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VALENCIA. O, para ser más precisos, con las políticas de empleo. Conscientes de que es el asunto que más preocupa a los valencianos -obvio: sufren una tasa de paro del 25%-, los portavoces del partido ganador el 22M, el PP, han insistido una y otra vez en que una vez en el Gobierno de la nación tras las elecciones de 2012, su acción permitirá reducir el paro de forma destacada.

La falta de credibilidad de esta línea argumental reside en que los mismos políticos que tanto han insistido en ello, llevan gobernando en la Generalitat y en gran número de ayuntamientos desde hace muchos años y su acción diaria es exactamente la opuesta. Una parte de ellos son los que, como señalábamos hace poco, no han tenido entre sus prioridades pagar sus compromisos con los proveedores, con lo cual éstos difícilmente han podido -ni pueden- contratar trabajadores. Por el contrario, más de una de las empresas acreedoras ha tenido que reducir plantilla ante la difícil situación en la que han sido colocadas por la actuación de la Administración autonómica. Por no hablar de las que directamente se han visto conducidas a cerrar y enviar a las colas del paro a toda su plantilla.

Del mismo modo se puede observar, tal como reza el titular de la portada de hoy de este diario, que en lugar de dedicar sus esfuerzos y prioridades a paliar los 'agujeros' de la politica económica del Estado hacia la economía de las empresas, los gestores de la Generalitat dedican buena parte de su presupuesto a sostener la lenta, cara, clientelar y en buena medida superflua maquinaria burocrática de la Administración autonómica.

Por desgracia, no es el único ejemplo de la enorme distancia entre el mensaje político y el comportamiento verificable. Lo podemos visualizar en otros niveles más cercanos al ciudadano de a pie: por ejemplo, en la lentitud exasperante con la que el ayuntamiento que preside Rita Barberá tramita las peticiones de licencias de obras menores, otro exponente de esa contradicción palmaria entre las promesas de nuestros gestores públicos y su actuación cotidiana. Cinco, seis o más meses para tramitar un expediente que permita pintar una fachada -dependiendo de la Junta Municipal de distrito afectada- no es un plazo excepcional hoy en la ciudad de Valencia, aunque tampoco lo sea dentro de las grandes ciudades de la Comunidad Valenciana.

¿Cómo con esta dilación administrativa se va a impulsar la creación de empleo en un sector precisamente intensivo en trabajo? Ante las tímidas protestas provocadas por una situación lamentable, también en este campo se han recibido amenazas de represalias en lugar de soluciones a unos atraso cuya magnitud es a todas luces incompatibles con esa Valencia de vanguardia con la que la alcaldesa Barberá quiere convencernos.

Son dos ejemplos evidentes de que la distancia entre palabras y realidad sigue siendo abismal en el comportamiento de nuestros políticos con responsabilidad de gestión. En estas semanas de programación de la acción para los próximos cuatro años en Generalitat y ayuntamientos, sería deseable que los gestores públicos redujeran la altisonancia de sus declaraciones sobre todo lo bueno que nos espera si el PP resulta vencedor en 2012 y dedicaran más tiempo y mayor esfuerzo a poner en marcha medidas con las que crear empleo. Unas medidas que en gran parte son las que facilitan la actuación de las empresas (las verdaderas generadoras de puestos de trabajo).