JAVIER GILSANZ / Ilustración: ENRIQUE ORTEGA. 06/10/2011 "España es el país europeo con menos concursos de acreedores, por su escasa eficacia: 7.000 esperados este año. En Francia habrá 50.000, en Alemania 30.000 y en Gran Bretaña 18.000, muchos de particulares (aquí sólo hay 1.000 al año)..."

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MADRID. En el último Pleno de la Legislatura, el Congreso aprobó la nueva Ley Concursal, la tercera norma en los últimos 7 años que intenta impedir que empresas con deudas se liquiden. Hasta ahora, la crisis ha disparado los concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), aunque las empresas recurren a ellos mucho menos que en otros países, porque son poco útiles para sobrevivir. Ahora, la nueva Ley busca favorecer los acuerdos con acreedores (sobre todo bancos y Cajas) y acortar plazos y costes. Pero se retrasa seis meses aprobar una norma para regular el pago de deudas de particulares, que ha disparado los embargos por impago de hipotecas.

Con la crisis se dispararon los concursos de acreedores a partir del otoño de 2008: de una media de 1.000 concursos anuales entre 2005 y 2007 se saltó a 6.197 en 2009 y se espera batir el record este año 2011, con unos 7.000 concursos. El concurso es el último recurso de una empresa agobiada por las deudas, aunque también se ha abusado y hay empresarios que lo han utilizado para escapar de pagar a sus acreedores. El problema es que las dos normas anteriores (Ley Concursal de 1993 y real decreto 3/2009) no han servido y el 90 % de las empresas en concurso acaban liquidándose.

Por eso, la mayoría de empresas con problemas no utilizan el concurso, sobre todo las grandes: el 68,4 % de las concursadas son pymes, empresas con menos de 2 millones de negocio y menos de 10 empleados, aunque los casos más sonados hayan sido grandes inmobiliarias (Martinsa Fadesa, el mayor concurso de la historia, con 7.000 millones de pasivo, Habitat, Nozar, Tremon, Sacresa, Aifos, Llanera, Labaro...), agencias de viajes (Marsans), aerolíneas (Air Comet, Futura,Gadair, Quantum), textiles (Musgo, Coronel Tapioca, Torero, Festa), Nueva Rumasa y hasta 23 equipos de fútbol (12 están en concurso esta temporada). Con todo, España es el país de Europa con menos concursos de acreedores, por su escasa eficacia: frente a los 7.000 esperados este año, en Francia habrá 50.000, en Alemania 30.000 y en Gran Bretaña 18.000, muchos de particulares (aquí sólo hay 1.000 al año).

La nueva Ley Concursal, que entra en vigor en enero de 2012, intenta facilitar la renegociación de las deudas y agilizar el proceso, para evitar la liquidación de la empresa. La mayor novedad es que fomenta acuerdos entre la empresa y una mayoría de sus acreedores (60%), cuando ahora sólo se admitían si aceptaba el 100%. La medida puede evitar que una empresa llegue al concurso, aunque se critica que favorece a bancos y Cajas, que van a imponerse al resto de acreedores. También se facilita a las entidades financieras que aporten dinero fresco a las empresas con problemas, ya que esta financiación tendrá prioridad de cobro. Y se acortan plazos y costes en los concursos sencillos, para que no duren 3 ó 4 años como ahora. Además, los Clubs de fútbol que tengan deudas con jugadores y otros Clubs al 31 de julio de 2012 bajarán automáticamente de categoría.

Otro cambio importante es que en vez de tres administradores concursales habrá uno (economista, abogado, titulado mercantil o auditor), con más poder y más medios, aunque se abre este campo a las sociedades, a los grandes bufetes y auditoras, algo que se ha criticado por tema de incompatibilidades: suelen tener como clientes a bancos y posibles acreedores y acabarían siendo juez y parte. Otro tema polémico es la elección de administrador, que está en manos del juez. En la mayoría de concursos, el administrador cobra poco o nada, pero en los grandes hay una elevada minuta en juego (5 millones de euros en Martinsa o 2,1 millones en Habitat). Y ya se ha denunciado connivencia entre jueces y algunos administradores, que pululan por los juzgados ofreciendo sus servicios (como los visitadores médicos...), con lobbies de economistas y abogados que ofrecen conferencias pagadas a jueces que les nombran como administradores. Por eso, se pedía clarificar el proceso y hacer oposiciones.

Para muchos, esta tercera reforma legal llega tarde, cuando la mayoría de empresas con problemas ya han caído. Y habrá que ver si dura: el PP (que no consiguió incluir muchas enmiendas) ya dijo el mismo día que se aprobada que "probablemente haya que reordenarla"...Con todo, el mayor problema es que no resuelve las deudas de los particulares y familias, a los que sigue tratando como a empresas (el juez tiene que autorizar, por ejemplo, el pago del colegio o el cobro de la pensión del concursado). El Congreso ha aprobado que el futuro Gobierno apruebe una norma en 6 meses, para hacer frente a un problema peliagudo: los impagos de las familias (hay 400.000 hipotecas con morosidad) y los embargos por impago de hipotecas (que han crecido un 36 % este año).

La Ley es un avance, pero será insuficiente si no se reforma la Justicia, ya que los juzgados mercantiles están colapsados, con pocos medios y pocos jueces, algo que busca arreglar la modernización de la Justicia aprobada también en el último Pleno. Pero sobre todo, para evitar la quiebra de empresas, hace falta que consigan vender, que tengan financiación, que les baje la morosidad para que ellos también puedan pagar y no entren en concurso. Y con la economía estancada, creciendo menos del 1 por 100, sin consumo y con la exportación más difícil por la crisis europea, muchas empresas seguirán siendo carne de concurso también en 2012. Por eso, hace falta que la Ley funcione y las salve del cierre.
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Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro

Ilustración: Enrique Ortega