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VALENCIA. 9 de Octubre. Día de la Comunidad Valenciana. Rituales cívicos e institucionales. Discursos gubernamentales, críticas de la oposición, manifiestos en la calle y cierta indiferencia ciudadana. Escaparate de líderes políticos y de la sociedad civil. Una oportunidad para evaluar el liderazgo en el seno de la sociedad valenciana y su proyección exterior.

La Comunidad Valenciana no se ha caracterizado por su capacidad de influencia en los centros de poder españoles o, desde 1986, europeos. Pocos políticos, intelectuales, empresarios, sindicalistas u otros miembros de las elites, en sentido amplio, han tenido una posición influyente. Tampoco hay tradición de lobbies propios estables y eficaces. Históricamente, los valencianos que han hecho carrera en Madrid se han comportado como madrileños de origen valenciano y de su posición política, económica o intelectual no se ha generado ningún beneficio singular para la Comunidad Valenciana.

La constatación de este hecho, junto con una cierta idealización del autogobierno foral y la reacción contra el proceso de despersonalización de la sociedad valenciana, llevó a que, en los ambientes intelectuales valencianistas, durante los años sesenta del siglo pasado, se abriese un debate sobre las características de la burguesía valenciana como grupo socialmente dominante y su capacidad para liderar y estructurar la sociedad.

En un primer momento, se afirmó que la sociedad valenciana carecía de liderazgo y de política propia por no tener una burguesía propiamente dicha. Los estudios posteriores evidenciaron la existencia histórica de una burguesía que, obviamente, además de querer defender y conservar su posición social, no vacilaba a la hora de controlar los instrumentos locales del poder político para impulsar lo que entendían políticas favorables a sus intereses y a su modelo de sociedad.

No obstante, se dudaba, y la duda en cierto modo llega hasta el momento presente, de que su dominio social se correspondiera con una capacidad moderna de liderazgo y de proponer proyectos avanzados para la sociedad valenciana. Se concluía, en consecuencia, que la modernización de la sociedad comportaba tener autonomía política y que estaría protagonizada por la izquierda y los sectores más progresistas y abiertos de la burguesía.

Durante la transición, buena parte de la izquierda valenciana asumió este análisis y consideró que los grupos predominantes en la burguesía valenciana tenían un carácter inmovilista. Reforzaba esta idea, el hecho de que, tras la caída del franquismo, la derecha política valenciana vivió un proceso de fragmentación y acabó marginando a los grupos más liberales y apoyándose en los más conservadores y menos proclives a que la Comunidad Valenciana tuviera una autonomía amplia. E

l empresariado valenciano, que en aquellos años hacia frente a una profunda crisis económica y estaba poco organizado, asumía la democracia y veía en el horizonte la entrada en la UE como una gran oportunidad, pero en su mayor parte desconfiaba de la izquierda emergente y del control que ésta podía tener del nuevo poder político autonómico.

Los gobiernos autonómicos: ni California, ni Florida

Con la constitución del gobierno autonómico, en 1983, el PSPV-PSOE, dirigido por Joan Lerma y con una mayoría política indiscutible, impulsó un proceso de modernización social y económica, asentó las instituciones autonómicas y puso las bases del Estado del Bienestar. Sin embargo, no fue capaz de establecer un liderazgo nuevo en la sociedad valenciana, en parte porque no contó con apoyos suficientes en el mundo empresarial.

Como modelo de desarrollo económico, el sueño socialista afirmaba la voluntad de hacer de la Comunidad Valenciana la California europea. Se trataba de aprovechar la capacidad emprendedora valenciana para, con apoyo público, crear empresas innovadoras, vinculadas a las nuevas tecnologías, exportadoras y con empleos de calidad. Su proyecto trató de modernizar y dinamizar los sectores industriales tradicionales y el turismo. La creciente globalización económica y la crisis de 1993 evidenciaron las limitaciones de este sueño. Con todo, la colaboración socialista con sectores del empresariado valenciano fue continua y normal; aunque sus relaciones con las organizaciones y parte de las elites empresariales fueran siempre difíciles y, a menudo, tensas, sobre todo, en los últimos años de gobierno de Lerma.

La derecha valenciana, liderada por un PP presidido por Eduardo Zaplana, llegó al poder de la Generalitat en 1995. Quedaban atrás casi dos décadas en la oposición, divisiones internas y sus reticencias contra las nuevas instituciones autonómicas. El pacto político entre UV y el PP, que permitió la llegada de Zaplana a la presidencia del Consell, fue favorecido por las organizaciones empresariales y se cerró en el despacho de Federico Félix, presidente de AVE.

Zaplana demostró, muy pronto, una notable capacidad para liderar a la mayor parte del empresariado valenciano. El proyecto económico del PP marcó muy pronto diferencias notables con el que habían tratado de impulsar de un modo un tanto voluntarista los socialistas y embarcó a la práctica totalidad del empresariado, sin reticencias importantes, a diferencia de lo que había ocurrido con las políticas socialistas.

