MIGUEL MAZÓN (*). 14/06/2011 "

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VALENCIA. Las elecciones autonómicas y municipales del 22 M han desatado por parte del PP una campaña tendente a desprestigiar la gestión económica realizada por sus antecesores en el cargo, especialmente del PSOE, con la intención de cubrirse las espaldas y poder atribuir sus desmanes del futuro a gestiones realizadas por otros en el pasado. Al rebufo de estas acusaciones se está planteando la necesidad de que las Administraciones autonómicas y locales sean auditadas por sus nuevos inquilinos y creo que en este punto habría de ponerse algo de sensatez, racionalidad y honradez por parte de los políticos responsables de las nuevas Administraciones.

En primer lugar, la fiscalización externa de estas Administraciones corresponde a la Sindicatura de Cuentas, cuya experiencia, competencia, profesionalidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones está plenamente probada. Cualquier intento de encomendar estas tareas de auditoria a entidades privadas resulta en estos momentos desaconsejable, por dos motivos: por una parte, la situación económica de las Administraciones públicas no se encuentran en su mejor momento para invertir su dinero en ese tipo de gastos y por otra parte, sin minimizar la competencia y capacidad de las empresas auditoras acreditadas, estas entidades carecen de la especialización que exige el control de las cuentas públicas, dadas las peculiaridades contables y legales de las Administraciones públicas.

En segundo lugar, estamos asistiendo desde hace casi un mes a las protestas masivas en toda la geografía española del movimiento 15M, cuyas reivindicaciones se centran, básicamente, en la exigencia de una Administración pública regida por los principios de honradez, transparencia y lealtad a los ciudadanos que los votan, lo que implica preocuparse por sus problemas e intentar resolverlos sincera y decididamente. Estando como estamos de acuerdo con estas reivindicaciones, nos parece que carece de sentido la iniciación masiva de auditorias a las Administraciones, ya que el objetivo que se persigue con ellas es conocer la situación económico-financiera y legal en la que se encuentran.

Y esa situación, desgraciadamente, ya es conocida o se puede conocer haciendo un uso eficiente de los medios de control interno con los que cuentan estas Administraciones. En este sentido, no podemos olvidar que existe en la Administración local un Cuerpo de funcionarios Interventores, de Habilitación estatal, con experiencia, solvencia, formación y profesionalidad más que sobrada, no sólo para informar a los políticos sobre la situación existente sino para dar las soluciones para resolver los problemas en los que se encuentran sumergidos. Otro tanto ocurre con el Consell.

La cuestión, por tanto, no solo es conocer la situación de la Administraciones a las que se van a incorporar los nuevos electos, sino la actitud firme o desvaída con la que éstos afronten la solución de los problemas con que se encuentren. Vistas así las cosas, la realización de auditorías no deja de ser una actuación demagógica, de cara a la galería.

En definitiva, si los políticos municipales quieren atender las exigencias de los ciudadanos de honradez, transparencia y lealtad hacia ellos, deben dejarse de costosa auditorias e intentar resolver de forma responsable y eficiente los problemas de la Administración, permitiendo a los funcionarios especializados en materias económico financieras y en control que ejerzan con plena independencia las funciones que les otorga la Ley en materia de contratación, personal, subvenciones, endeudamiento,etc

Lo mismo es predicable de la Administración Autonómica, cuyo órgano de fiscalización interna, la Intervención General, con una nueva Ley de Hacienda, debería contar con la suficiente independencia para transmitir y hacer cumplir a sus subordinados el control de la legalidad en las mismas materias y los principios de la contabilidad pública, incluido el de imagen fiel, contratación, eficacia y eficiencia de los recursos públicos y evitar casos que producen verdadera repulsa democrática como "Gurtel" y "Brugal.

Si a lo anterior añadimos la exigencia inmediata de responsabilidades, quizá pudiese reflotarse la confianza de los ciudadanos en ciertos políticos, totalmente hundida en estos momentos.
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(*) Miguel Mazón es miembro del consejo de administración de RTVV en representción del PSPV