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VALENCIA. Como Hamlet en su monólogo, el Consell parece paralizado ante un dilema al que no da respuesta: o pone fin a buena parte de lo que han sido sus políticas en los últimos años y desmantela tramas clientelares, o lleva a cabo una socialización asimétrica y no equitativa de la deuda. Las consecuencias son imprevisibles. En ambos casos.

La forma en la que las distintas administraciones afrontan las políticas de recortes es poco ejemplar y alimentan algunas de las visiones más pesimitas sobre la clase política. Afirmaciones contradictorias, anuncios y rectificaciones, argumentos oportunistas y mezquinos contra el adversario, demagogia contra los trabajadores públicos, sistemas de prioridades confusos y cambiantes, decisiones improvisadas. Y, sobre todo, la impresión de que cada Administración, en los distintos niveles de gobierno (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Gobierno central), aunque esté dirigida por un mismo partido, toma sus decisiones con una lógica propia, una intensidad distinta y unas prioridades diferentes. No existe una hoja de ruta común.

¿El debate político al margen de la realidad?

Se toman las decisiones de manera reactiva, obligados por la necesidad, pero ni en la Comunidad Valenciana ni en España, nadie, ningún partido ni institución política, ha hecho un análisis detallado y público de la realidad. Nadie ha hecho una evaluación profunda de todas las áreas de gasto y ha propuesto su racionalización y una priorización ordenada de lo que se debe recortar de forma definitiva o transitoria. Lejos del debate político que sería necesario, los principales partidos siguen funcionando con la inercia de unas formas convencionales y poco constructivas de confrontación política, aunque no se correspondan con la gravedad de la situación social y económica de nuestro país en estos momentos. Ritos del pasado.

Esta semana, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se han prodigado en promesas a pensionistas y funcionarios y sus partidos han competido en acusaciones al rival sobre quien desmantela con más intensidad el Estado del Bienestar. Y, mientras ocurría esto, en Europa, Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, afirmaba que no duda que "la formación política que dirigirá España dentro de unas semanas continuará los esfuerzos de consolidación en marcha".

En otras palabras, gobierne quien gobierne, y prometa lo que prometa en la campaña electoral, deberá aplicar la receta europea para combatir la crisis: recortes y austeridad. Paradójicamente, aunque el marco general de nuestra política lo marca Europa, ningún partido discute políticamente el sentido y la bondad de las decisiones europeas. Es más, ni tan siquiera hay debate sobre las estrategias para la aplicación, sin discutir, de las recomendaciones europeas.

Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana, el tiempo pasa y cada vez es más desesperante la falta de decisión del Consell. Alberto Fabra fue saludado como un soplo de aire nuevo después de unos años políticamente agónicos, pero hasta el momento sólo parece querer ganar tiempo y hacerse fuerte. Para ello, explota su principal capital político: la debilidad de la oposición y que, con su llegada, el PP valenciano ha salido del desgaste y la deriva personalista de Camps. Su oferta de diálogo con la oposición es genérica en todos los aspectos propuestos y está más cerca de ser un juego de distracción que una iniciativa hecha para llegar a acuerdos. Entre tanto, se sigue sin saber cómo plasmará su gobierno en medidas concretas las cada vez más numerosas (y contradictorias) declaraciones de sus consellers. Más ruido que nueces.

Tampoco la oposición reacciona. Jorge Alarte, privado del recurso fácil y de nulo rendimiento electoral del caso Gürtel, recurre al argumentario oficial de su partido sobre los recortes al Estado del Bienestar del PP, pero ni encuentra el tono de expresión adecuado ni crece como líder de una alternativa política. Morera y Sanz se acomodan en una oposición de recorrido secundario y sin aspiraciones a tener responsabilidades de gobierno.

Sin explicación ni sistema de prioridades

En un ambiente social dominado por la preocupación y el miedo a que lo que pueda venir sea peor que lo que estamos viviendo, se echa en falta que nuestros responsables políticos expliquen porqué hacen lo que hacen. Porqué se toman unas medidas y se ignoran otras. Porqué, por ejemplo, en estos momentos, Lola Johnson anuncia que se mantendrá la Fórmula 1, o porqué los altos cargos de la Generalitat no se han reducido en las cifras anunciadas y muchos de ellos cobran bastante más que el president de la Generalitat, mientras no se puede pagar a los proveedores. El recurso al eslogan y a los lugares comunes ya no vale. Hace falta altura política, capacidad pedagógica, transparencia y explicación clara de lo que se hace y su porqué.

