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VALENCIA. Después de las elecciones autonómicas, parecía que se iba a poner fin a la ausencia de gobierno de los últimos años. Sin embargo, en el último mes se ha detenido, de nuevo, el tiempo de las decisiones y las iniciativas políticas concretas. Ocurre en el Gobierno y, más aún, en la oposición. Camps es un recuerdo del pasado. Las propuestas de Vela y Verdeguer han pasado a un segundo plano después de haber concentrado la atención en el mes de julio y el resto de miembros del Consell son poco relevantes de momento. El nuevo presidente acapara toda la atención. De Fabra llegan buenas palabras y un discurso sensato. Sin solución de continuidad hemos pasado del mundo feliz de Camps a mostrar una realidad cada vez más cruda y cierta. Es un avance importante, aunque insuficiente.

Berlín, Madrid, Valencia

Contrasta la relativa quietud de la política valenciana con las tensiones vividas en España y en Europa, donde en las últimas semanas se han tomado decisiones de consecuencias poco predecibles. Berlín (y París) evidenciaron, una vez más, que las instituciones europeas no tienen capacidad suficiente para hacer frente a la crisis y que ellos son el poder europeo real. Decidieron socorrer a la deuda soberana española, que durante unos días vivió al borde del desastre. España, país tutelado desde el 10 de mayo de 2010, está ahora semiintervenido.

En Madrid también ha sido un verano difícil y extraño. Por un lado, desde que a mediados de julio Alfredo Pérez Rubalcaba abandonó el Gobierno y se convirtió en candidato oficial del PSOE, Zapatero ha empezado a actuar como expresidente y quizás por eso se ha reunido discretamente en La Moncloa con Aznar para hablar de España, de Europa y de Rajoy. Por otro lado, como contrapartida al apoyo de Berlín para salvar a la deuda española, Zapatero impulsa una reforma substancial de la Constitución, mediante un procedimiento de urgencia que, independientemente de su contenido, está siendo aprobada con poco entusiasmo y un consenso preocupantemente inferior al de 1978.

Mientras tanto, en la periferia valenciana, la realidad financiera de la Generalitat es cada día que pasa un poco más difícil. Las malas noticias se multiplican. Hay problemas para pagar a los proveedores. La deuda de las fundaciones y organismos públicos aumenta. RTVV es una ruina. Lo que se paga por los intereses de la deuda no deja de crecer. Lo perdido por las reducciones de impuestos de la última década se echa en falta en estos momentos. El Consell tiene dificultades para conseguir crédito. Las facturas de los alegres años de Zaplana, Olivas y Camps vencen ahora y no hay dinero. Mal momento para ser conseller de Hacienda o de Economía.

Fuera de la Administración pública, la realidad no es mejor. La crisis está afectando con especial intensidad a la sociedad valenciana. Se ha llevado ya por delante a miles de empresas, tejido industrial, emprendedores e inversiones. Tenemos cerca de 600.000 parados, casi uno de cada cuatro trabajadores potenciales. Hemos perdido las principales entidades financieras valencianas (Bancaja y la CAM). Se ha reducido el nivel de riqueza general. El estallido de la burbuja urbanística ha generado miles de residencias vacías. El sistema productivo está desestructurado y carece de políticas públicas de la Generalitat que ayuden a reactivarlo. Además, no hay que olvidar que la crisis está en la base de un malestar social y político cada vez más intenso. El deterioro de unos servicios públicos del Estado del Bienestar empieza a debilitar su función de cohesión social, mientras las encuestas señalan un incremento de la desafección democrática y el populismo se abre paso.

Los recortes de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana

El pasado 1 de septiembre el presidente Fabra habló de un futuro plan para reorganizar la Administración que generaría un ahorro anual de 400 millones de euros. Pero este plan, como otros que se han sugerido, está por concretar y habrá que esperar a que se conozcan los detalles. De momento, cabe recordar que la reducción de altos cargos del pasado mes de junio se anunció del 30% y luego fue inferior a lo publicitado: se quedó en el 21% en los miembros del Consell, un 17% en los altos cargos del gobierno y en el 20% en los asesores políticos.

