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VALENCIA. El acuerdo PP-PSOE sobre reforma de la Constitución para introducir en ella una norma de estabilidad presupuestaria ha provocado una notable polémica tanto en el terreno económico como en el político al no haberse previsto un referéndum para lel cambio constitucional. Limitando las cuestiones a los aspectos más generales y dejando de lado las cuestiones políticas, para unos supone un avance en la vuelta a la normalidad de las administraciones públicas tras unos años de expansión acelerada del déficit público. Y por tanto un paso importante en la recuperación de la confianza en la economía española por parte de los inversores internacionales.

Para otros, sin embargo, representa un compromiso inflexible respecto a la posibilidad de incurrir en déficit presupuestario que supone el abandono de la política contracíclica que ha desarrollado el sector público desde 1945. La medida pretende además determinar los comportamientos presupuestarios de municipios y comunidades autónomas, alguna, como la valenciana, muy endeudadas. Y quizá ignora las asimetrías en financiación autonómica o que son estas  administraciones las que gestionan servicios con gasto de notable rigidez frente al ciclo como la sanidad o la educación.

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AGNÈS NOGUERA, consejera delegada de Libertas 7 SL

El hecho de incluir una norma de limitación del déficit público en la Constitución, siendo un hecho trascendente, en mi opinión, no constituye el debate de fondo. La cuestión es si en la situación económica en la que nos encontramos, las administraciones públicas deben gastar más de lo que ingresan.

Traslademos la pregunta a la economía doméstica. ¿En que casos se justifica el endeudamiento de la familia o una empresa? Evidentemente para realizar inversiones que mejoren o amplíen la capacidad productiva y de mantenimiento necesario: la adquisición de la vivienda habitual, dar la mejor educación posible a nuestros hijos... Lo que no es admisible es endeudarse para dedicar los recursos al gasto corriente o compras innecesarias. Esa es la trampa en la que han caído las administraciones públicas.

Mis colegas de Foro me contestaran que, en el caso de la Generalitat Valenciana, el gasto corriente deriva principalmente del mantenimiento de la sanidad, educación, justicia y bienestar social. Este es un hecho irrefutable luego, es necesario priorizar, racionalizar, ser eficiente... es decir, aplicar una gestión férrea. Bueno seria conocer las auditorias y de paso, la tasa de absentismo laboral.

-------------------------------------COMENTARIOS ANTERIORES--------------------------------------

MANUEL ILLUECA, Universidad Jaume I e Instituto Valenciano de Investigacionbes Económicas

"Tanto la reforma constitucional en España, como las reformas anunciadas en Italia, deben interpretarse en el marco del debate sobre la emisión de eurobonos. Los países periféricos intentan convencer a sus socios europeos de que están dispuestos a realizar todos los esfuerzos necesarios para progresar con paso decidido por la senda de la consolidación fiscal. De este modo, pretenden que los países del norte acepten la emisión de deuda europea mancomunada, una solución que permitiría tipos de interés más bajos para los países periféricos y, en consecuencia, un ajuste fiscal menos doloroso en términos de renta y empleo. En definitiva, España e Italia ofrecen un pacto político: eurobonos a cambio de disciplina fiscal.

Pero nuestros vecinos del norte desconfían de estos pactos políticos. Después de diez años disfrutando de tipos de interés bajos, la deuda italiana continúa estancada en el 120% sobre el PIB. Y en nuestro país, las reformas continúan avanzando con lentitud en aspectos esenciales, como el sistema bancario o el mercado de trabajo. Por ello, el corazón de Europa no parece dispuesto a renunciar a la disciplina impuesta por los mercados a través de los diferenciales en los tipos de interés. Es más, algunos analistas interpretan los últimos movimientos en España e Italia como una prueba inequívoca de que los gobiernos hacen más caso a los mercados que a los acuerdos alcanzados en el seno de la Unión.

Las reticencias de Francia y Alemania nos obligan a perseverar en las reformas. Se trata de constituir un capital de confianza que dé paso a un gran acuerdo político que, a su vez, permita la ansiada armonización de la política fiscal europea".

