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VALENCIA. La presidenta de Castilla La Mancha ha anunciado una drástica reducción del gasto público en su comunidad autónoma para avanzar con rapidez en la reducción del déficit público de la misma. Es, hasta el momento, el plan de ajuste más radical anunciado en una autonomía española y dada la relevancia política de María Dolores de Cospedal algunos analistas polítivos lo han considerado un preludio de la política presupuestaria que aplicaría el PP en caso de resultar vencendor en la elecciones generales del 20 de noviembre próximo.

Pero dejando de lado consideraciones políticas, no objeto de este foro, la cuestión a debatir esta semana es si es éste el camino adecuado para sanear la economía y acelerar la recuperación de la economía española y/o de sus comunidades autónomas, si deben o no el resto de CCAA con fuertes déficits acumulados seguir el mismo camino y alcanzar el déficit cero lo antes posible y si no se corre el riesgo en momentos como los actuales de atonía del sector privado de agravar la crisis con estas políticas.

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JAVIER FERRI, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia

"El gasto público gestionado por las Comunidades Autónomas representa aproximadamente el 40 por cien del gasto público del Estado. Además, la evolución en los últimos dos años del déficit público (agregado) de las autonomías ha sido mucho peor que el de la administración central. O se cambia la tendencia o no será posible alcanzar el objetivo del 1.3 por cien del PIB establecido para todo el año en el conjunto de autonomías. Dentro de las comunidades, no todas están igual de mal en este apartado de las cuentas públicas. Castilla la Mancha, Murcia, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana tienen que hacer un esfuerzo muy superior al resto. No parece que la mala gestión haya entendido de colores.

Cambiar la tendencia representa gastar significativamente menos o ingresar significativamente más, lo que equivaldría a utilizar las distintas figuras tributarias para aumentar la presión fiscal. Demagogias aparte (no entiendo cómo en España no han dado un paso al frente una decena de virtuosos empresarios millonarios para inmolarse en el altar de la responsabilidad social corporativa a cambio de un jugoso dividendo en términos de publicidad), con más de un 20 por cien de parados y un tejido empresarial en proceso de recomposición, no parece existir mucho margen por esta vía. Lo que nos lleva a la inevitabilidad de una reducción del gasto público.

Pero no un recorte indiscriminado del gasto público. Si de algo estamos sobrados en España es de duplicidades e ineficiencias en la Administración, y de burócratas y gestores que sólo aspiran a mantener su silla caliente. Hay que cambiar el modelo de gestión de la Administración pública. Ahí está el verdadero ahorro estructural. Pero sin santuarios. En la educación (pública), tan fundamental para determinar lo que seremos como sociedad y como economía en el largo plazo, también hay margen de mejora en la gestión, y mucho mayor cuanto más avanzamos en la pirámide, con la universidad en la cima".

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JUAN LATORRE, director de KPMG en la Comunidad Valenciana

"Ante una situación como la actual, con el déficit de nuestras Administraciones Públicas, el punto básico es sí como gestores y/o ciudadanos, queremos o no asumir la realidad tan difícil como la actual.

Tenemos unos gastos que superan a los ingresos, una deuda que se supone que debemos devolver. En el intermedio, seguimos pidiendo más préstamos, pero los que tienen que cobrar en el futuro esas deudas no nos prestan porque tienen dudas sobre nuestra solvencia, o posibilidad de que podamos pagar esas deudas ya asumidas. En una palabra: confianza, o falta de esta confianza que es mucho peor. A partir del diagnóstico debe de actuarse lo más rápidamente posible para recuperar cuanto antes esa confianza en nuestra gestión. El debate no es sí un 20% ó un 30%, cada gestor público o privado analizará sus ingresos reales, sus gastos, su diferencial y cómo hacer frente a sus compromisos. Cuanto más tiempo tardemos en llevar a cabo esta evaluación, más grande será el problema y las posibles soluciones más difíciles de llevar a cabo.

Es posible que inicialmente, esas políticas afecten al sector privado y puedan reducir más su actividad, pero también es seguro, que en la actual situación, una parte fundamental de la falta de fuentes de financiación del sector privado es consecuencia directa de la falta de toma de decisiones efectivas del sector público en su conjunto". 

