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VALENCIA. A pesar de los esfuerzos de la banca y del gobierno por cerrar la polémica sobre la dación de pago en hipotecas de vivienda, ésta se encuetra lejos de remitir. No es para menos, dado que el principal argumento para negarse siquiera a debatir la posibilidad causaría risa si no fuera por lo que está en juego. A saber, que la dación de pago pondría en riesgo la solvencia del sistema financiero. Cabría recordar si no fuera porque es una obviedad, que la solvencia del sistema financiero en España está ya en riesgo. Y no por la dación de pago, que sencillamente no existe. Por tanto, asociar ésta con la solvencia de un sistema que ha cometido todo tipo de excesos es una frivolidad.

Peor es que a pesar de la cantidad de excesos cometidos, el Gobierno no ha dudado un segundo en acudir en auxilio de las entidades articulando un costoso plan de ayuda a través del FROB. Y sin exigir ni una responsabilidad a gestores y administradores de las entidades que han provocado esa situación. Excepto los de Caja Castilla La Mancha todos los demás siguen en sus puestos, generosamente retribuidos. Por el contrario, a los ciudadanos que firmaron un crédito con una vivienda como garantía todavía no tienen ningún tipo de ayuda si entran en problemas.

Por más que el Gobierno pretenda convencer de que se preocupa de los hipotecados en dificultades, la única ayuda que han recibido fue una línea ICO para reducir la cuota de la hipoteca al 50% durante dos años, pero capitalizando el capital e intereses no pagados a las cuotas futuras. Nada comparable a las ayudas a las cajas de ahorro ni a la que pueden acogerse las empresas.

Porque en España las empresas en dificultades pueden, para pagar sus deudas, entrar en concurso de acreedores que, si es voluntario (no inducido por un acreedor), les abre un horizonte en el que poder negociar y buscar una soluciones. Incluso es posible que logre condonar parte de la deuda. Esto es algo que han hecho un buen número de inmobiliarias en los últimos años y otras empresas en dificultades.

Pero la ley no afecta a los acreedores con garantía real. De esta forma, los ciudadanos hipotecados en dificultades no cuentan con las mismas ventajas que tienen las empresas. Ni menos todavía las entidades financieras o sus gestores y administradores. Las familias hipotecadas que tienen dificultades para hacer frente a sus compromisos están por tanto claramente discriminadas.

Y es cierto que aceptaron libremente el compromiso y la adquisición de la vivienda que ahora pueden perder sin, por ello, saldar su deuda con el banco. Pero también lo es que son menos responsables que las entidades. Éstas aceptaron -e incluso indujeron- tanto como los particulares las valoraciones que ahora les permiten quedarse con las garantías y seguir exigiendo el pago del resto de la deuda. ¿Cuál es la justificación de este trato discriminatorio? Ninguna.

Sencillamente sería más justo repartir la carga de la crisis entre los clientes y las entidades. Los primeros se quedarían sin casa y sin las cuotas ya abonadas. Es decir, lo perdería todo, pero podría empezar desde cero. El banco sólo perdería la minusvaloración de la vivienda, pero se quedaría con el activo y con las cuota hipotecarias ya abonadas por el hipotecado, que en ocasiones pueden rebasar la minusvaloración de la vivienda.Otra cosa es que los directivos de bancos y cajas se estén mostrando absolutamente incapaces de dar salida a una situación que vino dada por su propia negligencia como bancarios.