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VALENCIA. La decisión del presidente del Gobierno de proponer por sorpresa el establecimiento de "una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo" constituye una nueva prueba de una forma de gobernar que, en buena medida, ha conducido a la economía española a la situación en la que se encuentra, y al PSOE a un profundo descrédito.

En contra de la tradición de la socialdemocracia de considerar la política fiscal como un elemento clave de la lucha contra las crisis, y de lo que hasta antes de ayer había defendido su gobierno, Rodríguez Zapatero no ha dudado en abrazar la concepción ideológica del eje Merkel-Sarkozy. Lo cual supone, según todo parece indicar, renunciar en el futuro a la herramienta más poderosa que tiene un gobierno para favorecer el final de las etapas recesivas del ciclo económico.

Que falte por concretar en qué consistirá la reforma constitucional propuesta y en qué se concretará esa estabilidad, no le resta trascendencia como exponente de una forma de gobernar que muchos juzgarán caprichosa y que es, sin duda, negativa para generar confianza en que el Gobierno, en sus últimos meses de vida sabe cómo afrontar la situación.

Constatado lo anterior, no puede desconocerse el brutal efecto negativo que están teniendo las oleadas de desconfianza financiera sobre la economía española. Sólo desde el desconocimiento absoluto de qué es la economía, se puede infravalorar el ingente coste que supone para las empresas la prima de riesgo a la que está sometida la deuda soberana de España.

Ese diferencial es el punto de referencia del coste del endeudamiento exterior de las empresas españolas y por tanto, los casi trescientos puntos básicos respecto al bono alemán, implican que el crédito tiene un coste para ellas que casi duplica al de las empresas del centro industrial del viejo continente. Una diferencia incompatible a medio y largo plazo con la convergencia en los niveles de renta por habitante a las que no podemos renunciar.

Ante ese panorama, al abrazo a la ortodoxia es quizá la única solución para tratar de evitar nuevas explosiones de desconfianza sobre la deuda española que tan negativos efectos tienen sobre la economía. Y al mismo tiempo, un retorno obligatorio a la cordura por parte de los dirigentes políticos locales, autonómicos y nacionales para ajustar su gasto al nivel de ingresos corrientes en lugar del despropósito en que han incurrido, todos ellos, en los últimos años.

Y que se muestran remisos a corregir, como demuestra el dilatado plazo con el que trabaja el Consell, según parece, para acabar con los disparates pasados en la política de gasto. Vivir por encima de sus posibilidades no es un escenario razonable para ninguna familia. Tampoco lo es para los gobiernos aunque pocos en España y de manera muy especial en la Comunidad Valenciana lo han tenido en cuenta.

El mazazo a la política fiscal que implica la decisión del presidente del Gobierno, ante su incapacidad y la de la dirección nacional del PP para controlar la acción de gobierno de sus dirigentes autonómicos, es quizá la única forma viable de poner coto a tanto desacierto político que nos han llevado donde estamos. Sin incurrir además, porque así está establecido, en un nuevo despilfarro como sería convocar ahora un referéndum.