En cualquier caso, lo que propone la Generalitat Valenciana no se parece todavía a las decisiones y debates en torno a la deuda autonómica de Cataluña y, sobre todo, de Castilla-La Mancha, las dos comunidades con las que compartimos el dudoso honor de ser los más endeudados con respecto al PIB regional, según los informes del Banco de España para el primer trimestre de 2011. La Comunidad Valenciana tiene una deuda de 17.895 millones, el 17,4% del PIB valenciano y un 130,5% del presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2011. La deuda de Cataluña es de 34.323 millones, el 17,2% del PIB catalán y un 106,1% de su presupuesto para 2011. Mientras que Castilla-La Mancha tiene una deuda oficial de 6.106 millones (el nuevo Gobierno del PP la eleva a cifras de momento inconcretas entre los 7.000 y los 10.000 millones), el 16,9% del PIB castellano-manchego y un 70,9% de presupuesto regional para 2011.

En Castilla-La Mancha, Cospedal ha anunciado el plan de recortes más general y proporcionalmente más grande de todas las comunidades autónomas. Pretende conseguir un ahorro de 1.800 millones hasta diciembre de 2012. Cerca de 200 millones con cargo a los presupuestos de 2011 y el resto en los de 2012. Se pasaría de 8.600 millones de presupuesto en 2011 a unos 7.000 para el próximo año. Una recorte cercano al 20%. Según el plan anunciado, se aumentarán los ingresos de la Junta de Castilla-La Mancha en 100 millones de euros por venta de patrimonio, y habrá reducciones de 300 millones en gasto de personal, 400 en subvenciones a empresas, 250 en infraestructuras, 400 en sanidad o 150 para empresas agrícolas. Se suprimen 19 organismos públicos e instituciones como el defensor de pueblo autonómico. Se persigue, además, la reducción en un 40% del número de asesores políticos y habrá 500 liberados sindicales menos.

Si se hiciera algo parecido en la Comunidad Valenciana, aplicando los mismos porcentajes que en Castilla-La Mancha, el recorte con respecto a los presupuestos de 2011 tendría que ser cercano a los 2.750 millones, mientras si el cálculo se hiciese en función del peso de la deuda en el PIB valenciano, llegaría a superar los 4.500 millones en 2012. Cifras considerablemente superiores a las que de momento utiliza públicamente el Consell a falta de un plan global, detallado y concreto.

Se dice que María Dolores de Cospedal debía actuar rápidamente y con energía para marcar diferencias claras con el anterior gobierno, teniendo en cuenta que ha accedido a una institución gobernada por el PSOE durante décadas. Por eso, muchas de las medidas que ha tomado, además de reducir la deuda, debilitan las redes de favores del partido anteriormente en el gobierno. Puede que sea así, pero es una explicación insuficiente.

El tiempo no es igual para el presidente Fabra y para la Comunidad Valenciana

Alberto Fabra, en el mes y medio al frente de la Generalitat, ofrece la sensación de ser una persona con voluntad de gobernar sin el autoritarismo de su antecesor y de hacer frente a los problemas con una perspectiva nueva. Hay que desear que no sea una impresión equivocada. Salimos de la agotadora y, en demasiados aspectos, improductiva época de Camps, que en los últimos años sólo ha generado crispación, incapacidad para ver la realidad y tiempo perdido.

A diferencia de Cospedal, el presidente Fabra lleva menos semanas en el cargo, su equipo de gobierno fue nombrado por su antecesor y el partido gobernante es el mismo y tiene asentadas unas redes de favores sólidas. Son diferencias importantes con Castilla-La Mancha. Quizás por eso da la impresión de querer ganar tiempo hasta el 20 de noviembre y evitar, entre tanto, decisiones contundentes en el entramado de los organismos públicos que funcionan en paralelo a la Administración general de la Generalitat y que han generado el grueso de la deuda valenciana. De momento, se mueve con pies de plomo para no herir sensibilidades ni dentro ni fuera de su partido.

Quiere ganar aliados y hacerse fuerte. Luego podrá contar con equipos propios y definir sus objetivos de gobierno. Necesita tiempo. Por desgracia para él, ni las finanzas de la Generalitat, ni la realidad económica y social de la Comunidad Valenciana pueden concederle demasiado. No es momento de planes y proyectos genéricos que nunca se ejecutan, como en la etapa de Camps. Ahora hacen falta decisiones concretas, iniciativas bien definidas y voluntad de llevarlas adelante. Es necesario recuperar el tejido productivo y social valenciano. No se puede esperar más. Es tiempo de decisiones.

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