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VALENCIA. Sé que no tengo que explicarles que, en una economía de libre mercado como en la que rige en la Unión Europea, y por tanto España y la Comunitat Valenciana, introducir elementos que distorsionen la competencia entre empresas está no solo fuera de lugar si no penado por las leyes. Las trabas que persiguen organismos como la Comisión Europea de la Competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia español o su poco operativo homólogo autonómico van desde los acuerdos para fijar precios entre las compañías de un mismo sector hasta las ayudas públicas que se otorgan a determinados negocios en detrimento de otros.

De ambos casos hay ejemplos que merecen atención, pero en esta columna nos vamos a fijar hoy en el segundo, y en especial a tres casos que nos afectan como valencianos. Y lo hacemos porque el viernes pasado se supo que Rain Forest, la empresa privada que explota el parque zoológico de la ciudad de Valencia bajo régimen de concesión municipal, ha exigido a la Generalitat Valenciana que deje de distorsionar el mercado del ocio en la capital con sus continuas inyecciones de dinero público a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La compañía que construyó y gestiona el Bioparc, situado junto al parque de cabecera del antiguo cauce del Turia en Valencia, considera que los más de 1.200 millones invertidos por la Generalitat Valenciana en Cacsa, pero especialmente las ampliaciones de capital constantes para enjugar las pérdidas del recinto de ocio suponen una ayuda que beneficia de forma directa a L'Oceanogràfic, otro espacio que compite en su mismo sector.

Pese a que el acuario está gestionado por una empresa privada (Parques Reunidos Valencia, participada mayoritariamente por la propietaria del parque de atracciones de Madrid), Rain Forest entiende que los multimillonarios fondos que se destinan a Cacsa para su mantenimiento económico como sociedad, se utilizan igualmente para campañas promocionales que benefician a L'Oceanogràfic, la única zona 'privatizada' del complejo. Tienen más detalles de la protesta de los gestores del Bioparc aquí.

Rain Forest ha hecho pública su voluntad de "adoptar las medidas necesarias" para defender sus intereses. Se sobreentiende, por tanto, que la empresa está dispuesta a acudir a los órganos que vigilan por que no se distorsione la competencia. Una decisión legítima, pese a que a algunos pueda extrañar (a mi el primero, no crean), dado que se trata de una concesionaria que se enfrenta a una administración que, si bien no es la misma que le otorgó el derecho a construir y explotar el nuevo zoológico, sí tiene vínculos muy directos.

Ese matiz es el que diferencia este caso de otros precedentes. Y es que la acusación de competencia desleal a la Generalitat Valenciana no es nueva. De hecho hay dos antecedentes igualmente vinculados a grandes proyectos en los que se han invertido ingentes cantidades de dinero público pese a que había operadores privados en esos sectores en el territorio común europeo.

Se trata de Terra Mítica y de los estudios de cine Ciudad de la Luz, ambos en la provincia de Alicante. Auspiciados por la Generalitat, que participa directamente en sus accionariados (algo menos del 40% en el parque temático, el 100% en el complejo para rodajes) los dos proyectos han sido objeto de denuncias por empresas de su sector ante la Comisión Europea de la Competencia.

Los denunciantes de Terra Mítica fueron los miembros de la Federación Europea de parques de Ocio, que pusieron en tela de juicio las ayudas vía préstamos que otorgó (y sigue) la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos a la promotora del recinto. Era la forma, pero el fondo consistía en preguntarse por qué un Gobierno tiene que impulsar un parque de atracciones cuando hay operadores privados que hacen ese negocio. La denuncia, en todo caso, se archivó.

Pendiente de resolución está aún la interpuesta por los estudios de cine británicos Pinewood (famosos por albergar los rodajes de las películas de James Bond) contra Ciudad de la Luz por competencia desleal y por distorsionar el mercado con jugosas ayudas para los rodajes que se realizan allí (como las que recibió la película Astérix en los Juegos Olímpicos, cuyo rodaje visitó el entonces presidente valenciano Francisco Camps) . Y surge de nuevo la pregunta: ¿Por qué hay que montar unos carísimos platós de rodaje de películas con dinero público cuando hay empresas privadas en ese negocio?

Las razones alegadas por la Generalitat en todos los casos apelan al interés general, para desarrollar un negocio que de riqueza a la zona donde se realiza la inversión, ya sea potenciar el turismo (Terra Mítica y Cacsa) o la industria audivisual (Ciudad de la Luz).

Sin embargo, y vistos los resultados de todas esas inversiones (deudas multimillonarias, pérdidas constantes, incertidumbre sobre su viabilidad, contratos cuestionables con arquitectos e incluso alguna investigación judicial sobre presuntos casos de corrupción) cabe preguntarse si, más allá de la competencia desleal denunciada, no convendría reflexionar sobre el sentido de proyectos faraónicos que ahora se han paralizado por falta de fondos pero que nunca se sabe si en un futuro alguien tendrá la tentación de retomar.

CAIXA DE GROS

Aunque seguramente el caso del Aeropuerto de Castellón merece mayor reflexión y análisis de fondo, quisiera apuntar un par de detalles vinculados a esta infraestructura y al tema que da título a esta columna y que viene a colación del fin de las operaciones regulares en el aeropuerto de Ciudad Real.

No entraré ahora en un debate que este fin de semana hemos mantenido unos cuantos usuarios en la red social Twitter sobre si tiene sentido o no el aeropuerto castellonense, pues no se trata del montante de la inversión (cosas más caras y absurdas se han costeado con dinero público) sino del mantenimiento una vez inaugurado.

Porque es ahí donde hay que fijarse ahora que la obra está hecha. Al margen del dinero que tendrá que pagar la Generalitat a la concesionaria privada del recinto (cifra vinculada a los pasajeros que no viajen y que se ha revisado al alza pese a que la empresa que iba a explotarlo ha ido reduciendo su resposabilidad en la gestión), hay que contar con la cada vez más consolidada política de las aerolíneas de no operar desde un aeropuerto en el que las cuentas no le acaban de salir si no recibe subvenciones.

Vueling dejó Ciudad Real tras finalizar las ayudas que recibía por volar desde allí. Ryanair lo ha convertido en una forma de vida, como demuestran sus amenazas constantes con dejar de volar ya sea en l'Altet o en Manises. Air Nostrum calcula los beneficios de realizar vuelos desde determinadas ciudades contando las campañas de publicidad institucional que firma. La Generalitat de Catalunya ha impulsado a una moribunda Spanair para relanzar El Prat...

Mucho dinero público que financia negocios de dudosa rentabilidad a no ser que se considere que es social o estratégica. Una opción que, en estos momentos de crisis, cuesta defender, ya que el momento en el que esos vuelos o aeropuertos se consolidarán sin ayuda externa no se atisba en el horizonte.

CAIXA DE MENUT

Acabo con una pregunta para la que, de momento y tras la súbita dimisión de José Luis Olivas el pasado viernes, aún no tengo respuesta. ¿Qué futuro tiene pensado Bankia para el Banco de Valencia? La respuesta no debería demorarse en el tiempo. Nada es peor para el futuro de cualquier empresa, y un banco lo es, que la incertidumbre.