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VALENCIA. Seguramente el mayor acierto de los dirigentes nacionales del Partido Popular en sus críticas hacia la gestión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue la denuncia del excesivo plazo que éste tardó en admitir que España se encontraba en crisis y su retraso consecuente en la adopción de medidas contra ella, una demora que solo el tiempo medirá si ha sido letal para el futuro del país.
Consecuentes con estas críticas de los dirigentes nacionales, los responsables del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en legislaturas anteriores han achacado precisamente a la negligencia anticrisis de Zapatero todos los muchos males que acontecen a la economía regional, ya sean paro, cierre de empresas, elevado endeudamiento, déficit, fracaso escolar y un largo etcétera hasta completar un vasto catálogo de ineficacias que en ningún caso han recibido la más mínima sombra de autocrítica.
Superada la anterior etapa con la dimisión de Francisco Camps y su reemplazo por Alberto Fabra, compartiendo un mismo equipo en apariencia diseñado para hacer frente a la crisis, sus primeros pasos no pudieron ser más esperanzadores en tanto parecía embargado por el realismo de la situación y decidido a coger este toro ‘ratón' por los cuernos: racionalización de gastos, reducción del aparato administrativo y reconversión del sistema público de empresas públicas.
Un anuncio de reformas urgentes que respondían a las peticiones de las organizaciones empresariales en línea con los sacrificios realizados en forma de cierres masivos de empresas y oleadas de despidos que han situado las cifras del paro autonómico a la cabeza del Estado. Parecía que había llegado la hora de apretarse el cinturón también para la Administración de la Generalitat.
En estas les dejamos antes de irnos de vacaciones, preparándolo todo para al inicio del curso comenzar a actuar en esa dirección. Pero algo ha pasado en el ínterin. Informaciones periodísticas publicadas el pasado fin de semana y no desmentidas oficialmente aseguran que el Consell se autoconcede un plazo de dos año para estudiar la situación y en función de los resultados de tal sesudo análisis aprobar decisiones en dos años: dos años para estudiar qué empresas van bien o mal, cuáles deber reconvertirse, qué sueldos rebajar, qué contratos liberar de sus incomprensiebles blindajes...
No era así -de confirnarse estas informaciones- como el nuevo conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y el de Economía, Enrique Verdeguer, al fin y al cabo responsable uno de de cuadrar ingresos y gastos en las cuentas autonómicas y el otro del sector público empresarial, describían antes del verano la velocidad con la que se iban a producir las reformas que devolvieran a la Generalitat cierta coherencia económica y financiera extraviadas desde hace años. ¿Han cambiado de opinión o algo o alguien les ha 'convencido' de que lo hicieran? ¿Ya no son urgentes las reformas?
Existen varias explicaciones que explicarían individual o conjuntamente este golpe de timón de regreso hacia el lado oscuro de la economía valenciana. Es posible que el nuevo presidente de la Generalitat nunca, al igual que su antecesor, haya contado con una voluntad real de llevar a cabo reformas severas. Del mismo modo, la proximidad de elecciones generales pueden estar presionando en demasía sobre la gestión a corto de un Consell sin vigor suficiente para imponerlas. Sin olvidar que la propia presión originada en el interior de una Administración lastrada por largos años de un nepotismo temeroso de perder sus muchos privilegios hayan paralizado los ambiciosos planes de reforma anunciados a los cuatro vientos durante el mes de julio.
Sea el motivo que sea, no se trata ya solo de una decepción política en toda regla sino de una renuncia a las responsabilidades adquiridas como representantes de una sociedad con graves dificultades económicas que exige a su gobierno ejemplo y determinación desde el primer momento. ¿O es que se ha perdido la consciencia sobre la realidad? El Consell no debe perder la senda marcada tras su confirmación por el presidente Fabra. Ya no hay tiempo para más aplazamientos: la situación es insostenible.
O sea, que al final no se hara nada. Al final Fabra es mas de lo mismo. Esta Comunidad, sus empresas, sus sectores productivos, no se merece los dirigentes politicos que tiene
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