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MADRID. Hoy, 14 de abril, día de la República, vence el plazo que tiene el Banco de España para estudiar los planes de recapitalización de las cajas que deberán estar finalizados el 28 de este mismo mes y lo hace en medio de problemas, divergencias y declaraciones poco tranquilizadoras. La primera confesión corresponde al gobernador del Banco de España quien afirmaba recientemente que se actuó tarde en la crisis de las cajas, asegurando que todavía quedan reformas por hacer en el sector.

Sería una impertinencia desmentir al gobernador o negar que el FROB fue un fracaso sin rumbo ni concierto, actualmente en vías de solución. Una segunda declaración ha sido firmada por el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, quien ha augurado una segunda ronda de fusiones entre cajas, advirtiendo que algunos procesos pueden no ser viables. "En España –ha dicho- hay experiencia de fusiones financieras y no todas tuvieron éxito", al tiempo que insistía que la estadística nos indica que ahora ocurrirá lo mismo. 

En línea con el anuncio del presidente de Bankia, surge el caso CAM, al descolgarse la caja levantina del proyecto Banco Base creando un problema al Banco de España que tiene difícil pastelear una solución, hipótesis de trabajo que ha llevado al presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) a pedir que el proceso de la CAM sea abierto y transparente y que no se resuelva mediante acuerdos privados entre gobierno y terceras partes.

Las declaraciones de Miguel Martín, presidente de la patronal bancaria, pueden indicar la existencia de interés por determinados activos de la CAM por parte de entidades bancarias. Por último y por no extendernos más, aparecen las reflexiones del siempre comedido presidente del Banco Popular, Angel Ron, quien enfatizaba hace unos días que el que las cajas consigan capital privado dependía de la mejora de los gobiernos corporativos de estas entidades, a la vez que resaltaba que para recuperar la confianza era básico terminar la reforma de las cajas.

Y aquí aparece uno de los grandes muros silentes de la reforma financiera: su despolitización, sobre la que recae un mutismo memorable y sobre el que nadie parece estar pendiente. En efecto, el Real Decreto-Ley 11/2010 establece la despolitización de las asambleas y consejos de las cajas al fijar la incompatibilidad para ejercer este cargo a políticos electos o altos cargos de la administración.

Esta medida ya es de obligado cumplimiento desde que se cumpla el mandato de cuatro años, si bien el texto normativo establecía un plazo de seis meses a las comunidades autónomas para que adaptasen sus respectivas leyes de cajas de ahorros, periodo que ya ha vencido aunque el interés de expertos y analistas se centra en la consecución del capital básico exigido del 10%, aún a sabiendas de que las autoridades económicas están dispuestas a ser laxas en materia de plazos para conseguir los recursos, en la forma de calcular el capital y en la exigencia de liquidez.

Rodrigo Rato marca claramente los objetivos de su entidad –extensibles al resto- al señalar que el target pasa por vender en el mercado el 20% del capital del banco y por tanto mantener un fuerte control del proyecto. Con ese control absoluto, será de especial interés conocer la composición de los órganos de gobierno y de la asamblea y comprobar hasta donde llega la despolitización, uno de los grandes retos del sector.
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Carlos Díz Güell es director de Tendencias del Dinero