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VALENCIA. El debate entre lo técnico y lo político en los ámbitos de gobierno tiene, al menos, un siglo en nuestras democracias. Cuanto más compleja se ha hecho la acción de gobierno, más poder han acumulado técnicos y expertos, y más han debido especializarse los políticos puros. Para añadir confusión al debate, desde la irrupción del neoliberalismo en los años ochenta del pasado siglo, los políticos tratan de vestir de técnicas e inevitables decisiones que son exclusivamente políticas y eludibles.

De manera convencional, calificamos de técnicos a los miembros de un gobierno con escasa trayectoria política, influencia limitada o nula en los partidos que apoyan al gobierno y a quienes se les supone conocimiento técnico en determinadas materias. Se diferenciarían de aquellos que forman parte del Gobierno por su trayectoria política dilatada, su capacidad para ocupar responsabilidades en los ámbitos de gestión más diversos y su voluntad de articular apoyos en la sociedad y en el interior de los partidos.

De acuerdo con estos parámetros, el nuevo Consell de Camps es eminentemente técnico. Salen políticos como Cotino, Rambla, Gerardo Camps, Font de Mora o Blasco, y entran personas de perfil técnico en la mayoría de los casos. Cabe entender que Camps ha decidido ser el único referente político y espera que la solvencia técnica y la ausencia de filias políticas permita a los consellers una ejecución más enérgica y fría de unas decisiones que, en ocasiones, deberán ser impopulares.

Aire de rectificación. El nuevo Consell puede interpretarse como una valoración negativa del anterior. Ocurre con frecuencia que las decisiones de los gobiernos o líderes en un momento dado suponen la crítica más profunda que se puede hacer a las decisiones del pasado reciente. Era sabido que el equipo de Gobierno anterior no funcionaba, salvo honrosas excepciones, que los sectores sociales y económicos no encontraban interlocutores estables, y que a Rajoy y Cospedal no les gustaba la imagen del PP valenciano y el elevado número de implicados en las Corts y en el gobierno. Camps con su decisión parece reconocer que el Consell no funcionaba y estaba lastrado en su imagen.

El PP más fuera que dentro. Es curioso que un partido con más de 130.000 afiliados apenas tenga en el Gobierno a personas con relevancia en el partido o que algunos de sus miembros no sean afiliados. Que haya consellers que no militan en el PP es un hecho normal. Sin embargo, los modelos de gobierno con nula presencia de políticos del partido, suelen generar un distanciamiento crítico de dirigentes y cuadros del partido, que acostumbran a esperar su momento para exigir responsabilidades.

Con Fabra en retirada, Ripoll derrotado, Barberá y Rus con síntomas de cansancio personal y electoral, Camps tiene una situación de dominio de su partido mayor que nunca; pero su imagen en la calle Génova está debilitada. Además, en las últimas elecciones, perdió 66.000 votos y algunos analistas del PP consideran que dejó de sumar 60.000 votos que el PP valenciano debería haber conseguido de haberse comportado en los niveles medios de aumento de votos del PP en España.

Presidencialismo. Por encima de todo, el nuevo Consell es un gobierno presidencialista. Lo ha decidido personalmente el presidente, ha excluido a personas de altura política que podían pararle golpes, ha optado por gente sólo conocida por él mismo o por sus círculos más íntimos. Por lo que ha transcendido, en su elaboración, ha habido más tensión de la habitual y muchas decisiones en el último instante. Eso suele ser habitual en la formación de los gobiernos, pero muestran improvisación e indeterminación sobre lo que se pretende hacer. En consecuencia, es un gobierno del que deberá tirar, asumiendo toda la responsabilidad casi en solitario, el presidente Camps.

Tres niveles de gobierno. Con todo, en el gobierno hay tres niveles de relevancia por debajo de Camps. En primer lugar, la vicepresidenta, Paula Sánchez de León, persona que ha demostrado una sobriedad, buen hacer formal y lealtad absoluta a Camps. Está llamada a dirigir el día a día y a coordinar toda la acción de gobierno. Se le presupone capacidad de trabajo, tendrá que demostrar que tiene también altura y voluntad política, aunque sea ligada al devenir político de Camps.

El segundo nivel, se refiere al área económica y a los consellers implicados en su gestión, fundamentalmente, Verdaguer, pero también Vela, Císcar e, incluso, Jonhson. La falta de experiencia política de todos ellos y la reordenación de las materias económicas (Educación-Formación-Empleo, Cultura-Turismo, Economía-Industria-Comercio, Hacienda-Administraciones Públicas) genera interrogantes, obligará a hacer muchos esfuerzos de coordinación y ganarse la confianza de los interlocutores socioeconómicos. El resto de áreas del Consell ocupa una posición secundaria en el nuevo gobierno y son las áreas que van a padecer y tener que gestionar los recortes que se avecinan.

Distribución de competencias arriesgada. Una de las apuestas más arriesgadas del nuevo Consell es la ordenación de competencias de gestión de las consellerías. Tanto las competencias económicas, como las medioambientales, o las de cultura, bienestar social, política lingüística, agua o la propia portavocía. Hay consideraciones a favor de esta nueva organización, pero una distribución disfuncional de las competencias suele provocar disfunciones y parálisis en la acción de gobierno.

Viejos retos. Finalmente, el nuevo Consell deberá hacer frente a retos que la crudeza de la crisis ha envejecido, pero no ha hecho desaparecer. Deberá definir, defender y asumir un sistema de financiación de la Comunidad Valenciana claro, algo que está ligado a una definición precisa de qué modelo de Estado Autonómico defiende el principal partido valenciano, dejando atrás los discursos ambiguos y victimistas.

Tendrá, igualmente, que mejorar sensiblemente los niveles de transparencia en la gestión, algo imprescindible si se quiere aumentar la confianza en el Consell, en la política y en la Comunidad Valenciana. Habrá de hacer frente a la deuda de la Generalitat y eso conlleva una mejor gestión, recortes y mayor financiación, pero de manera inmediata recortes: la cuestión es a qué partidas, contra qué sectores sociales y qué beneficios colectivos a largo plazo pueden generar.

La prioridad primera es la recuperación económica y generar empleo; pero, el problema principal es determinar la capacidad que tenemos los valencianos para cambiar a fondo nuestro modelo productivo y la calidad del empleo, de manera real y efectiva. Y, finalmente, deberá plantearse si en una época de recortes, el sistema del Estado de Bienestar en la Comunidad Valenciana seguirá debilitándose o si mejoraremos nuestros niveles de atención sanitaria, de eficiencia educativa, de atención a la dependencia y de bienestar y seguridad vital.

Si el nuevo Gobierno acierta en sus políticas, impulsará un proyecto de futuro para la Comunidad Valenciana. Si las dudas que generan los nombramientos se consolidan, seguiremos empantanados y perdiendo oportunidades, tardaremos más en salir de la crisis y lo haremos peor.