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El proceso, voluntaria o involuntariamente, está consiguiendo favorecer el nada oculto propósito, aunque hasta hace poco minoritario, de proceder a su privatización. La oposición de la patronal de las cajas, la CECA, a los planes anunciados el viernes invita a pensar que el Gobierno se ha lanzado a intentar la solución a los problemas de solvencia y credibilidad de una parte de las entidades sin negociar con el sector. Ni con las cajas no solventes, lo cual sería lo lógico, ni con las que sí lo son, lo cual sería difícil de justificar.

Si es así, cabe deducir que lo que se va a hacer es dar un paso más en este proceso de privatización aunque éste, hoy por hoy, implique nacionalizarlas inyectando capital público para mejorar su capitalización. Porque es imposible que en estos momentos el capital privado esté dispuesto a asumir esa tarea a no ser que se le aseguren condiciones tan ventajosas que serían incompatibles con el interés general que el Gobierno debe ser el primero en salvaguardar.

A este objetivo de privatizar las cajas de ahorro siempre defendido por algunos directivos de las propias entidades parece haberse sumado el Banco de España. El cual, como se empieza a apuntar de forma cada vez más explícita, lo que está consiguiendo con su política de desplazar hacia el futuro los problemas sin articular una solución, es justamente lo contrario de lo que dice perseguir.

Así, hasta ahora lo único que se ha logrado es erosionar la credibilidad de todas las cajas y no mejorar la solvencia de ninguna. Una situación nada favorable para ninguna de las entidades pero menos todavía para el sector financiero español en su conjunto ni para la recuperación del crédito, condición necesaria aunque no suficiente para consolidar cualquier recuperación sólida de la economía.