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JOAQUIM CLEMENTE, periodista y presidente de la Unió de Periodistes Valencians

"Dado el consenso sobre la bondad de regular constitucionalmente el déficit concitado entre los participantes en este foro, voy a permitirme apuntar un par de reflexiones sobre aspectos, quizá colaterales, de una decisión como la pactada entre el PSOE y el PP.

La primera es la escasa autocrítica de la clase política española. Lo que se pone sobre la mesa es, hablando claro, un castigo de los mercados a su credibilidad, que pone en duda la voluntad y capacidad de actuar diligentemente con los fondos públicos por parte de los gobernantes. Aunque la norma es referirse a la reforma como "un mensaje a los mercados", en realidad responde a esto otro: "No les vamos a dejar dinero porque por mucho que prometan equilibrio presupuestario no lo van a cumplir" (sería un buen ejercicio para nuestros dirigentes preguntarse por qué una ley de presupuestos o un compromiso firme de un gobierno no es suficiente).

¿Es la decisión correcta? Las medidas de control sobre el dinero público nunca están de más. En la Comunitat Valenciana sabemos bastante de despilfarros y los problemas que acarrean. Pero, y aquí apunto el segundo aspecto sobre el que he reflexionado estos días, no deja de chirriar el nivel de detalle en la redacción del nuevo artículo 135 de la Constitución, tan intencionadamente ambigua en otros tantos capítulos. Si en el convencimiento de los políticos que proponen y apoyan el cambio en la carta magna se encuentra que esta limitación a la capacidad de endeudarse no afecte al estado del bienestar, ¿por qué no se incluye o se modifican al mismo tiempo otros artículos para que, además de los mercados, nos quedemos tranquilos los ciudadanos?

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ANDRÉS GARCÍA RECHE, exconseller de Industria y profesor de Economia Aplicada de la Universidad de Valencia

"En mi opinión, las ventajas de obligar a un déficit estructural próximo a 0 son mucho más numerosas que los inconvenientes:

Para empezar, las administraciones públicas (AA PP) deberán ahora pensar mejor sus presupuestos e introducir de manera mucho más precisa una valoración de los costes de oportunidad (si se gasta en A, habrá que abandonar B), hasta ahora prácticamente ignorados. Además, deberán calcular de manera mucho más rigurosa los costes de mantenimiento de las inversiones para ajustarlos a su capacidad real de obtener ingresos futuros equivalentes.

Naturalmente, obligará a mejorar la eficiencia del sector público, puesto que ya no existirá el recurso "fácil" al endeudamiento: habrá que hacer más, o mejor, las cosas con los mismos recursos.

Y por último, contribuirá decisivamente a que las distintas administraciones (particularmente CA y ayuntamientos) asuman su responsabilidad en la vertiente de los ingresos, de tal manera que se verán obligadas a elevar la presión fiscal a través de las tasas y tributos que sean de su exclusiva competencia en el caso de que deseen acometer nuevas inversiones o programas (asumiendo el consiguiente coste electoral que ello supone).

Respecto de los inconvenientes, suele citarse el hecho de que "resta capacidad de maniobra a la política". Pero esto, a la vista del elevado nivel de ineficiencia de las AA PP españolas y de su irrefrenable tendencia a despilfarrar los recursos públicos, no es algo que debiera preocuparnos demasiado. Hoy por hoy, existe un margen de maniobra suficientemente amplio para que la Política pueda ejercer su función de manera mucho más que digna. Bastará para ello con que los distintos responsables de la cosa pública se dediquen a hacer bien su trabajo".

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JAVIER ANDRÉS, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto de Economía Internacional (UV)

"Dejando de lado la cuestión, más política, de si su aprobación debe ser sometida o no a referéndum, creo que una medida de este tipo es conveniente siempre que mantenga una adecuada flexibilidad para situaciones de recesión. Cuando conozcamos los detalles y la ley en que se plasma estaremos en mejores condiciones para evaluar si es o no muy rígida, pero por lo que conocemos por el momento creo que ayudará a ordenar nuestras finanzas.

