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MADRID. Penúltimo acto de la reforma de las cajas de ahorro, un culebrón que lleva año y medio entre fusiones, inyecciones de capital, salidas a Bolsa y nacionalizaciones, con un alto coste, que en parte pagamos los contribuyentes. Y los mismos directivos que hundieron a las cajas de ahorro, prestando sin control al ladrillo y a Gobiernos autonómicos, se han embolsado 120 millones en indemnizaciones y pensiones de lujo, sin que ninguno haya acabado en el juzgado. Lo peor es que la reforma se ha hecho tan tarde y tan mal que las cajas que quedan están sin fuelle: no prestan, no hacen obra social y encima nos suben comisiones. Y se teme que el próximo Gobierno tenga que hacer otro saneamiento, con más dinero público.

Hace más de dos años, cuando EE UU y Europa recapitalizaron sus bancos, el Gobierno Zapatero no hizo nada, porque teníamos "los bancos y cajas más saneados del mundo". Pero en junio de 2010, con la crisis europea, se intenta el primer parche, aprobando una Ley de Cajas para que se fusionen contra reloj, pasando de 45 cajas a 17, en un intento de que las buenas salven a las malas. En enero de 2011, el Gobierno cambia las normas y les exige más capital (10%), más que en cualquier país del mundo. En marzo, el Banco de España saca la lista de nueve cajas (de las 15) que necesitaban sanearse y buscar capital en seis meses. Y por fin, el 30 de septiembre, nacionaliza tres cajas que no han conseguido inversores privados (Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim), después de intervenir en julio la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en quiebra técnica.

No es casualidad que las tres cajas nacionalizadas sean una gallega y dos catalanas. La Xunta y la Generalitat se han empeñado estos meses en no perder el control de sus cajas, su "juguete", impidiendo fusiones que llevaran el control a otra autonomía (como las castellanas Caja Duero-Caja España, absorbidas por la andaluza UniCaja). Y el Banco de España se lo ha permitido. Resultado: ha habido que nacionalizarlas e inyectarlas 4.751 millones de euros, más otros 2.800 millones para la CAM. Pero no es el único coste: anteriormente, el FROB (Fondo de Regulación Ordenada Bancaria) había inyectado 17.844 millones en CCM, Caja Sur, CAM, Bankia, Catalunya Caixa, Novacaixagalicia, BMN, Unnim y Banca Cívica, la mitad en capital (a ver cuánto se recupera) y la mitad en créditos (a ver cuántos se cobran). En total, 25.395 millones, un dinero en parte nuestro, porque el Presupuesto aportó 6.750 millones al FROB.

Y queda colocar la CAM a finales de octubre, lo que nos va a costar al menos otros 17.750 millones más para encontrar un novio (BBVA, Santander, Sabadell...) que se quede con esta caja su agujero de créditos inmobiliarios irrecuperables. Y van ya 43.145 millones. Eso sin sumar lo que han costado al contribuyente las prejubilaciones de las Cajas: 12.000 empleados que salen a los 55 años y se prejubilan a los 63, otra factura de 1.100 millones a costa del INEM y la Seguridad Social.

Lo peor es que después de haber enterrado casi 45.000 millones en intentar sanear las cajas, una parte ha ido al bolsillo de los directivos que las hundieron: se estima que 70 exdirectivos se han llevado en indemnizaciones y pensiones 120 millones de euros, la mayor parte en NovaCaixaGalicia (47 millones, 16,5 la jubilación del anterior director general) y en la CAM, donde la exdirectora general, despedida, se ha llevado 370.000 euros de pensión vitalicia, después de manipular las cuentas para engañar al Banco de España.

Pero hay más: estos directivos se concedieron créditos a sí mismos y a sus consejeros (76,2 millones NovaCaixaGalicia y 161 millones la CAM), así como a inmobiliarias y constructores afines (en la CAM, un promotor inmobiliario estaba al frente de la comisión de control que concedió 16.000 millones a promotores, incluido él mismo, la mitad irrecuperables), sin olvidar financiar a los Gobiernos autonómicos (dos días antes de ser intervenida, la CAM compró 200 millones de pagarés de la Generalitat), Ayuntamientos, sindicatos e instituciones... Todos ordeñaron la vaca.

Y claro, nadie vigilaba ni protestaba. Y ahora todos se echan las culpas del desaguisado. El Banco de España dice que no es cosa suya vigilar los sueldos de las cajas, aunque los ha autorizado año tras año. Las autonomías tienen la tutela de las cajas, pero "tampoco sabían nada", a pesar de que la Xunta o la Generalitat tenían un representante en la comisión de control donde se veían los sueldos. Los consejeros, desde instituciones a sindicatos, tampoco se enteraron. Y los auditores, cobraban y firmaban (KPMG aprobó las cuentas de la CAM).

Al final, año y medio de una reforma cerrada en falso y con posibles sorpresas. Mejor hubiera sido intervenir las cajas malas hace dos años y sanear por decreto: nos hubiera costado menos. Sobre todo, se hubiera evitado que las cajas, la mitad del sistema financiero, lleven año y medio al ralentí, sin prestar a empresas (eran el oxígeno de las pymes) y particulares, perdiendo negocio en beneficio de la banca. Y los clientes lo pagan, ya que les están subiendo comisiones para sobrevivir. Y han recortado a la tercera parte su obra social (de 2.000 millones en 2007 a 700 este año).

Con todo, el problema es que la costosa reforma actual será insuficiente, porque la crisis va a deteriorar su nuevo capital (tienen 100.000 millones de créditos problemáticos) y van a tener problemas para financiarse en unos mercados cerrados, lo que puede obligar a una nueva inyección de capital (Merril Lynch habla de 23.000 millones más para las nacionalizadas NovaCaixaGalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, la CAM y las presumiblemente salvadas Bankia y Caja3), una segunda oleada de fusiones (lo defiende Montoro, del PP), o ventas a bancos (quedarían menos de 10 Cajas) y nuevos recortes de plantillas y oficinas. O sea, otro saneamiento en unos meses, con más dinero público. Vaya historia.
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Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro

Ilustración: Enrique Ortega