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VALENCIA. Los recientes resultados electorales están provocando cierto tipo de inquietudes en los mercados derivadas de dos hechos puntuales que pueden aportar modificaciones en sendas cuestiones que se consideraban ya en vías de solución: la alteración del proceso de reestructuración del sistema financiero española y la afloración de gasto no reconocido hasta el momento en las autonomías que han cambiado de signo político.

En relación con la reestructuración de las cajas de ahorros y teniendo en consideración que no todas las comunidades autónomas han adaptado sus respectivas legislaciones a los últimos cambios de la normativa estatal de cajas de ahorros, los analistas creen que todavía puede haber sorpresas negativas por alteraciones relevantes en el proceso que se consideraba casi cerrado. Aunque en la actualidad se preveía que solo dos cajas conservaran su estatus actual, mientras que todas las demás estaban previsto que operaran, o lo están haciendo ya, total o parcialmente, a través de un banco, no pasa desapercibido el posicionamiento de algunos líderes políticos autonómicos que posiblemente gobernaran en sus comunidades autónomas en un futuro inmediato.

Aunque no es el único, el más relevante es el caso de Álvarez Cascos en Asturias, afirmando públicamente que no le gustan los planes de Caja Asturias, lo que es una declaración de guerra con todas sus consecuencias ante la hipótesis de que Foro Asturias tenga responsabilidades de gobierno en el Principado. Cascos ha asegurado que el diseño de esas operaciones es un proyecto socialista "dirigido" por el "gobernador socialista del Banco de España" que ha propiciado que Caja Asturias esté "más pendiente" de los proyectos económicos que se realizan fuera de la comunidad que de los suyos propios.

"Hemos expresado públicamente nuestra discrepancia y como ya titulé en un artículo 'Caja Asturias tiene que recuperar el norte'". Si el ejemplo de Álvarez Cascos cunde y son muchos los que ven posible esa hipótesis, en un momento en que no resulta fácil encontrar recursos en unos mercados que están pendientes precisamente de un posible giro de la reforma financiera española, el gobernador del Banco de España ha querido hacer público un aviso a navegantes que supone un paso más de tensión al advertir que estaba dispuesto a intervenir y poner a la venta a las entidades financieras que necesiten recursos públicos para reforzar su solvencia y que no cumplan con los planes de reestructuración establecidos. 

Por otro lado, poco se sabe de la celebración de las asambleas y consejos de las cajas que van a tener una poderosa influencia en el devenir de la reforma financiera. Es un hecho cierto que pese a la “despolitización” por ley de las cajas, sus órganos de representación y de gobierno siguen nutriéndose de representantes de ayuntamientos y comunidades y sus decisiones van a tener su impacto en el resultado de la reforma.

Por lo que respecta a la posibilidad de que aflore más gasto del reconocido en las comunidades que han cambiado de signo político y pese a las extrañas palabras de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, calificando de “irresponsable” la decisión de los nuevos elegidos de abrir un proceso de auditoria en sus respectivos ámbitos de gestión, no parece que la realidad pueda distorsionar las cifras conocidas hasta ahora, aunque ciertas fuentes apuntan a que se han producido contactos al más alto nivel entre los dos partidos mayoritarios para que se actúe con la máxima prudencia en el caso de que aparezcan cifras desconocidas, que solo llevarían a una caída del crédito de España en los mercados internacionales como ya ocurrió con el caso catalán.

Hay que poner de relieve que el peso las cinco comunidades autonómicas afectadas representan algo menos el 12,5% del PIB nacional y el 13,2% de la deuda pública regional. A finales del pasado año sumaban entre las cinco un total de 15.300 millones de euros en deuda, que viene a ser la mitad de la que posee la Generalitat de Cataluña ó 2.000 millones menos de la que tiene la Generalitat Valenciana.

Incluyendo Extremadura, la representatividad del conjunto apenas alcanzaría el 14% del PIB nacional. La razón por la que podría aflorar un mayor déficit del estimado provendría de facturas no registradas, ni contabilizadas, o de nuevos ajustes de contabilidad nacional (por ejemplo, reclasificaciones de activos financieros como ayudas a la inversión) que no se hubiesen corregido en la primera estimación de déficit facilitada por el Ministerio de Economía.

Los expertos consideran que en el caso de que las seis comunidades autónomas implicadas en un posible afloramiento del gasto no contabilizado, hasta la hipótesis de un máximo de un punto de PIB en aquellas comunidades que vienen registrando mayor déficit, el déficit autonómico del Estado se desviaría en un 0,1% del PIB respecto a los niveles estimados para 2010, o lo que es lo mismo, alrededor de 1.200 millones de euros sobre un total de 29.554 millones de desequilibrio del conjunto de todas las autonomías. En todo caso, lo que sí es cierto es que la deuda comercial de las comunidades autónomas ha crecido de forma significativa durante la crisis hasta alcanzar los 34.600 millones de euros a cierre de 2010, frente a los 115.000 millones de deuda financiera.
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Carlos Díaz Güell es director de 'Tendencias del Dinero"