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VALENCIA. No hace un año que se aprobó la última de las innumerables reformas laborales que jalonan la andadura de nuestro sistema de relaciones de trabajo y ya, los llamados grandes empresarios de nuestro país, amparados bajo el paraguas del Consejo Empresarial de la Competitividad y de la CEOE, vuelven a pedir una nueva reforma. Estamos de nuevo ante el cuento de nunca acabar. Aunque esta vez hemos batido el récord de rapidez. ¿A quién extraña, en todo caso, esta nueva declaración de los empresarios? Es lo que ocurre cuando las cosas se dejan a medias; que no se soluciona el problema de fondo y, además, nadie está contento del todo con la solución adoptada.

Si exceptuamos la primera gran reforma laboral del año 1984, avalada por un gobierno fuerte recién llegado al poder y que nos llevó hasta el año 92 con cierta estabilidad legislativa, a partir de entonces todo han sido oportunidades perdidas. Porque quizás era entonces, en el año 92, a las puertas de Maastricht, cuando debiera de haberse realizado la reforma laboral definitiva, una vez encaminado ya nuestro país hacia la necesaria modernización. Pero el año 92, con un gobierno que comenzaba a dar síntomas de debilidad y, estando cercanas las elecciones del 93, no se puso toda la carne en el asador, y desde entonces hasta hoy llevamos, aunque parezca increíble, una media de una reforma o mini reforma laboral cada dos años.

Y esto no hay sistema que lo resista: la dilación en el tiempo de la reforma definitiva, las continuas negociaciones año tras año, han generado incertidumbre, inseguridad y, finalmente, una constante volatilidad en la creación de empleo en nuestro país, y una caída más que importante del mismo cuando las circunstancias son adversas, como es el caso de los últimos años. Y que no cabe achacar a unos ni a otros, sino a todos, partidos políticos ora en el gobierno ora en la oposición, sindicatos y patronal.

¿Cuál es el problema, pues? ¿Por qué cuesta tanto desmontar el sistema de relaciones laborales heredado del franquismo y basado en un rol de estado paternalista, cuando en otras esferas de la vida pública se han realizado cambios tan importantes con mayor celeridad? ¿Por qué esta incertidumbre en la normativa laboral, que genera desconfianza y, al final, pérdida de empleos?

Es cierto que el desmontaje del Derecho del Trabajo heredado del franquismo afecta a sus propios paradigmas tradicionales, a sus principios y valores (está en nuestro ADN el que papá Estado nos solucione todos los problemas). Pero han pasado ya tantos años, que es momento de evolucionar hacia un sistema de relaciones laborales más maduro, más flexible (realmente y en todos los aspectos) y, por tanto, más acorde con la situación económica y con la legislación de los países de nuestro entorno, lo que no quiere decir que no se reconozca que existe una posición de prevalencia por parte del empresario que obliga a articular mecanismos de defensa de los derechos de los trabajadores, ni que se apueste por un neoliberalismo a ultranza que deje al estado sin poder para ser garante de derechos.

Es también cierto que la responsabilidad de esta situación hay que repartirla a partes iguales: los partidos políticos, porque ni las mayorías absolutas del PSOE ni las del PP se han atrevido a hacer la Gran Reforma por el carácter impopular y la posible pérdida de votos que les podía acarrear; los sindicatos, porque sus bases no admitirán nunca lo que para ellos son reducciones de derechos; y la patronal, porque la posición que ésta parece haber mantenido durante los últimos veinte años, ir ganando pequeñas batallas, no ha sido útil al final. El tiempo pasa rápido y la dinámica de la economía es tal que, un año de retraso en la adopción de las medidas necesarias son infinitas oportunidades perdidas en la competitividad internacional de nuestras empresas.

A todo esto hay que añadir que la última reforma se hizo bajo una absoluta debilidad moral en la presidencia de la patronal por causas de todos conocidas y que contribuyó a complicar, aún más si cabe, la popularidad social de las propuestas empresariales dirigidas a implementar en la legislación medidas racionalizadoras y definitivamente modernizadoras del sistema español de relaciones laborales.

Y, ahora, volvemos a empezar....

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(*) Alberto Díez es el director de Aecta, la Asociación de Empresas de Consultoría y Terciario Avanzado de la Comunitat Valenciana