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VALENCIA. No por predecible la proclamación como candidato a la presidencia de la Generalitat de Francisco Camps deja de ser un motivo para reflexión. Sin duda debiera serlo acerca de los innumerables aspectos vinculados a la salud de nuestra democracia en donde muchos defienden la nada democrática pretensión de que los votos sustituyan al cumplimiento de las normas legales, las sentencias judiciales o el respecto a la verdad en las declaraciones en función del cargo de Molt Honorable en sede parlamentaria. Pero también lo debe ser en relación con la grave situación de la economía valenciana ante la cual quienes están al frente de la Generalidad mantienen pasividad absoluta a pesar de contar con la capacidad de gestión, y las competencias, para impulsar decididamente, o al menos intentar, su mejora.

La completa paralización de la Generalitat en el terreno económico -y en otros ámbitos- se remonta a hace ya muchos meses. La causa, como es de sobra conocido, es la difícil situación judicial de quien debiera ser el capitán de la nave y que ha quedado convertido, fruto de sus propios errores, en un cadáver político. Lo que resulta menos explicable es que esta pasividad frente a la recesión haya dejado de ser motivo de preocupación de los agentes sociales para pasar a ser considerada un parámetro más de la realidad. El deterioro de la credibilidad de la Administración autonómica y la incapacidad de remontar el vuelo de la política valenciana son de tal calibre que convierte lo que parecería imposible en posible. Es la razón que permite mantener la percepción de que son nulas las herramientas en manos de la Generalitat para paliar las consecuencias de la crisis.

Nada más lejos de la realidad. El presupuesto que gestiona cada año Francisco Camps y su equipo ronda los 15.000 millones, que equivalen a cerca del 15% del PIB de la Comunidad Valenciana. Y ello sin tener en cuenta la nube de empresas públicas que nunca se han querido consolidar (ni el Gobierno central lo ha exigido como hubiera sido lo razonable). Aunque las principales partidas del mismo sean educación y sanidad, en modo alguno el presupuesto carece de margen de maniobra para articular políticas anticíclicas y de mejora de la competitividad. Es la parálisis del presidente debido a su dedicación a tiempo completo a defenderse de la imputación por cohecho lo que explica la inactividad más absoluta. Esa es también la razón por la que se mantienen en su cargo consellers de los que se desconoce toda iniciativa real. Si los problemas judiciales se van a prolongar en el tiempo ¿qué puede esperar la lucha contra la crisis de la economía valenciana de una Generalitat presidida por Francisco Camps?