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VALENCIA. Como era perfectamente previsible, el anuncio de Artur Mas a su salida de la reunión con el presidente del Gobierno de que cuenta con autorización para realizar nuevas emisiones de deuda, luego concretadas en el cumplimiento del pacto de estabilidad y en la renovación de las que vencen en 2011, ha provocado un nuevo resbalón del Ejecutivo.
Y es que el gobierno está demostrando una torpeza exasperante en el terreno de la economía. De poco sirve que se matice ahora la rebelión del resto de los presidentes de las comunidades autónomas o que el propio Rodríguez Zapatero, o la vicepresidenta Salgado, afirmen tajantes que no ha habido discriminación introduciendo una cadena de condicionales.
En un contexto en donde el supuesto privilegio catalán tiene efectos electorales positivos para casi todos quienes lo enarbolan y a pocos meses de las elecciones, el anuncio de Mas era un regalo difícil de rechazar. Hasta Barreda, digno sucesor del demagogo Bono, y Fernández Vara, ha participado en el "fuego a discreción" contra la torpeza gubernamental.
La falta de cooperación entre comunidades autónomas es uno de las asignaturas pendientes de la estructura del Estado de la España democrática del siglo XXI. Más de treinta años de democracia no han sido suficientes para que el sistema de financiación autonómico cumpla los principios básicos de igualdad y solidaridad que son la base del de suficiencia. De esta forma, la financiación por habitante, excluyendo la privilegiada situación de las haciendas forales, sigue siendo muy desigual y generando situaciones heterogéneas en la capacidad de financiación de las competencias que ostentan las administraciones regionales.
Esta situación, dentro de la cual la Comunidad Valenciana está en una posición claramente desfavorable desde el origen del Estado autonómico, origina necesidades de endeudamiento diferentes que se solapaban con la ausencia de corresponsabilidad fiscal hasta hace poco en que el Consell fue obligado por el Gobierno a aceptar el pacto de estabilidad para no deteriorar todavía más el crédito de la deuda de España en los mercados internacionales.
Estas constataciones, bien conocidas por los expertos, tienen poco que ver con la política de cortos vuelos que domina la esfera autonómica. Ésta está dominada tanto por la demagógica actitud victimista de sus gobiernos, sea cual sea su signo político, como por la negativa del Gobierno central a reconocer que en terrenos muy relevantes de la vida de los españoles, desde la sanidad a la cultura pasando por la educación, sus competencias son muy escasas.
La ausencia de voluntad por parte de unos y de otros para impulsar la pedagogía política de qué es y qué implica el Estado de las Autonomías lleva a estos penosos episodios que poco ayudan a mejorar la percepción ciudadana de la labor de los políticos. Cabe esperar, con todo, que no repercutan en la credibilidad de nuestras autoridades económicas ni de la economía española en los mercados financieros internacionales. Es lo último que necesitan bancos y empresas.
¿Me podrían explicar porqué Alícia Sánchez Camacho, líder del PP en Cataluña, ha salido en defensa de Artur Mas por sus gestiones realizadas en Madrid para recuperar una ínfima parte de los 22.000M de € que cada año Cataluña aporta al erario español? ¿Qué tiene de malo reclamar lo aceptado, firmado y elevado a público cuando se produce un impago? ¿Dónde está el mal en ir a pedir permiso ¡¡para endeudarse!! con el fin de poder hacer frente a los compromisos lógicos, e incluso a los surrealistas, como el de traspasar a otras comunidades, como año tras año, el 20% del PIB catalán? ¿Alguien podría decirme porqué en Cataluña siempre llevan puestas las pilas para acabar co ese expolio, y en cambio en Valencia, donde según las balanzas fiscales oficiales y finalmente publicadas, estamos siendo objeto del mismo atraco sistemático, nadie dice nada?
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