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VALENCIA. Con más de 700 casos de corrupción política bajo investigación en España, es evidente que la financiación de los partidos políticos es uno de los principales problemas sociales y económicos que tenemos en este país. Cuando los partidos políticos funcionan exclusivamente como organizaciones que determinan las opciones y las decisiones que regulan la manipulación del poder y la distribución de los recursos públicos a través del control de los negocios, las concesiones, los contratos y los servicios, la democracia, y la economía, sufren. Porque este control pronto depende de la formación de redes clientelares no-competitivas e improductivas que viven de reforzar ese poder, sea como sea.

Los elementos de la corrupción del poder político pueden ser vistos desde varias perspectivas. Una de ellas los equivaldría directamente con prácticas claramente mafiosas. El intercambio de favores en términos de prebendas, de puestos de trabajo, de contratos a dedo, de subvenciones, y de financiación o crédito a empresas favorecidas, no es más que la defensa de los intereses de una organización monopolista cuya posición de dominio es cada vez más difícil de desafiar, y que incluye la eliminación de la libre competición, y la protección del cliente "tal para cual".

Estas redes clientelares son las que hacen el trabajo sucio de colusión con el poder para eliminar la competencia. Visto desde un ángulo objetivo, y de acuerdo con diversos informes oficiales, muchos políticos españoles tienden a depender de estas redes clientelares para mantenerse en el poder, siempre a cambio de favores. Esto se aprecia en los informes y en conversaciones intervenidas incluidas en abundantes sumarios de investigación. Cuando el poder no es de los ciudadanos, sino de los políticos, cuando no existe transparencia democrática (ni el voto directo y personal), aparecen políticos cínicos y pueriles que emplean tramas difusas que viven de la desconfianza y del desconcierto (y a veces hasta del apoyo) popular.

La financiación ilegal de los partidos políticos es la principal causa de la corrupción en España, según varias organizaciones internacionales. Hace unas semanas, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), un órgano de control del Consejo de Europa, emitió su Informe de Cumplimiento sobre La Transparencia en la Financiación de los Partidos en España.

De las seis recomendaciones que el GRECO había ofrecido a las autoridades españolas en mayo del 2009, tres no han sido implementadas, y las otras tres solo parcialmente (y que GRECO califica de un esfuerzo claramente insuficiente). Las no implementadas son: Tomar las medidas apropiadas para garantizar que los préstamos concedidos a los partidos políticos no son utilizados para eludir las regulaciones políticas de financiación; tomar medidas para aumentar la transparencia de los ingresos y gastos de los partidos políticos a nivel local, y de las entidades relacionadas directa o indirectamente a los partidos políticos, o bajo su control; y adoptar medidas para mejorar el sistema de auditoría interna de los partidos políticos a fin de garantizar la independencia de este tipo de control.

Este es un problema estructural y social de difícil arreglo. Sin control presupuestario ni auditorías transparentes, estas tramas se apropian de elevados porcentajes del dinero público en contratos y subvenciones, que subcontratan entre empresas afines. En casos extremos, según numerosas investigaciones, las tramas se reparten el dinero con los partidos, y luego lo encubren todo con facturas falsas. Que esto se convierta en el modus operandi político es un riesgo inaceptable para cualquier nación democrática.

"Primero utilizan el urbanismo, y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento)... ", dijo un constructor en un artículo publicado hace años en ABC titulado: "La corrupción ahoga España".

Para ciertos políticos, implementar las recomendaciones del GRECO significaría el fin de estas redes y de estas prácticas, y no está claro que los principales partidos estén dispuestos a funcionar bajo la transparencia y la responsabilidad que exige la verdadera democracia. Hasta ahora no lo han demostrado.

Pero quizás lo más triste de todo esto es que cierta parte de la ciudadanía tampoco parece estar preparada para un cambio de esta magnitud. Existe una especie de código del silencio, basado en el cinismo y la hipocresía, que asume que todos (y no solo los políticos) son corruptos y siempre lo han sido, que nada va a cambiar jamás, y que en este caso es preferible que "se lo lleven los suyos". Esto se ve reflejado hasta en la actitud de los sucesivos gobiernos nacionales, que desoyen las recomendaciones de órganos como el GRECO una y otra vez.

Para que estas prácticas corruptas organizadas dejen de dominar la vida política y económica en España, se requiere un enorme esfuerzo de análisis y un gran pacto social y educacional de estado. Se necesita un plan de gobernación consensuado que defina y explique qué es lo que España quiere ser. La rebeldía espontánea de los ciudadanos, hoy evidente por toda España, es una clara señal de que a un creciente porcentaje no le gusta estas reglas de juego, no apoya la política destructiva, y pide a gritos otras reglas muy diferentes. La resolución convincente de este grave problema definirá nada menos que el futuro político, económico y social de España.