En todos los partidos y niveles de gobierno de España, se dice que no tocarán los servicios sociales básicos (pensiones, dependencia, educación y sanidad) y que antes se recortará en otras cosas. Gastos superfluos, infraestructuras, eventos... Pero los servicios públicos básicos ya se han visto afectados por las primeras medidas y lo serán aún más si los recortes se multiplican. Sólo hay que ver lo hecho en el último año por Zapatero, Esperanza Aguirre o Artur Mas, por poner sólo unos ejemplos. Lo cierto es que no existe un programa general que ordene qué recortes son los primeros y cuáles deben ser evitados a toda costa. Y tampoco nadie ha considerado que para reducir la deuda, además de controlar el gasto, se deben aumentar los ingresos y que es urgente una reforma que haga más equitativo nuestro sistema fiscal o perseguir el fraude.

Debilitar el clientelismo o socializar de manera asimétrica y no equitativa el pago de la deuda

Aún más, de momento, en las comunidades autónomas, la lógica de comportamiento que parece dominar es que, donde el partido en el gobierno es el mismo de los últimos años, los intereses del partido frenan las decisiones más ambiciosas del gobierno. Por el contrario, donde un partido acaba de llegar al poder, no le tiembla la mano para desmantelar empresas, instituciones y todo lo considere innecesario.

Eso explica que el PP actúe de manera diferente en Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana. O que el conseller José Manuel Vela diga que tiene que convencer, aunque no será fácil, a los políticos del PP de la necesidad de dejar de financiar tantos grandes eventos y proyectos de dudosa rentabilidad. Vela, sin duda, es un buen conocedor de la situación de las arcas de la Generalitat, fue alto cargo del Consell y corresponsable en los años de alegría en el gasto y endeudamiento fácil. Sabe porqué estamos como estamos y ahora vive las dificultades para encontrar ingresos y pagar las facturas. Quizás por eso es consciente de que decisiones coherentes y drásticas para recortar el gasto afectarían negativamente a los intereses y las clientelas que alimentan al PP valenciano. Algo que también teme Fabra.

Pero más pronto que tarde habrá que actuar y responder al dilema de cómo reducir la deuda. No hay muchas alternativas. O se establecen unos criterios claros y socialmente equitativos sobre el orden de prioridades para reducir el gasto y aumentar los ingresos, aunque eso implique romper redes clientelares o se socializa la reducción de la deuda entre los sectores social o políticamente más frágiles. Las dos opciones tienen costes políticos, pero no tienen el mismo coste social.

Dicho de otro modo, es necesario saber si el Consell optará, cuando algún día tome medidas de calado, por replantearse -radicalmente y sin que le tiemble la mano- RTVV, la Fórmula 1, los eventos, los edificios caros y poco rentables, las infraestructuras e instalaciones social y económicamente deficitarias, las fundaciones y las empresas públicas de utilidad discutible, los centenares de asesores políticos, los sueldos millonarios de directivos amigos y todos los privilegios asociados a los cargos públicos (teléfonos móviles, coches oficiales, comidas, dietas, viajes y demás prebendas).

O, por el contrario, sus prioridades se orientarán hacia lo más fácil: socializar la deuda. Reducir el sueldo y el número de funcionarios (médicos, profesores, policías, trabajadores en oficinas oficiales, bomberos), retrasar los pagos a las empresas suministradoras de bienes a la Administración pública, y recortar los servicios públicos de Bienestar, reforzando indirecta o directamente a los privados.

¿Qué más tiene que pasar en la Comunidad Valenciana para que el Consell (y la oposición) entiendan que no se puede seguir perdiendo tiempo? Hay que dejar de responder a esta crisis con lógicas del pasado porque la realidad está cambiando y las ideas, instituciones, políticas, sistemas de intereses y formas de actuación que hasta ahora han funcionado están también en crisis. Todos, Gobierno y oposición, parecen ignorar que nadie ha vivido una situación como ésta. Cuanto más tiempo perdamos y más nos condicionen los intereses partidistas y las ideas del pasado más tardaremos en salir de la crisis y peor lo haremos.