Hay una situación paradójica en el mundo. El nivel de deuda pública en las economías desarrolladas es enorme y cada vez es más difícil encontrar una financiación estable y barata. El recurso al ahorro de los emergentes es muy peligroso porque tarde o temprano estas economías empezarán a aumentar su demanda interna con lo que el tipo de interés aumentará.

Es cierto que una norma de este tipo limitará nuestro margen de maniobra, pero la experiencia que tenemos de la aplicación de reglas fiscales es que su presencia hace la política fiscal más eficaz -todo lo contrario de lo que muchos pregonan. La razón es que cuando la deuda pública es muy elevada en una recesión, los gobiernos ven crecer sus gastos financieros muy rápidamente -como nos está pasando ahora- con lo que tenemos que recortar el gasto de otros usos más productivos o sociales".

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JOAQUÍN MAUDOS, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie

"Una regla fiscal con rango constitucional puede ser un buen instrumento para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y dar confianza a los mercados, relajando así la prima de riesgo. Pero para que sea eficaz es necesario que cumpla dos requisitos: que esté bien diseñada y que incorpore mecanismos penalizadores en caso de desviación del objetivo fijado. En el primer caso, la regla debe establecerse en términos de déficit estructural y no corriente para tener en cuenta el papel de los llamados estabilizadores automáticos. De esta forma, la regla tiene en cuenta la influencia del ciclo económico por lo que en épocas de recesión el compromiso fiscal no estrangula la recuperación.

En el segundo caso, es necesario que la regla se cumpla y que incorpore mecanismos correctores para la vuelta a la senda del objetivo en caso de que haya una desviación. Por estos dos motivos, es muy importe definir con rigor la regla (de momento, se desconocen los detalles), teniendo adicionalmente en cuenta el nivel existente de deuda pública/PIB dado que si el nivel de partida es muy alto el objetivo de déficit estructural debe ser más estricto. Lo que me preocupa es que la regla entre en funcionamiento dentro de muchos años, lo que resta eficacia al anuncio de introducción de la regla fiscal en la carta magna".

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VICENTE CARBONA, especialista en comunicación y márketing, licenciado en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston

"La inclusión en la Constitución de una norma sobre el techo del gasto presupuestario no va a ayudar a resolver los problemas estructurales de la economía española, ya que no ofrece nada para asegurar la reforma del mercado laboral, o de los sistemas financiero y educacional, que son algunos de los asuntos más urgentes.

Tampoco significará la recuperación de la confianza en la economía española por parte de analistas e inversores internacionales. La percepción del mercado sigue siendo que España está al borde del caos, gobierne quien gobierne, y que su deuda es inmanejable.

Por otro lado, es difícil imaginar que esta norma promueva la disciplina presupuestaria en las administraciones autonómicas, incluyendo la de la Comunidad Valenciana, que gestionan servicios fundamentales como la sanidad o la educación. Siguen basando sus decisiones en consideraciones políticas, en lugar de cultivar un sentido de responsabilidad colectiva, y nadie controla o audita estas cuentas de manera creíble".

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CRUZ SIERRA, periodista y director de ValenciaPlaza.com

"Faltará por analizar el cumplimiento que las diferentes niveles de la Administración hagan de la nuerva norma constitucional pero, de salida, no hay causas objetivas para que la reforma perjudique a la economía nacional. Su grado de eficacia estará marcado por el de su cumplimiento y hay antecedentes de que la ‘obediencia' a otras normas constitucionales ha sido ciertamente insuficiente.

Por otra parte, no se entienden muy bien los recelos de algunos sectores procedentes de la izquierda ante una norma que intenta ajustar el gasto al volumen de ingresos frente a las corrientes verdaderamente neoliberales de acudir al endeudamiento por encima de cualquier consideración, fuente de beneficios para los llamados mercados (intermediarios, especuladores y banca internacional).

No gastar lo que no se tiene pero emplear el gasto disponible con criterios y prioridades sociales se antoja a priori más progresista que permitir a la clase gobernante -de izquierdas y de derechas- a endeudase por encima de sus posibilidades con los resultados que todos conocemos y que han conducido a las finanzas internacionales a la penosa situación actual".