Por MANUEL ILLUECA (*). 25/01/2011 Manuel Illueca, profesor titular del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaime I e investigador asociado del IVIE afirma que se abre una etapa que "podría representar el final del modelo de cajas de ahorros tal y como lo hemos conocido"

imprimir

Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• El 'problema valenciano' en medio de la contienda catalana
  
• Asante Sana!
• El silencio educativo

VALENCIA. Hace escasamente unas horas la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha presentado el nuevo Plan de Reforzamiento del Sector Financiero, que elevaría el ratio mínimo de capital básico de nuestros bancos y cajas de ahorros (core capital) hasta el 8% de sus activos ponderados por riesgo (desde el 6% actual). Aunque aún no han trascendido detalles al respecto, los requerimientos de capital podrían ser mayores para las entidades financieras que no cotizan en bolsa. En el mes de septiembre, los bancos que no sean capaces de alcanzar por sí mismos la nueva cifra de capital exigida por el Gobierno podrán recurrir al FROB, que proporcionará financiación a cambio de acciones ordinarias con derechos políticos.

 A bote pronto, la propuesta merece en mi opinión tres comentarios fundamentales:
1) El Plan pretende acelerar la necesaria reforma de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. En las actuales condiciones de mercado, será difícil que las cajas con insuficiencia de capital capten en los mercados los recursos financieros que exige la nueva normativa, por lo que muchas de ellas tendrán que solicitar financiación al FROB. Pero el Gobierno ha señalado que únicamente los bancos podrán ser receptores de este tipo de inyecciones de capital y, por tanto, las cajas que no cumplan los nuevos requisitos se verán forzadas a convertirse en bancos comerciales. De este modo, se obliga a las cajas rescatadas a adoptar estructuras de gobierno corporativo reconocibles para los inversores financieros internacionales y se facilita el camino para que, a medio plazo, queden sometidas a la disciplina de mercado. Es difícil valorar en estos momentos cuántas cajas de ahorros se verán obligadas a recurrir al FROB, dada la indefinición que todavía existe en cuanto a los requerimientos mínimos de capital. La propia Ministra ha señalado que los detalles del plan de reestructuración serán objeto de negociación con el sector en las próximas semanas.

2) En cualquier caso, no es casual el anuncio del plan unos pocos días antes de que las cajas, a petición del propio Banco de España, proporcionen a los mercados financieros información exhaustiva sobre su exposición al sector de la construcción y promoción inmobiliaria. No es difícil imaginar que la información pondrá de manifiesto la situación de debilidad de algunas entidades, por lo que el gobierno, aprovechando la mejora reciente en sus condiciones de acceso a la financiación, anuncia el saneamiento mediante fondos públicos de las cajas de ahorros más afectadas por la crisis. En este sentido, cabe preguntarse si no habría sido mejor sanear los balances de las entidades antes de proceder a un incremento de los fondos propios, que afecta por igual a todas los bancos y cajas españoles. En principio, parecería razonable solicitar más recursos a las entidades más expuestas al ladrillo.

3) La inyección directa de fondos públicos en las cajas supone un reconocimiento implícito de que nuestro sistema bancario está sometido a una crisis de solvencia y no de liquidez. De poco han servido los continuos cambios introducidos por el Banco de España en la contabilización de las pérdidas por insolvencia y los activos adjudicados. Tras dos años de "gestión activa de la cartera de créditos" (Banco de España dixit), los activos inmobiliarios reconocidos en el balance continúan generando una gran incertidumbre en los mercados con respecto a su valoración, obligando finalmente a nuestros bancos a aumentar los fondos propios en previsión de pérdidas futuras. La ministra de Economía cifra en un máximo de 20.000 millones las necesidades de financiación adicionales de nuestro sistema financiero, aunque algunos informes independientes elevan esta cantidad hasta 50.000 millones de euros.

En definitiva, nos hallamos ante una nueva etapa en el proceso de reestructuración del sistema bancario español, que -con la notable excepción de La Caixa- podría representar el final del modelo de cajas de ahorros, tal y como lo hemos conocido hasta hoy. La cesión del negocio financiero a un banco comercial ya no será una opción, sino una obligación para buena parte de las cajas de ahorros españolas. De hecho, a partir de septiembre y en calidad de accionista, el Estado tutelará el proceso de conversión en bancos comerciales de las cajas de ahorros rescatadas.

Hasta entonces, se abre un proceso de gran incertidumbre para estas entidades, vinculada a dos aspectos fundamentales: a) el porcentaje de capital finalmente exigido a las cajas de ahorros, que podría ser superior al 8% en determinados casos, y b) la valoración de las acciones por parte del FROB que, según ha manifestado la propia ministra, adquirirá las acciones ordinarias en condiciones de mercado. Pero, en todo caso, parece que por fin el gobierno reconoce la necesidad de recapitalizar las cajas de ahorros y profundiza en las necesarias reformas de sus órganos de gobierno. Nunca es tarde si la dicha es buena.

____________________________________________

(*) Manuel Illueca es profesor titular del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I e investigador asociado del IVIE