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MANUEL ILLUECA, Universidad Jaume I e Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

"A pesar de la intervención del Banco Central Europeo, las condiciones de acceso a la financiación se han endurecido en las últimas semanas. El diferencial de tipos de interés del Bono español a 10 años con respecto al Bund alemán ha vuelto a superar la barrera sicológica de los 300 puntos básicos, y el diferencial a un año ha aumentando dramáticamente a lo largo del mes de agosto. Por ello, no es extraño que las Comunidades Autónomas aprueben medidas de austeridad que permitan reducir de forma significativa sus necesidades de financiación. Sin margen para la actuación en materia presupuestaria, la reducción del déficit ha dejado de ser una opción política para convertirse en un objetivo compartido por las principales fuerzas políticas.

Sin embargo, la austeridad fiscal por sí sola no facilitará la recuperación económica ni contribuirá a generar empleo. El ritmo de crecimiento de la economía mundial se ralentiza y ello afectará negativamente a nuestras exportaciones. Con una demanda interna deprimida por las elevadas tasas de desempleo, sería deseable acompasar la reducción del gasto público con la introducción de reformas estructurales que aumenten nuestra competitividad. España necesita tiempo para que las políticas de oferta surtan efecto. Y ello requiere de un acuerdo político que nuestros socios europeos no parecen dispuestos a aceptar".

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JORDI PALAFOX, catedrático de Historia de las Instituciones Económicas

Pagar las deudas es una obligación, aunque ahora las Administraciones públicas no pagan muchas de ellas. Si no se quieren subir los impuestos –ni mejorar los ingresos combatiendo el elevado fraude- y los ingresos caen, la única alternativa es reducir el gasto. Llamar a la rebelión fiscal como la alcaldesa de Valencia, que veremos qué hace si Rajoy gana el 20N, no es una alternativa fuera de la demagogia de las repúblicas bananeras.

Por tanto, Cospedal marca el camino al que, por otra parte, ya se ha sumado el Consell con una reducción, la primera, de 400 millones. De cerrar RTVV nada de nada. Lo que es claro es que de dónde se reduce el gasto no es neutral socialmente. No es lo mismo dejar de pagar las ayudas de los dependientes que suprimir fundaciones y organismos que nada hacen, o bajar los sueldos a los altos ejecutivo de un sector público empresarial que evita la suspensión de pagos sólo por las inyecciones de capital de la Generalitat. O su propio sueldo en el caso de Cospedal, que según se publicó cobra más de 200.000 al mes.

En todo caso, es dudoso que si la recuperación no se acelera sólo reduciendo gasto se pueda pagar la ingente deuda de algunas CCAA como la valenciana o de ayuntamientos como el de Valencia. Con la financiación mayorista cortada por el desgobierno pasado, más pronto o más tarde opino que habrá que contemplar aumentar tasas e impuestos. Lo malo es que, como en el pasado, es más que probable que el debate sobre cuáles pille a la oposición de vacaciones.

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VICENTE CARBONA, especialista en comunicación y márketing, licenciado en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston

"Es difícil escapar a la sensación de que todo esto es "demasiado poco, demasiado tarde". El PP quiere hacerse ver como el partido de la austeridad y buenas ideas, pero ¿dónde han estado hasta ahora? Juzgando por las CC. AA. que gestionan, el PP siempre ha sido parte del problema. Y como casi todas las iniciativas políticas españolas, el Plan de Garantía, etc., de C-LM puede considerarse desde dos perspectivas, la útil y la interesada.

La idea de recortar gastos prescindibles e institucionalizar la austeridad para preservar los servicios básicos, se debería haber empezado a adoptar en serio por toda España comenzando al menos en el 2008, cuando la crisis ya asomaba las orejas. ¿A nadie se le había ocurrido antes que para que un presupuesto (o una inversión) siga sano y dando fruto, hay que saber podarlo bien de manera cíclica?

La segunda observación que provoca la lectura de este documento es que parece que todo esto se está haciendo de manera precipitada, sin un análisis profundo de modos y maneras, o un desglose apropiado de costes/beneficios. Menos que un estudio profesional, parece ser un berrinche con tintes electoralistas, y por lo tanto, fundamentalmente viciado".