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MADRID. Después de semanas de fuertes tensiones políticas y bajo el más que discutible argumento de 'garantizar la estabilidad de los precios en el área del euro', el BCE decidía calmar a los mercados comprando deuda pública, sustituyendo así a los propios mercados de deuda, en un ejercicio especialmente criticado por los países de la eurozona más solventes y con economías saneadas.

El BCE se posicionaba así como parte activa de la crisis de deuda de países como Italia o España, en una operación calificada por muchos como de flagrante interferencia en el normal desenvolvimiento de los mercados y escasamente legitima, a tenor de los objetivos para los que fue creada la institución monetaria europea y en supuesta contradicción con el tratado de Mastritch. Aunque Trichet se encargaba de recordar que la actuación del BCE se hacía con la condición de que los gobiernos beneficiados "hicieran sus deberes", la realidad es que la decisión levantaba ampollas entre los defensores del mercado libre a la vez que era aplaudida por quienes justificaban la decisión ante la situación excepcional en los mercados financieros que estaban poniendo en peligro la estabilidad de la eurozona.

La decisión adoptada por el BCE supone poner en práctica el mismo mecanismo que el utilizado por los especuladores, aunque con el objetivo contrario: mientras los mercados meten dinero para que los países tengan que pagar más por su deuda, el BCE inunda de liquidez los mercados para que tengan que pagar menos. Y la estrategia se basa, únicamente, en el hecho de que los bancos centrales tienen más capacidad y más disponibilidad de dinero que los mercados que apuestan por la especulación.

La decisión se dejó sentir con rapidez y el día 8 de agosto se llegó a negociar hasta 5.000 millones de deuda, mientras que el día hábil anterior solo se habían movido seis veces menos, lo que permitió que el diferencial del bono español disminuyera, en una sola sesión, desde los más de 400 a por debajo de los 300 puntos básicos y que el tipo de interés de la deuda española pasara del 6% al 5% en un solo día. Pero la decisión de Trichet tiene su coste y este se proyecta sobre el balance del BCE que ha sufrido un incremento exponencial.

Cifras modestas si se comparan con puestas a disposición por las políticas más agresivas seguidas por la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra con resultados más que dudosos. Pocos días después, Francia, España, Italia y Bélgica decidían prohibir las posiciones bajistas en la bolsa en respuesta a la alta volatilidad que reinaba en los mercados y en otro ejercicio de posible vulneración de la normativa existente.

La decisión volvía a ser especialmente criticada por quienes consideran que cambiar las reglas del juego a mitad del partido, lo único que genera es inseguridad jurídica. La prohibición, terminado el primer plazo, se ampliaba sin mayores consideraciones salvo los de la defensa de los intereses de los países que propusieron la acción. Aunque las ventas a corto al descubierto fueron prohibidas por Alemania hace más de un año, en un ejemplo más de la falta de coordinación de políticas económicas existente en la Eurozona, otros países como el Reino Unido aseguraban que no tenían intención de aplicarla, respaldando el hecho de que el inversor que vende en el corto está jugándose su dinero de igual manera que el inversor que lo hace comprando: son las reglas de un mercado libre.

Sin embargo, son muchos los que sostienen la legitimidad de este tipo de medidas para hacer frente a la operativa de los fondos bajistas que tienen como objetivo a la banca mediana. Como ejemplo y tomando como referencia finales de mes de julio, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estos fondos disponían de porcentajes significativos del capital de unas cuantas entidades financieras como Banco Popular (6,03%), Bankinter (5,8%) y Banco Sabadell (3,6%).

Post-it/ Ventas en corto. Operaciones especulativas consistentes en desprenderse de acciones tomadas en préstamo o que ni siquiera están todavía en propias manos, con la expectativa de que esas ventas masivas deprecien el valor. Se recompran entonces por un importe mucho más bajo, con lo que se obtienen sustanciosas ganancias, de las que solo hay que descontar la comisión abonada al prestatario de los títulos y, en su caso, los correspondientes intereses. Es, en definitiva, una apuesta por la caída de una determinada acción.

España y otros países ya no permiten que estas operaciones se realicen 'en descubierto', es decir, que las ventas se lleven a cabo, con pago diferido, sin necesidad de disponer previamente de las acciones. Desde 2010, la CNMV exige la comunicación de toda posición bajista sobre cualquier valor cotizado español que supere el 0,2% del capital social y hace públicas las inversiones bajistas que excedan del 0,5% del capital, de modo que es una operativa del todo normal y habitual.
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Carlos Díaz Güell es director de Tendencias del Dinero