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MADRID. Una de cada tres familias está pagando una hipoteca. Y con la crisis, un 20% ha tenido que retrasar sus pagos. Otros, sencillamente no han podido pagar y se han quedado sin piso: son ya casi 300.000 embargos en los tres últimos años. Y 200.000 hipotecados más están tan apurados que pueden ser desahuciados en los próximos meses. Un drama para medio millón de personas y para otro medio millón de familias que les ha avalado. En muchos casos, no sólo se quedan sin piso, sino que tienen que seguir pagando su deuda a bancos y cajas. Algunos jueces lo han puesto en duda, pero las leyes, el Gobierno y el PP están en contra, ya que encarecería las hipotecas y crearía inseguridad en los mercados de deuda. Pero algo hay que hacer para frenar los desahucios que, con el paro, los tipos al alza y los pisos a la baja, van a seguir creciendo.

En 2010 han saltado todas las alarmas: se ejecutaron 118.000 embargos de viviendas por impago de hipotecas, cuatro veces los embargos de 2007 (25.943) y el doble que en 2008 (58.686).Y ya van 278.000 embargos en los últimos tres años. Tres autonomías concentran casi la mitad de los embargos: Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía. Cara al futuro, el problema es que dos de cada tres familias dedican a pagos financieros más del 40% de sus ingresos y con el paro y la crisis, un 20% ha retrasado sus pagos en los últimos 6 meses (la mitad hasta tres veces), según la Agencia Negociadora. Con ello, se estima que unas 200.000 familias con hipotecas están muy apuradas para pagar y pueden acabar desahuciadas en los próximos meses.

Este drama es el fruto de la burbuja inmobiliaria y de la barra libre del crédito en los años noventa: "Pida, pida, que el dinero es casi gratis. Y con el piso, le damos para amueblarlo y de paso, cambia de coche". Con la crisis, las familias pierden uno o dos sueldos y no pueden pagar. Y su piso ha perdido entre un 20% y un 40% de su valor. Tal es así, que 320.000 familias deben al banco más de lo que vale su piso. Si no paga la hipoteca, la Ley obliga a subastarlo y si nadie puja, el banco se lo queda por el 50% del valor de tasación. Así que el moroso, está sin piso y tiene que seguir pagando al banco para liquidar su deuda.

En Gran Bretaña y EE UU, basta con que el hipotecado entregue el piso para cancelar su deuda (30 millones de norteamericanos han perdido así su casa desde 2007). Pero en España, la Ley Hipotecaria y el Código Civil establecen que el hipotecado tiene que saldar su deuda y si no llega con la casa, ha de responder con sueldos, bienes o avales. Pero en enero, una sentencia judicial de Navarra aceptó que la entrega del piso saldaba la hipoteca. Luego ha habido cinco sentencias en contra (también en Navarra) y otras tres a favor (Ciudad Real, Sabadell y Barcelona) y el tema está en el Supremo. Pero los afectados se han organizado y buscan 500.000 firmas para cambiar la Ley, algo que no ha conseguido una proposición de ICV-IU, rechazada por PSOE y PP, que por una vez se han puesto de acuerdo.

El argumento para no cambiar es que la normativa española ha permitido tener hipotecas más accesibles. Y que si se acepta que el piso salde la deuda, bancos y cajas darían menos hipotecas, de menos importe (50% del valor), más caras y con más exigencias (seguros y avales, con lo que no bastaría tampoco con entregar el piso). Y además, el cambio caería como una bomba en los mercados, donde los inversores tienen 524.000 millones en títulos hipotecarios, lo que agravaría los problemas de financiación de España y de bancos y cajas.

Al final, el que presta manda. Pero el Estado algo ha de hacer para frenar la carrera de desahucios. Por un lado, hay que crear organismos de mediación, en autonomías y ayuntamientos (como se ha hecho en Cataluña), para ayudar a los afectados a negociar con las entidades, que no quieren convertirse en inmobiliarias y más cuando ahora se les obliga a provisionar un 30 % los inmuebles que llevan más de dos años en su balance. Un tercio de los embargos se podrían evitar, según la Agencia Negociadora, ampliando plazos y renegociando tipos. O realizando nuevas tasaciones y que las entidades se las adjudiquen por el 100% de este valor. Para el resto, habría que buscar soluciones institucionales: mayor dinamismo en las subastas para elevar las pujas (muchas quedan desiertas o en manos de mafias, porque hay que adelantar el 30% del valor), renovar las ayudas a los parados con hipotecas (las que han estado vigentes dos años, hasta febrero, no han funcionado) y crear Agencias públicas que se hicieran cargo de las hipotecas impagadas y alquilaran el piso al propietario moroso.

El drama de los desahucios no puede dejarse en manos de los tribunales. Hay que paliar los efectos de las hipotecas basura, sobre todo entre los más débiles, los que han perdido su empleo y no tienen ingresos. Y más cuando la reforma de las cajas, la subida de tipos (revisar la hipoteca ha subido ya 636 euros al año) y la bajada de los pisos (otro 20% al menos) van a seguir disparando los embargos. No podemos dejarles en la calle.
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Javier Gilsanz es periodista y autor del blog 'Economia a lo claro'