AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
MADTID. Tercera caja de ahorros intervenida o lo que es lo mismo tercera caja quebrada, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria y de una deficiente gestión. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), tras el anuncio de intervención del Banco de España, pasará a integrar la lista de cajas 'nacionalizadas' por la Comisión Ejecutiva del Banco de España, quedando a la espera de destino y pendiente, una vez más, de conocer responsabilidades penales en la gestión por parte de sus gestores.
El resultado es que el Estado inyectará cerca de 3.000 millones de euros y se quedará con la casi totalidad del capital. Hasta el momento, las 'quiebras' anteriores no se han sustanciado con cárcel para ninguno de sus directivos, pese a la demostrada mala gestión, aunque algunos de ellos estén encausados, pendientes de los largos procesos judiciales que comporta este tipo de actuaciones, aunque estas no siempre cuentan con la colaboración franca por parte de quienes manejan las subterráneas aguas de la gestión de las entidades intervenidas.
En esta ocasión y debido a los procesos electorales que se dibujan en el horizonte, parecen existir mayores intereses políticos en que la mala gestión de la entidad alicantina pasen a instancia judicial, aunque ello dependerá de lo que determine el Banco de España y el FROB tras conocer los informes que deben emitir los tres administradores que se han hecho cargo de la gestión de la 'quiebra'.
De los dos casos anteriores –Caja Castilla-la Mancha y Cajasur-, la posición del supervisor ha sido inicialmente contraria a que el asunto terminara en los tribunales y baste recordar cómo la primera reacción pública del Banco de España, tras la intervención de la CCM, fuera señalar que la entidad tenía un patrimonio neto positivo y era "una entidad solvente", por lo que se aconsejaba "buscar soluciones que garantizaran su futuro".
Tuvieron que pasar dieciséis meses para que el gobernador del Banco de España decidiera trasladar a la Fiscalía las irregularidades cometidas principalmente por el ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Hernández Moltó, por su presunta relevancia penal.
En el caso de Cajasur, la tendencia a minimizar la situación por parte del Banco de España -por aquello de no crear alarma y con ello los consabidos riesgos sistémicos-, el supervisor volvía a demostrar sus capacidades semánticas al hacer pública sus decisión de sustituir a los administradores "como consecuencia de los problemas de viabilidad que presenta la entidad y ante la imposibilidad de culminar el acuerdo de integración con Unicaja", enfatizando que el objetivo era "garantiza que Cajasur pueda seguir operando con normalidad y cumpla con todas sus obligaciones frente a terceros", para que depositantes y acreedores "puedan estar totalmente tranquilos".
Hoy, las presiones políticas para que la tendencia cambie son un hecho, aunque la realidad viene a demostrar que llegado el caso los colores políticos no garantizan buenas gestiones, aunque está por ver si un cierto grado de seguridad jurídica. En el escaparate están expuestos, por orden de aparición, el PSOE (CCM), la Iglesia católica (Cajasur) y PP (CAM).
_______________________________________________________
Carlos Díaz Güell es periodista y autor del blog Tendencias del Dinero
Ahora será el Estado el que se encargue de sanear estas cajas. Después las venderán a la banca privada hasta que los nuevos desmanes obliguen a otra intervención, por què no se quedan en manos del Estado, si hemos contribuido con los impuestos? Ah y si hay responsabilidades penales, que tengan su respuesta.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp