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VALENCIA. Un nuevo elemento de sospecha se cierne sobre gestión de la cúpula de la patronal de Castellón. A su papel protagonista en la quiebra de la Sociedad de Garantías Recíprcas (SGR), por la que han sido expedientados y multados por el Banco de España, José Roca y Rafael Montero, presidente y secretario general de la patronal de Castellón (CEC), respectivamente, suman ahora una investigación judicial por presunto fraude en la gestión de fondos públicos para formación.

Esta investigación se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al no haber podido justifical la organización empresarial la realización de las acciones formativas para las que se concedieron las ayudas, que superan los 400.000 euros. La investigación se centraría pues en determinar si la patronal usó esos fondos para financiarse en lugar de para los fines por los que fueron concedidos.

Los fondos bajo sospecha se transfirieron en 2009. En ese momento, Roca ya llevaba 22 años al frente de la patronal de Castellón, puesto que acaba de revalidar este año y que le permitirá alcanzar nada menos que los 32 años al frente de esta organización empresarial.

MONTERO ERA SECRETARIO GENERAL DE CIERVAL EL AÑO DEL SUPUESTO FRAUDE 

Por su parte, Rafael Montero, mano derecha de Roca y actual secretario general de la misma organización, ocupaba en 2009 la secretaría general de la patronal autonómica Cierval. La cuestión no es baladí, pues si bien la denuncia de la fiscalía se dirige contra la CEC, los fondos bajo sospecha fueron abonados por parte de la Generalitat a Cierval, quien posteriormente los canalizó a la organización provincial.

Fuentes de Cierval explicaron este lunes que, si bien esta organizaciíon es la encargada de recibir los fondos para formación y canalizarlos hacia las organizaciones que imparten los cursos, corresponde a éstas la ejecución y justificación de los programas. El presidente de Cierval en 2009 era Rafael Ferrando, quien ya está retirado de la representación empresarial.

La CEC difundió este lunes un comunicado en el que explicó que los cursos subvencionados forman parte de un expediente del año 2009 de Formación Profesional continua que se realizaron entre 2009 y 2010, acciones que posteriormente fueron "controladas y supervisadas" por el Servef.

La organizaciíon justificó que la denuncia se centra en un asunto de carácter tributario que afectaría a las empresas que impartieron los cursos.

UNA GESTIÓN QUE CONDUJO AL RESCATE A LA SGR

El frente judicial que se le acaba de abrir a Roca no es el único que acosa al actual presidente de la CEC, ni a su secretario general. Las dos décadas en la que el empresario de la construcción ha sido también presidente de la SGR están bajo sospecha. Este mismo año, el Banco de España le abrió un expediente junto a cerca de casi medio centenar de vocales de la sociedad avalista por su papel en la quiebra de esta suerte de banco de pymes que, de momento, ya ha ocasionado a las arcas públicas valencianas un quebranto de 109 millones por avales de los que tendrá que hacer frente la Generalitat.

Tras más de dos décadas al frente de esta sociedad, que tuvo que ser rescatada en 2012 debido a su excesiva acumulación de riesgo en el sector inmobiliario, a Roca se le ha impuesto la mayor de las sanciones del consejo: 100.000 euros que posteriormente fueron rebajados a 60.000.

En el momento en el que el Banco de España destapó la situación de esta sociedad, puso como condición previa para aprobar su plan de sanemiento la salida de Roca de la presidencia.

Rafael Montero también ha formado tándem con Roca en la SGR, si bien en este caso no como primer ejecutivo de la sociedad, sino como vocal del consejo. A Montero, que fue multado con 90.000 euros posteriormente rebajados a 55.000 por incumplir la sociedad avalista los requisitos mínimos de solvencia, no se le forzó a salir de la SGR y aún permanece en el consejo.

Más allá de las multas, el verdadero quebradero de cabeza para el tándem Roca-Montero por sus años en la SGR podría no haber comenzado. A raíz del cambio de signo político en la Generalitat, que tras las inyecciones de fondos públicos controla el 40% del consejo de la SGR, el grupo parlamentario socialista ha solicitado la comparecencia en Les Corts del director del IVF, Manuel Illueca, para que desvele quién y en qué medida se benefició de los avales de la sociedad.