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MADRID. Si 2010 fue el año de los recortes del Gobierno Zapatero, 2011 va a ser el año de los recortes autonómicos para poder cumplir con la rebaja del déficit que nos imponen Bruselas y los mercados. Después de las elecciones del 22-M, los nuevos gobernantes autonómicos harán auditorías y probablemente aflorará más déficit, con lo que harán recortes culpando a los anteriores. Y los que sigan no tendrán más remedio que poner orden en sus cuentas, asfixiados por las deudas. El recorte global será de 16.000 millones de euros y los ciudadanos lo notaremos en la sanidad, en la educación, en ayudas, en el empleo público y en las inversiones, como ya lo notan en Cataluña. Habrá que ver si recortan también gastos innecesarios y servicios duplicados con el Estado y los ayuntamientos.

La rebaja del déficit público, impuesta por Bruselas y los mercados (a costa de una mayor recesión), fue una asignatura aprobada en 2010 por el Estado central (bajó su déficit del 9,4% del PIB al 5,6 %) y los Ayuntamientos (estabilizaron su déficit en el 0,5%), pero suspendieron las autonomías, que aumentaron su déficit (del 2 al 2,83% del PIB), obligando a la Administración central a recortar más sus gastos para cumplir con Bruselas.

Pero este año, el mensaje del Gobierno Zapatero es claro: el Estado central y los ayuntamientos seguirán recortando déficit (el Estado ya lo ha reducido un 20% en el primer trimestre), pero el esfuerzo tienen que hacerlo ahora las autonomías, que tendrán que reducir su déficit (30.000 millones de euros) a menos de la mitad, hasta el 1,3% del PIB. Eso les obligará a recortar 16.100 millones de euros, un 12% del gasto autonómico para 2011.

Y tendrán que recortar más las que tienen más déficit. Las cuatro autonomías con mayor agujero en sus cuentas son Castilla la Mancha (6,22% déficit sobre PIB regional en 2010), Murcia (4,95%), Baleares (4,16%) y Cataluña (3,86%), aunque hay otras cinco que también superaron el objetivo de déficit en 2010 (2,40%): Comunidad Valenciana (3,47%), Navarra (3,25%), la Rioja (3,26%), Aragón (3,07) y Andalucía (2,74%).

A estas y a todas (salvo a Madrid, la más cumplidora: 0,69% déficit), el Gobierno les ha pedido planes de ajustes para 2011 (La Rioja tampoco lo necesita ya). Y a finales de mayo, la vicepresidenta Salgado aprobó los planes de 9 autonomías: Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcia, que se comprometen a recortar su déficit en 4.283 millones de euros (la cuarta parte del ajuste total).

Los planes de Andalucía y Extremadura están a punto de aprobarse y los que el Ministerio de Economía ha rechazado de plano son los de las cuatro autonomías en peor situación: Cataluña, Castilla la Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana (la autonomía más endeudada: 17.600 millones, el 17,2% de su PIB). Tendrán que proponer más ajustes o el Gobierno central no les dejará endeudarse más este año.

Cataluña encabeza una rebelión de autonomías (Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Galicia y Madrid, todas PP, junto a Baleares) que piden al Gobierno central que les pague unos fondos de compensación, unos ingresos a los que creen tener derecho. Y la vicepresidenta Salgado les responde que ese dinero (podrían ser 5.500 millones) no les corresponde hasta 2013, así que hagan sus cuentas (y el ajuste) sin él. El tema puede acabar en los tribunales (años) y estas autonomías culpan al Gobierno de "centrifugarles" su déficit.

Polémicas aparte, el hecho es que las autonomías rebeldes y las demás tendrán que ajustar sus cuentas en 2011, porque si no volverá el baile a los mercados y las presiones contra España. Y tendrán que recortar donde gastan: en sanidad (34,26% del gasto autonómico), educación (23,52%), servicios sociales (6,88%), infraestructuras (6,88%) y fomento del empleo (3,24%). Y seguro que en personal (es un 45% del gasto en sanidad y educación), en ayudas y subvenciones. El camino ya lo estamos viendo en Cataluña, con recorte de servicios médicos, recortes del gasto en educación y de 1.000 empleos de no funcionarios. Esto es lo "fácil".

Lo bueno sería que se recortaran también gastos menos necesarios: organismos y empresas autonómicas (2.400 y han crecido con la crisis), radios y televisiones autonómicas (1.000 millones de presupuesto), embajadas y relaciones exteriores (179 "embajadas" autonómicas, que cuestan 400 millones €), altos cargos (161 millones €) y asesores (97 millones €), coches oficiales y gastos de representación, trabajos externalizados, eventos varios, sedes y edificios autonómicos...

También podrían subir impuestos, pero no está el bolsillo de los ciudadanos para eso (los indirectos y las tasas, los que vemos menos, seguro que los suben). Hay autonomías que incluso los bajan (Cataluña deja de ingresar este año 150 millones por suprimir el impuesto de sucesiones), pero la mayoría han creado 50 nuevos impuestos verdes y financieros, que sufrirán empresas (eléctricas) y bancos, en medio de un galimatías impositivo que rompe la unidad de mercado.

Tras las elecciones del 22-M, en medio de los ajustes, sería el momento de revisar el Estado autonómico, de pactar su tamaño (36% del sector público) y su financiación, de corregir servicios duplicados con el Estado y los ayuntamientos. Pero no parece que los partidos estén por la labor. Habrá que esperar a que pasen las elecciones generales de 2012. Y mientras, los ciudadanos sufriremos y pagaremos los desajustes. Votemos lo que votemos ahora.
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(*) Javier Gilsanz es periodista y bautor del blog 'Economía a lo claro'

Ilustración: Enrique Ortega