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VALENCIA. Una situación que ha venido reconociendo útimamente en un ejercicio inusual el propio conseller de Hacienda, José Manuel Vela, al admitir, entre otras cuestiones no menos importantes, que de los vencimientos de deuda de agosto en Consell solo ha podido renovar menos del 5% (12 millones de 400). Y que con los mercados de crédito cerrados, el impago es inevitable a menos que el Gobierno central salga en ayuda de la Generalitat. O lo que es igual: que sin la "patada adelante" de nuevas emisiones para cubrir las que vencen no hay solución posible a menos queel Estado pague tanta irracionalidad.

Algo parece callar el conseller, sin embargo, cuando según los datos del Banco de España, el total de la deuda en circulación de la Comunidad Valenciana ha aumentado en 1.584 millones durante el primer semestre del año. Una cifra que representa un aumento del 8,35 sobre el cuarto trimestre de 2010, y que sitúa su cuantía absoluta en el 19,9% del PIB. Ambos porcentajes son insostenibles y reflejan una situación dramática en un contexto de reducción de ingresos ante la caída de la recaudación tributaria. Aun más grave: ponen de relieve que, al menos hasta el 30 de junio, no se ha llevado a cabo ninguna medida de ajuste. A pesar de saberlo insostenible se siguió con el mismo ritmo de gasto insostenible y derrochador.

En este contexto los objetivos de austeridad expuestos por el conseller Vela, que a buen seguro ratificará el jueves próximo en su comparecencia en las Corts, son algo más que una necesidad. Es una lástima que su manfiesta determinación para llevarlos a cabo no se hubiera producido durante su trayectoria anterior. El aumento imparable de la deuda en los últimos años ha tenido lugar mientras él era parte relevante del organigrama de una consellería que ha incumplido sistemáticamente cualquier plan de ahorro y control de la deuda, sin que el argumento de la "obediencia debida" le exima completamente de una responsabilidad a la que ahora deberá hacer frente con algo más que intenciones.

Y mientras la deuda sigue aumentando, los proveedores sin cobrar y alguna multinacional farmacéutica amagando con no suministrar sus productos ante la cuantía de la deuda autonómica, el Consell parece carecer de la urgencia, dirección política y decisión que exige la crítica situación. No es sólo con el presupuesto de 2012 como se puede empezar a realizar una gestión razonable de las cuentas públicas que necesitan mucho más que la supresión de los liberados sindicales para evitar el desastre. Además de transparencia y buena suerte, las decisiones para atajar el despilfarro son imprescindibles. Es desde ahora mismo, desde ayer, cuando hay que empezar a poner coto a tanto desorden y desafuero.