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VALENCIA. Cuando la aparición del Banco Central Europeo parecía relegar la institución española a poco más que un cementerio de elefantes, al estilo de los observatorios que trufaron el panorama político-empresarial hace unos años, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, o MAFO como él prefiere que no le llamen, ha revitalizado y llenado de contenido el Banco de España. En una de las peores (y más interesantes) épocas para ser banquero de banqueros, ha pasado de las llamadas a unión de la banca con aquel "Banqueros de España, uníos" a la calificar la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo como "lo peor de peor". Puestos a buscar calificativos, podría haber tomado un préstamo imposible de Bunbury, para repetir aquello de "No fue bueno, pero fue lo mejor; casi todo salió de otra manera".

La polémica está servida para el rifirafe político entre quién debería haber supervisado y quién no. La competencia en solvencia de las instituciones financieras recae sobre el Banco de España, sin embargo los estatutos de autonomía disponen también de competencias sobre las cajas de Ahorros. Afortunadamente disponemos de una Dirección General de Desarrollo Estatutario, que podrá esclarecer el entuerto e informarnos sobre el grado de desarrollo y cumplimiento de los artículos referentes a las Cajas y su supervisión.

Como informa el IVF en su web, la supervisión prudencial de las Cajas de Ahorros en su territorio es competencia del IVF, junto al Banco de España, en virtud del artículo 55 del Estatuto. Por ejemplo, los directivos de las cajas deben informar al Instituto Valenciano de Finanzas sobre cualquier operación de riesgo que incurran... ¿tan sólo en Valencia, Castellón o Alicante? La segunda directiva de coordinación bancaria de la UE, donde el país de origen se encarga del control global del establecimiento bancario, no parece haber sido trasladada a nuestra peculiar unión autonómica.

Concurren otros factores en la lenta desaparición de las cajas. Aunque la confusa y difusa supervisión no ha ayudado demasiado, el principal es un problema de gobernanza, que las han conducido a una situación de quiebra. El miedo a un segundo Lehman Brothers también ha contribuido. Fue tal el terremoto financiero que ocasionó, que ningún responsable político se atreve a "dejar caer" a una institución financiera (o país). No hace mucho que el Banco de España inyectó, eufemismo de "gastar", 7.750 millones de euros en unas entidades cuya supervisión está dividida en un limbo entre los que prestan el dinero y los que nombran a los consejeros.

Incurren con ello en un riesgo moral evidente que se ha materializado en una gestión alegre e indemnizaciones multimillonarias. Es como conducir un tanque con seguro a todo riesgo, no me importa si lo estrello contra una pared. Entiendo que no todos podemos ser futbolistas y que nos garanticen por convenio que cobraremos a fin de mes, pero si le doy a alguien casi 8.000 millones de euros, me aseguraría poder recuperarlos.

Por último, las cajas se han visto envueltas en un vendaval de poniente, seco y austero, que bajo la justificación de crisis y malversaciones, arrastra por el corredor central todo lo que huele a autonómico. La mayor aportación de las cajas ha sido acercar el crédito y la cultura financiera a la sociedad. Como en buena parte lo han hecho también diputaciones, autonomías, ayuntamientos y empresas públicas. Sin darnos cuenta, un día nos podremos despertar con bancos en vez de cajas, con ministerios en vez de consellerias y con juntas centrales en vez de diputaciones, resolviendo así el dilema económico entre la eficiencia y la equidad.

Concentrar y alejar las responsabilidades despersonalizando la toma de decisiones, economiza. Pero es ingenuo esperar que nos arreglen todos los asuntos desde fuera. Puede incluso que continuemos con los mismos problemas, ya que si no los solucionamos, persistirán aunque se trasladen a 350km o 1.700km de distancia.
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Jordi Paniagua es ingeniero de telecomunicaciones y economista, profesor de la UCV