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MADRID. No hay día sin anuncios de recortes en las autonomías. Pero hay mucho "recorte escaparate", de cara a la galería. Los gobiernos autonómicos tienen que recortar 12.000 millones de euros antes de fin de año, entre el 10 y el 20% del presupuesto. Un ahorro que no se consigue sin meter la tijera en las grandes partidas de gasto: sanidad, educación y gasto social, el 80% del presupuesto. Pero como esto hace mucho ruido, las autonomías del PP han optado por hacer malabarismos con los recortes y retrasar los grandes ajustes hasta después del 20-N, para no entorpecer el triunfo de Rajoy. Pero tendrán que hacer recortes duros a fin de año, como Cataluña. Y también para 2012.

A principios de septiembre se confirmó el temor: las autonomías seguían gastando a su aire. Doce incumplían lo pactado con Bruselas y siete ya habían superado en junio el déficit previsto para todo el año (1,3% PIB). El caso más grave era Castilla la Mancha (4,16% de déficit), seguida de Extremadura (2,59%) y Baleares (2,11%). Otras cuatro estaban muy mal: Comunidad Valenciana (1,92%), Murcia (1,82%), Andalucía (1,49%) y Cantabria (1,40%). Y cinco más superaban el déficit objetivo (0,75 % en junio): Asturias (1,37%), Castilla y León (-1,10%), Cataluña (1,01%), Galicia (0,92%) y Navarra (0,89%). Las demás tenían pequeños déficits, salvo el País Vasco, la única autonomía con superávit.

El Gobierno llamó a capítulo a las doce autonomías incumplidoras y todas prometieron recortes para cumplir a fin de año, salvo dos que lo tienen imposible: Castilla la Mancha y Cataluña (su déficit real subió en 2010 al 4,2% y de ahí tienen que bajar). Para poder conseguirlo, las autonomías tienen que recortar 12.000 millones de euros hasta diciembre, una cifra enorme (Zapatero recortó 15.000 millones en 2010), del 10 al 20% de sus presupuestos.

¿De dónde van a recortar? Cataluña, que lleva meses haciéndolo, es la única que ha puesto en marcha un duro plan de ajuste, del 10%, con recortes en sanidad (1.000 millones), educación y gastos sociales. Las demás autonomías, en su mayoría gobernadas por nuevos políticos del PP, van mostrando poco a poco sus cartas, con más promesas y malabarismos que recortes reales. Dolores de Cospedal, la abanderada popular, ha prometido un recorte del 20% (1.815 millones), pero entre este año y el próximo (no vale: Bruselas nos va a examinar a fin de año).Y con recortes sin explicar, como el ahorro de 400 millones en Sanidad.

Para la mayoría, la primera fórmula de recorte es no pagar, retrasar el pago a proveedores: las autonomías deben 10.000 millones a laboratorios y suministradores, pagan con uno o varios meses de retraso a las farmacias, no pagan a clínicas concertadas o geriátricos, retrasan el pago a ancianos y discapacitados por la ley de Dependencia y hasta dejan de pagar el IBI de edificios públicos (Castilla la Mancha). Otra vía es retrasar obras e inversiones hasta 2012 (que será 2013). La tercera, recortar las transferencias a los ayuntamientos, el eslabón más débil. Y la cuarta, recortar ayudas a empresas (incluso para formación, como Navarra) y a familias.

Todo esto hace poco ruido, aunque afecta a millones de personas, muchas veces los más débiles. Pero como buscan dar imagen de rigor, muchas autonomías han empezado por "recortes escaparate", mediáticos pero con poco ahorro: reducción de consejerías y altos cargos (0,04% del presupuesto de Castilla la Mancha), reducción de coches oficiales (los conductores se quedan), reducción de liberados sindicales (89 en Baleares, con un ahorro del 0,09%). Más efecto tiene la reducción de empresas públicas (1.895 en las autonomías), aunque eso lleva aparejado pérdida de empleos, de momento interinos. Y no se tocan aún las televisiones autonómicas (1.500 millones de gasto) ni las "embajadas" en el extranjero.

La mayoría de los dirigentes autonómicos, salvo Cataluña, no han tocado de verdad las grandes partidas de gasto: sanidad (40%), educación (24%), gastos sociales (7%), transportes (7%), ayudas a vivienda y empleo (4%). Y tampoco las plantillas, que suponen el 45% del gasto corriente (el empleo autonómico creció en 254.000 personas entre 2007 y 2011). Y sin tocar estas partidas, es imposible recortar 12.000 millones para diciembre. Pero hacerlo es muy impopular, por lo que las autonomías del PP tienen una consigna: dejar los recortes más duros para después del 20-N, para no entorpecer el esperado triunfo de Rajoy.

Con todo, es muy poco tiempo y demasiado déficit para hacer sólo recortes. Habría que conseguir más ingresos, pero eso es un tabú ideológico para las autonomías del PP, que han quitado el impuesto de sucesiones y donaciones (sobre las herencias), que recaudaba 2.500 millones. Resulta una provocación que Artur Mas quitara el impuesto de sucesiones a los 100 días de llegar al poder (perdiendo 150 millones de ingresos en 2011) y ahora cierre quirófanos y ambulatorios o deje de pagar la asistencia a ancianos. Otra vía de ahorro sería revisar el Estado autonómico y eliminar duplicidades (de servicios y gastos) con el Estado y los ayuntamientos. Pero haría falta un gran pacto político y nadie está por la labor.

Entre recortes de verdad y otros maquillados, el tiempo pasa y la Comisión Europea ya ha advertido a España que no se cree que cumplamos este año (ni en 2012) con el recorte del déficit prometido a Bruselas, por culpa de las autonomías. Y tampoco se lo creen los mercados. Ni las agencias de calificación: creen incluso que con los recortes, las autonomías van a crecer menos, van a ingresar menos y no van a poder recortar tanto el déficit ni pagar su abultada deuda (133.172 millones).

Vamos, que a Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares o Cataluña les puede pasar como a Grecia: que tanto ajuste les meta más en la UVI. Pero si no lo hacen, tendrá que recortar más el Estado y será peor para todos. Un siniestro dilema. Lo seguro es que con estos recortes autonómicos, que hay que hacer, España crecerá menos y tendrá más paro, este año (sólo en septiembre, la Seguridad Social ha perdido 65.000 afiliados entre personal autonómico, docentes y sanitarios) y el que viene. Por eso, Bruselas y el próximo Gobierno tienen que reanimar la economía con urgencia.
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Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro
Ilustración: Enrique Ortega