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VALENCIA. "Si los hombres fueran ángeles no serían necesarios ni los controles externos ni los internos sobre el gobierno". La afirmación es de James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos. La hizo en The Federalist Papers, a finales del siglo XVIII, y, con ella, se establecía una de las bases más sólidas de los sistemas democráticos. Después se afirmaron el gobierno representativo y responsable, la obligación de que las mayorías respeten a las minorías, y la necesidad de garantizar la mayor igualdad posible de derechos y oportunidades a todos ciudadanos, sin conculcar las libertades individuales y la autonomía personal. Son las premisas democráticas básicas. Están en permanente tensión y son de difícil armonía. De ellas derivan las democracias reales que tenemos, unos sistemas imperfectos, siempre amenazados y siempre mejorables, como la condición humana.

Es curioso que en los debates que ha abierto en España la irrupción del 15-M no se hable casi del control del poder. La atención se concentra en la representatividad de los políticos y su alejamiento de la sociedad. En paralelo, se multiplican las propuestas de reformas electorales. El 15-M pide un cambio de la Ley Electoral General para aumentar la proporcionalidad del Congreso de los Diputados. Camps anuncia que la ley electoral valenciana establecerá circunscripciones unipersonales. Esperanza Aguirre quiere regular para Madrid las listas abiertas.

En principio, las listas abiertas pueden reducir el poder de los aparatos internos de los partidos a favor de los ciudadanos, pero su utilidad para regenerar a fondo la vida política es limitada. Aumentar la proporcionalidad de los parlamentos es algo lógico si creemos en el valor igual de cada voto, IU y UPyD tendrían más diputados, el PP y el PSOE menos; pero no alteraría el poder de los aparatos de los partidos y podría reducir la estabilidad de los gobiernos, lo que acostumbra a empeorar la percepción ciudadana de los políticos.

La iniciativa de Camps parece ir a contracorriente. Es criticable y con difícil apoyo estatutario si lo que se pretende es generalizar el sistema unipersonal a una vuelta para la elección de todos los diputados. Una reforma de estas características eliminaría la representación de las minorías políticas y, en estos momentos, daría un poder casi total al PP (posiblemente más de 85 diputados del total de 99). El poder de los aparatos partidistas permanecería intacto, mientras se expulsaría a demasiados ciudadanos del sistema democrático al no sentirse representados, justo lo contrario de lo se está pidiendo.

Distinto sería que la propuesta pretendiese limitar las circunscripciones unipersonales a la elección en doble vuelta de, por ejemplo, la tercera parte de los diputados sobre una base comarcal y dejar la elección del resto para un sistema proporcional y con una barrera electoral provincial del 3%. Se favorecería, así, la existencia de gobiernos fuertes y la presencia parlamentaria estable de la pluralidad política existente en la sociedad. Pero, también en este caso, el poder de la partitocracia permanecería intacto.

Hay que considerar que, aunque sean positivas las reformas electorales, algunos de los puntos más débiles y preocupantes de la democracia en España no se encuentran ahí, sino en los mecanismos de selección y mantenimiento de las élites políticas, en la substitución del debate abierto por la repetición crispada de argumentarios partidistas, y, sobre todo, en la falta de instrumentos y cultura sólida de control y exigencia de transparencia al poder político.

En España no votamos directamente a nuestros representantes en ningún tipo de elección. Votamos a partidos. Para ir en la lista que un partido propone, los aspirantes compiten en su interior. Las formas democráticas y abiertas son poco comunes en los partidos, el peso de las dinámicas de adhesión y fidelidad al líder es muy superior a la valoración del mérito y la capacidad. El resultado es una selección de políticos con escasa trayectoria profesional, académica y política fuera de los partidos. Buena parte de los diputados de todos los grupos de las Corts Valencianes y de los concejales de los principales ayuntamientos responden a este patrón selectivo. El problema es grave, pero no se aborda.

Con todo, hay que recordar que no existe democracia sin control de los gobiernos. Fiscalizar al poder es siempre necesario, mucho más en época de crisis, de transferencia de dinero público al sector financiero y de recortes de servicios e inversiones. No es bueno dejar las manos libres al poder, por muy legítimo que sea y muchos votos que tenga. No se trata de que creer que los políticos son gente especialmente corrupta o perversa. Se trata de no olvidar que el dinero que gestionan es nuestro y que lo que hacen con él siempre afecta directa o indirectamente a nuestras vidas. Las decisiones políticas nunca son neutras ni acostumbran a favorecer a todos los grupos sociales y personas con la misma intensidad. Por eso es imprescindible conocer qué es lo que hacen los gobiernos.

Sería una auténtica revolución que el futuro Gobierno valenciano hiciese anualmente balances de gestión. Que ministerios, ayuntamientos y comunidades autónomas diesen información detallada en sus web de las líneas de gobierno, de sus compromisos y de cómo están llevando a cabo su ejecución. Que existiese una agencia de control presupuestario en las Corts donde fuera mayoritaria la oposición política. Que los parlamentos no tuviesen que enfrentarse al obstruccionismo del gobierno a la hora de fiscalizar y revisar sin demagogia la gestión pública. Y, finalmente, que se contase con sistemas de evaluación de las políticas públicas que se platearan rigurosamente el impacto global de las políticas y el gasto público. Eso mejoraría la calidad y el rendimiento de nuestra democracia. Buena parte de nuestro déficit democrático tiene que ver con la falta de transparencia y de control profundo de la acción de gobierno.

Esta legislatura empieza con un ambiente general enrarecido. Un momento para políticos y personas con altura de miras, valentía y voluntad de liderazgo. Por lo visto hasta el momento, la peor crisis mundial desde 1929, nos coge con políticos preparados para gobernar en tiempos de crecimiento económico fácil, poco dados al control exhaustivo de su acción de gobierno y con nula capacidad de liderazgo ante las dificultades. El resultado de una pobre selección de elites.

Quizás, por ello, el G-30 está desaparecido, el todopoderoso y hace tres años rutilante Obama carece de capacidad de maniobra. En Europa ni Merkel ni Sarkozy ni Cameron, por citar los dirigentes de las principales economías, parecen tener interés o ideas para encabezar un proyecto europeo que vaya más allá de salir del paso ante cada sobresalto que sufre el euro. En España, los líderes ni están ni se les espera, salvo milagros. Algo similar ocurre en la Comunidad Valenciana. Tiempo de transición.