasa nada a quienes toman la decisión. Aunque con ello quiebren la legitimidad de la propia Generalitat para exigir el cumplimiento de los compromisos, cuyos gestores, por otro lado, tanto se quejan cuando no reciben del Estado fondos.

Mientras tanto, se siguen manteniendo caprichos tipo Universidad Internacional (VIU), ciudades fantasmas varias o aeropuerto de Castellón o se mantiene la negativa a hacer efectivo el impuesto de patrimonio. Y es que repetir que no hay más que una gestión posible frente a la crisis no lo hace cierto. Sería posible gobernar de otra forma. Por ejemplo, cerrando el 99% de los chiringuitos/fundaciones creados para satisfacer compromisos injustificables obviando la fiscalización, despidiendo a los contratados por amiguismo (el 80% de los nuevos altos cargo de la etapa Camps), saneando RTVV, reduciendo drásticamente el presupuesto de unas Corts inútiles para dar ejemplo y aplicando el impuesto del patrimonio.

Y con esos recursos impulsar los sectores competitivos de mayor valor añadido. Y entonces, y solo entonces, pidiendo solidaridad a funcionarios y ciudadanos. Pero para que fuera visible una alternativa se tendría que poner a trabajar el grupo que dirige Jorge Alarte, lo cual es genéticamente imposible, o que Compromis se aclarara con qué quiere para el futuro de los valencianos".

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MARIANO AYUSO, abogado, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

"El pago -o impago- a los contratistas de la Administración es una de las más preocupantes patologías económicas actuales. En un país con gran dependencia de lo público -ya sea por la vía del funcionariado, de las subvenciones o de los contratos públicos- el que no se paguen los importes de éstos es una auténtica tragedia.

Ésta se magnifica por el poco o nulo uso que hacen los contratistas de los medios legales que tienen para obligar a la Administración al pago en plazo y al abono de unos elevados intereses de demora. En particular, desde una reforma legal del verano de 2010 (Ley 15/2010) hay muy buenos medios legales para obligar a pagar y devengar entre tanto unos intereses muy superiores a los del mercado. Pero los empresarios -por miedo o por ignorancia- no utilizan estos medios legales.

En cuanto al orden en los pagos, es muy triste que -de manera efectiva- se haga de mangas capirote y se reparta el dinero escaso de manera muy poco correcta. Es precisa severidad y, sobre todo, transparencia en la actuación administrativa en este sentido. Y valor por el lado empresarial".