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VALENCIA. Ha sido el parto de los montes. Patronal y sindicatos han estado más de cuatro meses negociando la reforma de los convenios y al final el Gobierno ha aprobado unos cambios que no convencen a nadie. Se repite la historia de la fallida reforma laboral de septiembre. El acuerdo ha sido imposible porque una parte de la patronal ha echado un órdago en su pulso con los sindicatos: querían cambiar las condiciones de trabajo, pero sin tanto control sindical. Apuestan porque los mercados, Bruselas o un futuro Gobierno del PP harán una reforma a su medida. Mientras, el Gobierno abre la vía a convenios más flexibles y a cambio, facilita el despido (lo abarata). El problema es que para contratar se necesita no sólo convenios más flexibles sino que las empresas vendan, inviertan y tengan financiación. Y eso sigue faltando.

Cada año se firman en España unos 5.000 convenios, que rigen las condiciones de trabajo de un 80% de los asalariados, unos 11 millones de trabajadores. Sólo quedan fuera algo más de 4 millones, sobre todo funcionarios (3 millones), empleadas de hogar y trabajos en precario (muchos jóvenes). Tres de cada cuatro convenios son de empresa, pero sólo afectan a un 10% de los trabajadores, ya que la mayoría están cubiertos por convenios de sector, provinciales (55% trabajadores), autonómicos (10%) o nacionales (25%), que fijan condiciones de trabajo de arriba abajo, al margen de la situación de cada empresa.

Los empresarios querían, y con razón, dar más peso a los convenios de empresa, para adaptar sueldos, horarios, categorías y condiciones de trabajo a la marcha de la empresa en cada momento. Y empezaron su particular pulso con los sindicatos, para ver cómo decidían los cambios en los convenios. Pero dentro de la patronal había otro pulso, entre los que saben que es mejor un acuerdo pactado que una imposición y los que piensan que el mejor convenio es el que no existe y defienden que el empresario decida lo que hace en su empresa (y más con la crisis). Al final, se ha impuesto esta línea dura, que cree que pueden conseguir más con una reforma impuesta por los mercados, Bruselas o un Gobierno del PP.

La ruptura vino porque la patronal quería dejar fuera de convenio a los directivos y a las pymes con menos de 6 empleados (sería dejar fuera a un 75% de las empresas y a un 25% de los trabajadores) y porque no aceptaban que los sindicatos tuvieran que dar el visto bueno a los cambios en las condiciones laborales. Un pulso de poder en la empresa. El Gobierno ha optado por una solución salomónica, que da más flexibilidad a los convenios, pero con control sindical. Hay tres cambios importantes. Uno, prevalece el convenio de empresa sobre el resto. Dos, se permite a las empresas modificar las condiciones de trabajo, desde horarios (reparto de un 5% de la jornada) a movilidad, incluso con la posibilidad de descuelgue salarial, para que las empresas con problemas paguen menos que el convenio sectorial. Y eso en el plazo de un mes, recurriendo a un árbitro (como con los controladores) en caso de desacuerdo, así como para renovar un convenio atascado (debe renegociarse en 8-14 meses).

Teóricamente, ahora será más fácil flexibilizar las condiciones de trabajo en una empresa, aunque habrá que negociarlas. Con ello se quiere facilitar que las empresas ajusten sus horarios y sueldos antes de tener que despedir. Sin embargo, el Gobierno, para compensar a la patronal, ha aprobado, junto a la reforma de convenios, un Reglamento que facilita (más bien, abarata) los despidos colectivos (ERE): ahora permite a las empresas que soliciten despidos con una indemnización de 20 días por año (en vez de los 45 días habituales) si prevén que van a tener pérdidas, incluso transitorias. Un coladero que va a multiplicar los ERE.

El problema en España, por mucho que se diga, no es que sea difícil despedir, como lo prueban los 2.358.000 empleos perdidos desde que empezó la crisis. La propia OCDE señala que en España es más fácil despedir que en Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Italia, Portugal o Austria, por ejemplo. Otra cosa es que sea más o menos barato. Pero si se abarata, como ha hecho el Gobierno socialista para contentar a empresas y mercados, ¿no estamos facilitando que haya más despidos?

La reforma de los convenios, la aprobada o la que finalmente se apruebe en el Congreso (si da tiempo), es clave para flexibilizar las condiciones de trabajo en las empresas, mejorar la productividad y evitar más despidos. Pero no va a crear empleo por sí misma. Para que las empresas creen empleo tienen que vender, invertir y eso resulta difícil con la caída del consumo y los ajustes. Y les hace falta financiación, crédito, "la gasolina" del empleo. Sólo así, con más ventas y financiación, las empresas pueden pensar en crear empleo. Y para ayudarles, mejor que el despido libre (con 20 días) que piden algunos sería rebajarles las cotizaciones sociales, para que no les sea tan caro contratar, como ha pedido la Unión Europea. Pero eso obliga a subir impuestos a los que tienen empleo (y a las empresas y particulares con más beneficios). Y no parece que se esté por la labor.

En resumen, tenemos una reforma de convenios impuesta, que puede quedar en agua de borrajas o tumbada por los mercados. Tenemos un pulso en las empresas que sigue ahí y que debería quedar en tablas, primando el acuerdo, para salvar el empleo. Y tenemos demasiada ideología y demasiado politiqueo a corto plazo, que pueden frustrar un necesario Pacto por el empleo, equilibrado y realista, que no puede esperar a 2012. Actúen ya.
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Javier Gilsanz es periodista y autor del blog Economía a lo claro