El análisis zaplanista de la realidad valenciana concluía que era inviable hacer de la Comunidad Valenciana un centro de innovación empresarial y económica en los términos que apuntaban los socialistas en los años ochenta. Nunca íbamos a ser la California europea. Sin embargo, podíamos convertirnos en la Florida de Europa, el lugar donde millones de personas quisieran pasar sus vacaciones. Una tierra de servicios y negocios vinculados al desarrollo turístico y al ocio. A partir de ahí, se desarrolla una política de crecimiento urbanístico, parques temáticos y grandes eventos, que avanza en paralelo a una coyuntura internacional favorable, con un flujo constante de crédito fácil por parte de los bancos y cajas, especialmente de Bancaja y la CAM, y un endeudamiento creciente de la Generalitat tanto en los ocho años de mandato de Zaplana, como, sobre todo, durante el gobierno de Camps.

El espejo del presente

Si la globalización y la crisis de 1993 señalaron los límites del modelo económico de desarrollo del PSPV-PSOE, la crisis de 2008 ha puesto fin al sueño del PP y muestra muchas de las limitaciones del proyecto político conservador y de la apuesta política del grueso del empresariado valenciano en las dos últimas décadas.

Ahora, si somos capaces de mirarnos en el espejo para comprobar qué es lo que realmente somos, cuáles son nuestras debilidades y qué fortalezas tenemos, no deberíamos evitar una mirada autocrítica para entender porqué estamos donde estamos y tratar de no volver a repetir los errores cometidos. Sin embargo, si entre la clase política la autocrítica es escasa, aún parece menor en las organizaciones empresariales (y del resto de la sociedad civil).

Pero alguna cosa habremos hecho mal cuando las viviendas de nueva construcción por vender en la Comunidad Valenciana, puestas juntas y en un mismo lugar, darían forma a una ciudad más grande que Alicante completamente desierta, o cuando la deuda privada imprudente es enorme y la deuda de la Generalitat es de las más altas de España.

Alguna responsabilidad tendrán el partido en el gobierno y los grupos sociales y empresariales que le han apoyado sin fisuras durante años cuando hemos perdido las dos cajas de ahorro valencianas por culpa de una gestión irresponsable y recompensada con sueldos millonarios. O cuando la productividad de nuestra economía es baja, y el valor añadido de mucho de lo que producimos escaso, mientras los sectores económicos industriales y más innovadores de nuestra economía han perdido fuerza, tenemos unas tasas de paro más elevadas que la media española y un nivel de economía sumergida y de fraude fiscal insoportable. No se trata de ser catastrofista, pero es evidente que algo hemos hecho mal. La autocrítica y el análisis de los errores son ejercicios necesarios si queremos afrontar el futuro con garantías.

Retos de futuro

Los años de crisis que tenemos por delante van a ser largos y decisivos. Si tienen razón los historiadores de la economía, nos espera una década de dificultades. Teniendo en cuenta que la izquierda valenciana es débil, tiene un nivel de gobierno marginal en una minoría de ayuntamientos, está fragmentada, carece de líderes y de relato para constituirse en alternativa política y social en los próximos años, al PP le corresponde el liderazgo político, social y ético de la sociedad valenciana. La responsabilidad de la gestión de la crisis es de la derecha política valenciana y, por extensión, del sector que se reclama más dinámico de la sociedad civil, el empresariado valenciano.

La agenda política es urgente. El PP valenciano y el presidente Alberto Fabra deberán hacer frente, en los próximos meses, retos básicos para determinar el futuro de la sociedad valenciana y su fortaleza en España y en Europa. Desde la reducción de la deuda hasta determinar qué Estado de Bienestar público se quiere desarrollar y definir un modelo de crecimiento económico que deje atrás los sueños de californias y floridas imaginarias, permita un desarrollo económico con bases sólidas y reduzca la lacra de la economía sumergida y el fraude.

Paralelamente tendrá que defender con claridad un modelo valenciano de financiación autonómica que sea justo con la Comunidad Valenciana y no ahogue nuestra economía. Dentro de unas semanas, ya no bastará con acusar al PSOE de todos los males de la Comunidad Valenciana, incluida la insuficiente financiación valenciana, como acaba de hacer el presidente Fabra, e ignorar, a la vez, que la mala financiación es producto de un sistema aprobado en 2002 y reformado en 2009 con la aquiescencia, cuando no el protagonismo, de Zaplana y de Camps.

La colaboración entre los gobiernos y los empresarios, como con los agentes sociales, es esencial para el éxito de las políticas económicas y la cohesión social, pero la adhesión acrítica es contraproducente. Resulta paradójico que sectores industriales, financieros y de servicios del empresariado valenciano, no siempre minoritarios, hayan resultado más perjudicados que beneficiados por las políticas del PP valenciano y que, sin embargo, no hayan expresado críticas de ningún tipo a las políticas económicas valencianas de los últimos 16 años.

Es posible que parte de ese apoyo se deba a la cercanía social e ideológica o al hecho más prosaico de que el PP controlaba los mecanismos de financiación de la mayor parte de las empresas valencianas a través de las cajas de ahorro y de las subvenciones y contrataciones públicas. Con todo, sorprende la impotencia política y la subordinación de sectores importantes del empresariado valenciano hacia políticas que eran contradictorias con sus intereses inmediatos.

Hay que superar las lógicas de los últimos años. El PP tendría que comprender que, con todo el poder en sus manos, es el momento de un nuevo liderazgo, de políticas menos sectarias y con más sentido de la proporción y la responsabilidad. Al empresariado valenciano le corresponde asumir que no es un grupo social homogéneo y que su realidad es demasiado compleja, plural y dinámica como para subordinarse de manera acrítica al poder político.