EDITORIAL. 09/07/2011 "No es de recibo que en medio de una grave crisis económica y siendo los políticos percibidos como un problema por los ciudadanos, se llenen los órganos consultivos de la Generalidat de ex dirigentes ya amortizados en lugar de hacerlo de acuerdo a los criterios que fijan las leyes..."

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VALENCIA. Según ha vuelto a poner de manifiesto la reciente encuesta del CIS, los ciudadanos consideran a los políticos un problema antes que los encargados de solucionar los que tienen. El tercero en gravedad tras el paro y la situación económica. El modo en que se ha resuelto en Valencia la renovación de los órganos consultivos de la Generalitat demuestra que no andan equivocados en su apreciación. En contra de los criterios aprobados por ellos mismos -que figuran en las leyes de creación de estos organismos-, los han llenado de políticos sin cargo para que puedan seguir manteniendo su dorado estatuto de asalariados a costa de los contribuyentes.

Especialmente grave es el fraude de ley en el caso del Consejo Jurídico Consultivo, "supremo órgano consultivo del Consell de La Generalitat" y del conjunto de la Administración autonómica cuyos miembros deben de ser elegidos "entre profesionales y científicos que se hayan distinguido en el campo del Derecho con más de diez años de ejercicio profesional, o sean juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado o autonómicos".

Nada que ver con el perfil de los tres miembros que se incorporan al mismo por consenso entre PP y PSPV cuya capacidad profesional, en el caso al menos de Ignasi Pla y de Díez Cuquerella, se les debe suponer puesto que han desarrollado la inmensa mayoría de su labor profesional, la totalidad en el caso de Pla, en el campo de la política. Que el abogado Fliquete fuera quien se brindara a denunciar a la ex vicepresidenta De la Vega por su empadronamiento en Beneixida tampoco augura nada bueno de su contribución al cumplimiento de esas altas funciones que le están encomendadas al organismo.

Aunque menos relevantes para el funcionamiento institucional, no es menos significativo del deterioro político al que nos enfrentamos el perfil de los nombrados para el Consell Valencià de Cultura. Debieran serlo, según la ley, entre "las personas de prestigio relevante o de méritos intelectuales reconocidos dentro del ámbito cultural valenciano".

Pero de nuevo, es una burla a los importantes objetivos fijados en al artículo 4º de la ley 12/1985 de su creación los nombres que han pactado los principales partidos, en esta ocasión con el apoyo de EU. Martín Quirós, Farnós, Noguera, Frau o Marcos merecen todo el respeto como personas. Pero su prestigio en el terreno de la cultura es ignorado e inexistentes sus méritos intelectuales reconocidos en la cultura valenciana.

Creadores como Muñoz Puelles, Conejero, García Asensio o De Soto quedan así equiparados a unos políticos sin respeto a las normas, dispuestos a todo, por lo que parece, con tal de convertir a las instituciones en agencias de colocación de ellos mismos. El único grupo, que una vez más se separa de la norma, es Compromis, que empieza a hacer creíble que otra forma de hacer política es posible entre nosotros.

Todo lo anterior tiene un penoso precedente en las Cajas de Ahorro, hoy a punto de desaparecer en buena medida a causa de este tipo de decisiones. También en ellas, los nombrados a propuesta de las Cortes deberían haber sido personas de reconocidos prestigio en el campo de la economía y las finanzas. La adulteración de aquella norma, por la connivencia de los dos grandes partidos desde que el PSPV se deshizo de Joan Romero, nos ha conducido a perder las dos instituciones económicas de la Comunidad Valenciana.

En el caso que nos ocupa, nos podría costar incluso más caro: que los ciudadanos manifestaran su desapego a una institución, la Generalitat Valenciana (la razón de la existencia de la mayor parte de estos políticos), por la manipulación al que es sometido su funcionamiento por esos mismos políticos.